El Juzgado de Instrucción número 3 de Arona ha abierto diligencias previas y ha remitido a la Fiscalía la denuncia de los colectivos ecologistas y sociales contra las irregularidades del macro proyecto urbanístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje.
Desde el Tagoror Permanente Cuna del Alma, consideran que la justicia está dando la razón a la ciudadanía, mientras el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias quedan en entredicho por su complicidad con los intereses del promotor.
«Mientras Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias han actuado como cómplices silenciosos de los intereses privados, la justicia reconoce ahora la gravedad de las irregularidades urbanísticas, medioambientales y patrimoniales señaladas, lo que pone de manifiesto la apertura de diligencias, que deberán ser ampliadas con los nuevos hechos puestos hoy a disposición del Juzgado», afirman los miembros del Tagoror Permanente.
Los colectivos denunciantes subrayan que la movilización ciudadana está siendo determinante para que el caso avance, y llaman a reforzarla en la gran manifestación que se convoca para el próximo 29 de agosto en El Puertito de Adeje, donde Canarias debe gritar fuerte exigiendo detener de una vez por todas este atentado urbanístico, medioambiental e histórico que es el macroproyecto Cuna del Alma.
El pasado 24 de julio fue presentada la denuncia contra el ayuntamiento de Arona y los promotores empresariales de la urbanización Cuna del Alma y el 21 de agosto aportaron nuevas pruebas y documentos inéditos que refuerzan la gravedad del caso.
Los denunciantes destacan tres cuestiones fundamentales en el caso de Cuna del Alma:
En primer lugar consideran que la Junta de Compensación es nula de pleno derecho, de lo que dan cuenta nuevas actas y documentos oficiales, que prueban que la denominada Junta de Compensación de El Puertito de Adeje realizó actuaciones, firmó contratos, convocó asambleas e inició procedimientos expropiatorios antes de contar con la aprobación legal preceptiva del Pleno Municipal, lo que invalida todos sus actos posteriores y pone en entredicho la base jurídica del proyecto entero.
Por otra parte afirman que el acoso continuado a la familia Galindo, por ser propietaria de una parte de la histórica nave de empaquetado de tomates, y mostrarse disconformes con los procedimientos de la Junta. La no aceptación de los intereses de la promotora y del Ayuntamiento de Adeje han llevado a la familia Galindo a sufrir presiones y coacciones para forzar su sumisión al proyecto y la entrega de llaves, a pesar de que hasta el Cabildo de Tenerife ha reconocido expresamente en informes oficiales que la nave es un bien catalogado como Patrimonio Industrial cuya demolición está prohibida. La familia resiste sola frente a un entorno hostil desde hace años, en una situación de vulnerabilidad y desprotección que suponen un claro abuso de poder y está mermando considerablemente la salud del padre, octogenario, como la del resto de la familia.
Y en tercer lugar por la realización de obras ilegales en Zona de Servidumbre de Protección, donde las excavadoras del proyecto han actuado y tienen la pretensión de seguir, sin disponer de autorización de la Dirección General de Costas desde hace más de un año, una infracción gravísima que puede constituir delito contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, con el consentimiento de Ayuntamiento y Cabildo que sigue sin actuar, cuando son los encargados de la protección del medioambiente, la biodiversidad y el patrimonio.