No cejan los lobbies del gas en su intento de imponernos un combustible caduco y contaminante aún a costa de retrasar la penetración de las energías renovables.
Obviamente, les importa un comino el calentamiento global y sus peligrosas consecuencias. Hay que producir gas, hay que vender gas y no se puede frenar esta espiral porque limitaría su capacidad de control estratégico sobre la política y la economía y mermaría considerablemente sus multimillonarias ganancias. Y detrás acaudaladas y torticeras campañas para hacernos creer que es un combustible fósil menos contaminante y más limpio a costa de conducir al planeta a su devastación climática.
El pasado año el precio de la electricidad no dejó de subir de manera alarmante en España y en la mayoría de los países europeos. Son muchos los factores que influyen en esta alza de precios. En España y en algunos otros estados juega un papel importante un conjunto de impuestos que se cargan en el recibo de la luz y también los derechos de emisiones, pero el motivo fundamental radica en un sistema mayoritario marginalista que obliga a pagar la electricidad al precio que marca la generación más cara.
Pues bien, la causa principal de ese constante aumento del precio de la electricidad en el último año se debe a que el petróleo y el carbón se han encarecido, pero especialmente a que el gas ha aumentado su precio en un 340% y no ha servido para nada que las renovables fueran las energías más baratas en España y en el mundo en el 2020 y que en ese mismo año el 44% de la energía consumida en España fuera renovable.
Pero es más, la inseguridad del suministro de gas en Europa es cada vez mayor por razones geoestratégicas. En España el conflicto último entre Argelia y Marruecos a causa del Sáhara ha dificultado la llegada del gas argelino a la península a través del país alauita. La mayoría de los países suministradores están inmersos de manera continuada en inestabilidades y conflictos.
La batalla parecía ganada. Salvo los sectores negacionistas más reaccionarios –que siguen invirtiendo cifras multimillonarias para deslegitimar la evidencia científica del calentamiento global- ya casi nadie dudaba de la necesidad de frenar el aumento de 2 grados de la temperatura en el planeta y sus peligrosas consecuencias. El consenso era también muy amplio en la comunidad internacional sobre el objetivo imprescindible de reducir a la mitad las emisiones de CO2 en los próximos 30 años y la descarbonización plena en el 2050.
Pero la Unión Europea ha dado un paso atrás gravísimo en los últimos días al anunciar que va a proponer incluir a la energía nuclear y al gas natural en su catálogo de actividades verdes. No cabe la menor duda de que es una decisión fruto del poder de los lobbies sobre las fuerzas conservadoras que dominan el espectro político, junto al juego de poderes entre los países más potentes del continente que libran una batalla por mantener sus estatus en torno a las nucleares, el gas, el hidrógeno o las renovables.
Este giro de la política energética y ambiental se debe también, con absoluta certeza, a la incapacidad de los gobiernos para afrontar una transición energética real y contundente liberados del yugo de las grandes energéticas y corporaciones trasnacionales. Los pasos para hacer posible la democratización de la energía a través del ahorro y la eficiencia, el autoconsumo, las comunidades energéticas o las instalaciones públicas han sido imprecisos, vacilantes, cuando no nulos o muy limitados. Lo cierto es que esta decisión frenaría de manera brutal la inversión en energías limpias porque se abren otras posibilidades inversoras en un sistema bastante cautivo de los grandes fondos, cuyo único credo es la obtención del máximo beneficio aunque sea a costa de la salud del planeta. Conseguiría, de la misma manera, desviar las ayudas públicas al gas y a las nucleares y disminuir, por tanto, las destinadas a las renovables.
Si bien es verdad que muchos países han mostrado su rechazo a esta medida (algunos como Austria han amenazado con llevar la decisión final a los tribunales), la realidad es que España mantiene una posición de calculada ambigüedad. Desde luego, bastante menos beligerante que las de Alemania o Austria. La Ministra Teresa Ribera ha abogado porque la UE no califique como verde al gas y a la energía nuclear sino que las sitúe en una categoría intermedia, como “ámbar”. En esa línea ya estaba trabajando el Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que acaba de someter a información pública una orden por la que pretende dar vía libra a la penetración del gas –también para Canarias y Ceuta- en sustitución del fuel y como elemento de transición (la eterna matraca), aunque en el caso de nuestro archipiélago la legislación impide nuevas inversiones que lleven sobrecoste.
