
El asesinato de Hayate a manos de su exmarido el pasado 8 de enero volvió a conmocionar a Canarias. En poco más de una semana de 2023, ya ascienden a cuatro las mujeres víctimas mortales de la violencia machista que sigue constituyendo una lacra social de gran profundidad.
Más de un centenar de personas se concentraron este 10 de enero en la Plaza de la Candelaria de la capital chicharrera para manifestar su repulsa a este crimen machista sucedido en Tenerife y asegurar que seguirán ocupando las calles para exigir respuestas por parte de las instituciones públicas responsables de garantizar la seguridad de las mujeres.
El drama es doble cuando se conoce que la víctima había denunciado al asesino dos semanas antes del trágico desenlace. Habiendo sido puesto a disposición judicial, la decisión final de Hayate de no interponer denuncia formal contra el agresor derivó en que las instituciones permitieran al maltratador seguir en libertad, sin ningún tipo de medida cautelar.
Las concentradas en Santa Cruz de Tenerife manifestaron su pesar ante la falta de respuesta de las administraciones, que a pesar de las políticas de igualdad implementadas desde hace décadas, no están siendo capaces de contener la violencia machista que sigue cobrándose la vida de cientos de mujeres anualmente en el Estado.
El Foro Contra la Violencia de Género de Tenerife, principal convocante de esta concentración, quiso poner el acento en su manifiesto sobre la importancia de la prevención para evitar la consecuencia última en la escalada de la violencia machista que supone el asesinato. Atacar la violencia desde su origen, impulsar políticas educativas integrales y transversales a todos los niveles y desarrollar una asignatura de educación afectivo-sexual que permita un cambio de mentalidad necesario para afrontar de forma distinta las relaciones entre hombres y mujeres.
Entienden desde la organización que las políticas de igualdad desplegadas no están teniendo la evaluación que corresponde de parte de las administraciones, puesto que «el sistema no está funcionando». En este sentido, además de perfeccionar las políticas ya existentes y reforzar el ámbito de prevención, resulta esencial aumentar la financiación para su desarrollo. La dotación de recursos públicos suficientes es fundamental para dar a las instituciones capacidad de respuesta, más allá de la ley.
