La organización sindical denuncia que casi la mitad de los fondos para conciertos en las islas sortearon los controles legales de contratación pública.
El sindicato Intersindical Canaria ha exigido de forma pública un ejercicio de transparencia absoluta respecto al destino, la cuantía y los resultados asistenciales de los fondos públicos que el Gobierno de Canarias desvía hacia la sanidad privada. La organización denuncia que el Ejecutivo regional insiste en abonar de forma sistemática a empresas privadas gastos que han sido declarados en nulidad debido a la ausencia de los controles legales preceptivos, una irregularidad que también ha sido constatada por la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Tomando como referencia el ejercicio económico de 2024, el sindicato señala que esta práctica afectó a cerca del 47% de los conciertos y derivaciones del archipiélago, lo que representa un importe total de 574 millones de euros. Según el colectivo, este volumen de contratación se ejecutó sin garantizar los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que por ley deben regir la contratación en el sector público. Ante este escenario, la federación considera imprescindible que la ciudadanía conozca qué empresas reciben estos fondos, qué servicios específicos se contratan y qué resultados de salud reales se obtienen con dicha inversión.
Tanto Intersindical Canaria Salud como la Confederación Intersindical Sanidad han manifestado su firme oposición a esta política de externalización y derivación de pacientes. Los representantes de los trabajadores argumentan que los recursos públicos dirigidos a garantizar el derecho a la salud deben priorizar el fortalecimiento de la red pública en todo el territorio. En este sentido, instan a evaluar el coste que supondría asumir esos mismos servicios mediante la mejora de las infraestructuras propias, el equipamiento de los centros públicos y la creación de puestos estructurales estables para personal sanitario y no sanitario. El sindicato concluye que solo una financiación suficiente y una plantilla consolidada permitirán reducir las listas de espera de forma sostenible y garantizar condiciones laborales dignas.