Obviamente el gas no puede ser –y menos en Canarias- ni verde ni ámbar. Lo ha dicho por activa y por pasiva hasta la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. También lo ha dicho el Gobierno de Canarias en este mandato y lo sigue defendiendo el Cabildo de Gran Canaria. No habrá regasificadoras en las islas bajo ningún concepto. En la misma línea se ha pronunciado igualmente Endesa, la empresa propiedad del Estado italiano, a quien no convence una inversión gasista para una transición a las renovables que podría ser casi un salto, inmediata. Otra cosa es el gas líquido como combustible para los buques en nuestros puertos.
El propio Banco Europeo de Inversiones anuló en octubre de 2019, ante una denuncia del Cabildo de Gran Canaria y de la Asociación de Empresarios de El Goro, la financiación destinada a Redexis para hacer posible la penetración del gas ciudad en las islas.
Invertir en Canarias en infraestructuras gasistas de alto coste (regasificadoras, gaseoductos, etc…) sería dar la puntilla a la penetración de las renovables. Su única significación sería parar el proceso de introducción de las energías limpias. El Ministerio debería asumir de una vez por todas que la penetración masiva de las renovables pasa por la búsqueda de almacenamientos como el del Salto de Chira y otros sistemas complementarios, por el autoconsumo masivo sin las trabas burocráticas que hoy lo limitan y ralentizan y sin las ayudas suficientes, por desarrollar de una vez por todas la legislación que permita avanzar con las comunidades energéticas, por ordenar el espacio marino para la eólica en el mar y por flexibilizar la generación con plantas de menor envergadura y distribuidas por el territorio.
Sobre todo esto también tendrían mucho que reflexionar los nuevos neonegacionistas “verdes” quienes, con elucubraciones e intereses ajenos a la lucha contra el cambio climático, de diversas maneras están poniendo trabas a las energías limpias impidiendo así su penetración. Lo he afirmado en distintas ocasiones, la demanda de una absurda moratoria desde algunas organizaciones ecologistas no hace sino dar alas a los lobbies de los hidrocarburos, a las petroleras, y frenar un cambio de modelo absolutamente imprescindible. Eso no quita que exijamos rigurosidad en la ordenación de los espacios, en la aplicación de todos los mecanismos de protección medioambiental, en la protección de la biodiversidad…
Joan Herrera, ex director del IDAE y ex diputado de Izquierda Verde IU-ICV, escribió en La Vanguardia el pasado 13 de mayo de 2020 un artículo titulado “Renovables: avanzar, condicionar, nunca paralizar”, donde afirma que “paralizar los proyectos de energías renovables es dar un aval a los ciclos combinados, a una mayor contaminación, al bloqueo de la electrificación de la movilidad y al continuismo de las nucleares”. Miren si tenía o no razón en sus advertencias.
Cité en su día al filósofo Ramón del Castillo “la derecha está cada día más encantada con una izquierda que transige con la ecología espiritualista, porque así ella puede reivindicar la ecología realista”. Como plantea el radical activista y teórico sueco Andreas Malm, la única solución posible para el cambio climático pasa por reducir el combustible fósil, no tanto por llevar bolsas de tela al supermercado.
Y termino haciendo referencia, a modo de reflexión, a un articulo publicado días atrás en El País por el Profesor Oriol Bartomeus ( El peligro del ecologismo bobo). El texto finaliza así: “La lucha contra la emergencia climática entra en un terreno peligroso. Su implementación no es neutra ni el consenso alrededor de su necesidad es unánime y será eterno. Su saldo empieza a contar con algunos damnificados, que deben ser tomados en consideración. Si la derecha reaccionaria se sale con la suya y consigue volver a amplios sectores sociales contra las políticas medioambientales, va a ser prácticamente imposible frenar el calentamiento global y cada vez más serán más frecuentes las cumbres de tristes finales y compromisos vagos”. Es para hacérnoslo mirar.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria