Por José Manuel Rivero. Abogado y analista político.
La catástrofe ambiental acontecida en el litoral de Telde en octubre de 2025 —caracterizada por la mortandad masiva de aproximadamente 2.500 toneladas de biomasa en las instalaciones de Aquanaria— trasciende el plano del mero incidente ecológico. Nos hallamos ante un supuesto de grave riesgo para la salud pública y una quiebra de la integridad de la cadena alimentaria. Este episodio, que ha proyectado una pluma contaminante sobre más de 50 kilómetros de costa forzando el cierre de hasta 15 playas, constituye la cristalización de un modelo de acuicultura industrial intensiva que, bajo una cobertura administrativa autonómica negligente, prioriza la maximización del beneficio privado mediante la socialización de sus externalidades negativas y riesgos sanitarios. Dos meses después, las evidencias acumuladas —desde denuncias internas ignoradas hasta omisiones en evaluaciones ambientales— delinean un escenario de opacidad y captura institucional, donde los beneficios económicos permanecen privatizados mientras el daño al bien común es absoluto.
La cronología de los hechos evidencia una negligencia de carácter estructural que la mercantil ha pretendido difuminar con la connivencia del poder político autonómico. Constan indicios de un conocimiento previo y cualificado del riesgo: entre agosto y septiembre de 2025, denuncias internas de trabajadores y éstos dando cuenta, además, a las autoridades competentes, según informaciones del digital “teldeactualidad.com”, ya advertían de mortandades diarias de hasta 5.000 kilos de ejemplares afectados por la bacteria Lactococcus sp. Este patógeno, recurrente durante el último trienio sin medidas correctoras eficaces, generaba restos orgánicos en descomposición avanzada y grasas que alcanzaban la playa de Melenara, con los consiguientes riesgos biológicos. Desde una perspectiva jurídica, el ocultamiento de estos episodios hasta que la crisis resultó incontenible el 3 de octubre sugiere una estrategia de opacidad reprobable. El hiato de seis días entre el avistamiento del vertido y la primera comunicación oficial, 9 octubre de 2025, de la empresa al Ayuntamiento de Telde, según información del medio “Onda Guanche” apunta, sin mencionar mortandad alguna de peces, a un intento de preconstituir una narrativa defensiva basada en el desvío de responsabilidad hacia el emisario municipal, soslayando el historial de disfunciones de sus propias instalaciones.
Este proceso de degradación encuentra su base científica en la eutrofización, el enriquecimiento excesivo de nutrientes derivado del pienso no consumido y las deyecciones de la cabaña piscícola. En un ecosistema de baja renovación hidrodinámica como Melenara, esta carga orgánica —equivalente al impacto de una población de entre 150.000 y 200.000 habitantes sin depuración— genera zonas de hipoxia que colapsan la biodiversidad bentónica. Este concepto técnico hace referencia al complejo ecosistema de organismos —desde microorganismos y moluscos hasta praderas de algas y campos de rodolitos— que habitan y dependen del lecho marino, cuya supervivencia es el cimiento de la salud del océano y de la propia cadena trófica humana. Bajo el prisma de la economía política, esto constituye un «sumidero gratuito» que el Estado concede a la industria, permitiendo que el océano absorba el coste ambiental de la producción. Esta contaminación crónica se ve agravada por una responsabilidad directa e ineludible del Gobierno de Canarias. La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA), según información del digital “canariasahora” exigió en diciembre de 2023 un nuevo estudio de impacto para la instalación de Salinetas debido a modificaciones sustanciales en su ubicación. Sin embargo, la Dirección General de Pesca, en una flagrante claudicación de su deber de tutela pública, se opuso a su propio órgano técnico, permitiendo una explotación que vulnera el PROAC (Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias). Este instrumento, que debería actuar como garante de la sostenibilidad y la ordenación racional del espacio marítimo, ha sido desnaturalizado por el Ejecutivo autonómico para servir como un mero trámite habilitador de la expansión empresarial sobre áreas de alta sensibilidad ecológica.
El impacto de estas acciones es profundo y tendría que activar múltiples mecanismos legales de investigación para depurar las responsabilidades de todo tipo que pudieran derivarse contra la mercantil concesionaria y que podrían señalar al Gobierno de Canarias como presunto cooperador necesario en la degradación del litoral canario. El artículo 325 del Código Penal tipifica los delitos contra el medio ambiente por vertidos que dañen el equilibrio natural, con penas agravadas en casos de ocultación de información. Paralelamente, la prevaricación administrativa por omisión (Art. 404 CP) deben poner en investigación a aquellos cargos públicos que, con pleno conocimiento de los informes técnicos negativos, decidieron primar el interés de la mercantil de capital privado sobre el principio de precaución. En el ámbito administrativo, la Ley 40/2015 habilita la exigencia de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de los servicios públicos de vigilancia, mientras que el propio marco del PROAC obliga a la revisión de oficio de las concesiones cuando se constata una violación de los umbrales de seguridad sanitaria y ambiental.
Más allá del daño ecosistémico, esta crisis representa una amenaza directa a la salud pública que el Gobierno de Canarias ha intentado minimizar irresponsablemente. La posible introducción en la cadena alimentaria de pescado cultivado en un entorno de degradación bacteriana expone a los consumidores a riesgos zoonóticos y potenciales brotes tóxicos. La proximidad de las jaulas a zonas de baño incrementa, además, las exposiciones indirectas a patógenos, subrayando la urgencia de evaluaciones sanitarias integrales que la administración puede haber eludido sistemáticamente. En definitiva, este desastre ilustra la función del sistema cuando es capturado por intereses particulares: blindar la rentabilidad privada mediante omisiones que podrían ser delictivas. Ante la gravedad de los hechos y la evidente parálisis de los órganos de control autonómicos, resulta imperativa la inmediata constitución de una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias. Es inaplazable que el poder legislativo audite este entramado de intereses, depure las responsabilidades políticas del Ejecutivo y garantice que el interés general prevalezca. También, mediante la acción firme de la Fiscalía, las inspecciones independientes y una transición hacia modelos productivos sostenibles se podrá restaurar la primacía del interés general sobre la impunidad de las corporaciones privadas y la de una burocracia administrativa al servicio del capital privado.