Escucha la retransmisión de la concentración en Radio San Borondón
Este miércoles, 5 de enero, tuvo lugar una concentración a las puertas de la sede tinerfeña del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) para exigir al Gobierno de Canarias que defienda la titularidad pública en la gestión del banco de sangre del Archipiélago. Trabajadores y ciudadanos se unieron en una cadena humana para evitar que la sangre se convierta en un negocio millonario para beneficiarios privados.
Su exclusión del presupuesto autonómico hace pensar a los trabajadores del ICHH que el Ejecutivo está promoviendo la privatización parcial del servicio gestor del banco de sangre. Casi 200 trabajadores se encuentran empleados en esta institución y son ellos quienes, después de conseguir la estabilidad laboral de 136 compañeros, están señalando la maniobra del gobierno canario para abrir el mercado del plasma derivado en las Islas.
“Queremos que esta institución se nutra de los presupuestos públicos y no del comercio de la sangre”, señalaba Daniel Quintero, enfermero del ICHH y portavoz del comité de empresa. El 90% de los hemoderivados de la comunidad autónoma tienen como destinatarios a los usuarios del Servicio Canario de Salud (SCS). “No entendemos que se vaya a hacer una empresa para que realmente sea el SCS el que lo costee: el donante lo da gratis, el Gobierno de Canarias crea una empresa para hacer un movimiento de dinero que puede oscilar entre los 17 y los 23 millones de euros para gestionarlo”, explica.
“Nos sentimos engañados: nos han pedido que no dijéramos a la ciudadanía lo que estaba pasando”, indica. Según relata Quintero, existía un acuerdo con la Consejería de Sanidad para garantizar la titularidad pública del ICHH que entienden vulnerado con su exclusión de los presupuestos de la CAC para 2023 y, en concreto, con la enmienda 994, que parece orientada a retirar su condición como personal laboral de la comunidad autónoma.
Aseguran que las vías del diálogo están rotas con el gobierno canario: “las buenas palabras del gobierno del Pacto de las Flores han caído en saco roto”, señala Daniel Quintero. A pesar de que en sus rondas parlamentarias, a las que no accedió a participar Nueva Canarias, todas las formaciones políticas prometieron brindarles apoyo, los partidos del gobierno no están actuando conforme a las reivindicaciones que ponen sobre la mesa desde el ICHH.
“Creemos que lo que se dona altruistamente tiene que ser público y de todos”, argumenta Quintero, pues entienden que la función cubierta por el ICHH no es la de dar un servicio comercializable, sino cubrir una necesidad que existe y es básica dentro del sistema sanitario público.
Los trabajadores del ICHH prometen continuar su lucha hasta tener garantizada la titularidad pública del organismo autónomo con la financiación correspondiente a través de los presupuestos autonómicos. Mientras tanto, animan a la población a informarse sobre esta cuestión y mostrar su apoyo a la lucha por un banco de sangre público en Canarias.