Escucha la entrevista completa con Guillermo de la Barreda.
La elección de Elizabeth Hernández como nueva directora del Servicio Canario de Salud (SCS) no supone un avance en la solución del problema sanitario, según el portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública Canaria. Apunta que Conrado Domínguez además de continuar dentro del SCS, podría haber recibido una indemnización de más de 50.000€.
Señala Guillermo de la Barreda que la sustitución de Conrado Domínguez llegó “tarde y mal” y además se hace para poner al frente del SCS a una integrante del equipo que encabezaba el propio Domínguez. Además, asegura de la Barreda que Hernández participó en el expediente fraudulento del denominado ‘caso mascarillas’.
La nueva directora del SCS lleva desde 2003 ocupando puestos de responsabilidad en este organismo, por lo que de la Barreda no ve cambios significativos en el rumbo que tomará la sanidad en Canarias. “Si quieres solucionar el problema sanitario, lo primero que hay que hacer claramente es sacar a un equipo que ha demostrado ineptitud durante todos estos años”, expresa.
Explica el doctor que la que será mano derecha en el SCS de Elizabeth Hernández, Rita Tristancho, “es una señora que siempre ha sido del PP y estaba de coordinadora de Calidad e Innovación con Conrado”. Tristancho pasará a ocupar el cargo que anteriormente ostentaba Hernández en la Dirección de Programas Asistenciales. Además, resulta sospechoso a ojos del doctor que el cónyuge de Tristancho sea el jefe de conciertos con el SCS.
Una de las cuestiones más graves que apunta Guillermo de la Barreda sería la permanencia del propio Conrado Domínguez en un puesto de responsabilidad dentro del SCS. A pesar de su destitución o cese como director, Domínguez habría pasado a coordinar Calidad e Innovación –el puesto anterior de Tristancho- en lo que sería una triangulación de los roles donde cambia el orden de los factores para obtener el mismo producto. “Mismos perros con distintos collares”, destaca de la Barreda.
Asimismo, el portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública Canaria se muestra indignado ante la posibilidad de que, tal como indican algunas fuentes, se haya aprobado una indemnización a Conrado Domínguez superior a 50.000€.
Considera que, de confirmarse este hecho, sería “una tomadura de pelo a la ciudadanía” y recuerda que el ‘caso mascarillas’ es solo uno de los 23 que se están investigando por las presuntas irregularidades cometidas. “¿Estos señores son tontos, tienen algo que ocultar o es que han perdido los papeles y están tan nerviosos que no saben por dónde salir?”, se pregunta Guillermo de la Barreda.
*Imagen de encabezado: Diario de Avisos