Con anterioridad a una comunicación del Presidente del Cabildo que informa de la “suspensión de sus servicios”
En una nota pública, Francisco José Rodríguez Pulido, exponía sus motivos para abandonar el grupo de expertos del PEINPAL, fundamentalmente razonadas en la inoperatividad del grupo y el rechazo frontal que sus propuestas argumentadas y razonadas de los datos de concentración de CO2 en Puerto Naos y La Bombilla, además de vías resolutivas de mitigación. Siempre ha estado en una posición crítica e inmovilista de los representantes de la ciencia oficial.
Francisco R Pulido considera que la gestión de la emergencia ha sido una “estafa”, tanto científica como políticamente; ya que, en más de dos años, se ha basado fundamentalmente en una monitorización, con la instalación de balizas, nodos y sensores, además de un concepto de la emergencia excluyente y discriminatorio. Y, sobre todo, la “estafa” se explica porque las emisiones de CO2 no han variado significativamente en estos dos años, ni se sabe el horizonte de su duración.
El trabajo del grupo de expertos se ha basado en la presentación de informes. Únicamente, el IGN e INVOLCAN presentan informes, sobre todo de las balizas exteriores y del proyecto Alerta CO2. El análisis de estos datos y las investigaciones de Francisco R Pulido ha demostrado que las emisiones de CO2, aunque existen, como en muchos lugares del mundo, e incluso en todo el edificio volcánico de Cumbre Vieja, no representan ningún problema para la salud; ya que el problema está localizado e identificado en zonas concretas de confinamiento del CO2 en algunos garajes y en zonas deprimidas.
El abandono, como miembro del grupo, también es consecuencia de la desidia y la humillación que han sufrido vecinos de Puerto Naos y La Bombilla, con multa inexplicables, entre otras cuestiones. Y una toma de decisiones del presidente del PEINPAL que ha llenado Puerto Naos de vallas, sensores injustificados cada diez metros, o limitaciones ilegales de acceso y disfrute de la playa.
En este contexto, la dirección general de Salud Pública del Gobierno de Canarias lleva más de cinco meses sin asistir al grupo de expertos, y sin emitir informe alguno. Y el IGME no hace absolutamente nada productivo. Sin embargo, esconde información sobre las temperaturas de las coladas o la geomorfología de estas.
El secretario y representante del Cabildo Insular, director técnico el CECOPIN, nunca ha presentado actas. Y de manera injustificada presenta informes que nunca se han debatido en el seno del grupo de expertos. Estaría ante un presumible delito de prevaricación.
Este día 2 de abril Francisco R Pulido ha recibido una comunicación por el presidente del Cabildo “prescinde de sus servicios como experto”. De manera inmediata la respuesta a dicha comunicación ha sido la presentación de una instancia mediante sede electrónica al presidente del Cabildo. En la misma, se han formulado las siguientes solicitudes:
1. Dado que nunca ha habido comunicación del nombramiento como invitado en el grupo de expertos, carece de base jurídica la suspensión de su participación en el grupo de expertos, Razón por la cual, debe restituir su condición de miembro del grupo de expertos. O en caso contrario, aporte la comunicación del nombramiento.
2. En cualquier caso, mediante nota pública, Francisco R Pulido ha expresado claramente que abandona el grupo. Por tanto, no existe ninguna suspensión, término que usa el presidente del Cabildo, ni expulsión.
3. En la comunicación el presidente menciona que ha habido “advertencias”. Sin embargo, nohay ninguna constancia, escrita, documental o en otros soportes de las existencias de dichas “advertencias”, dirigidas a Francisco R Pulido.
4. En la comunicación del presidente dice, “(…) de manera reiterada se han producido desavenencias y conflictos internos que han trascendido al ámbito público con los representantes de las entidades científicas oficiales (IGN, IGME, INVOLCAN) (…). Sin embargo, Francisco R Pulido le recuerda al presidente que hace unas manifestaciones que vulneran los principios constitucionales; en concreto, el artículo 20 de la C.E., donde se reconoce los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
5. Además, le recuerda al presidente que, en el seno de los debates, y siendo propios de las metodologías de la ciencia, es normal las discrepancias y opiniones contrarias. No hay precepto legislativo que prohíba o limite expresar esas discrepancias a través de medios y redes sociales.
6. El presidente alude al incumplimiento de una declaración jurada. Sin embargo, además de no presentar razones objetivas de dicho incumplimiento, no hay constancias de que los demás miembros del grupo de expertos hayan firmado ese compromiso.
7. Francisco José Rodríguez Pulido nunca ha tenido otro fin que aportar información para el asesoramiento del PEINPAL, y es el único fin que ha tenido el hacerlos públicamente. Además, como asimismo firmó en la declaración jurada, consideraba el derecho a difundir sus propios datos e investigaciones. No obstante, miembros de instituciones, como INVOLCAN e IGME, han hecho comunicaciones presentadas en congresos con datos de la emergencia.
A pesar de esta aparente “suspensión de servicios”, lo real y fundamental es que Francisco R Pulido nunca dejará de seguir prestando sus datos, sus investigaciones y su conocimiento a quienes se debe única y exclusivamente, que son los vecinos del Valle de Aridane. Ellos, las personas afectadas del volcán son el motivo de mis legítimas reivindicaciones. A ellos, mi profundo agradecimiento, en especial a la plataforma ciudadana JARACO, quien confía y sigue confiando en “mis servicios” altruistas.
Finalmente, Francisco R Pulido le solicita al presidente que responda, en el plazo máximo que la legislación, a la existencia o no de actas firmadas por el secretario del grupo de expertos, y representante del Cabildo Insular. En los hechos, nunca ha elaborado actas.
Por todo ello, Francisco R Pulido informa que, agotadas todas las vías administrativas, se reserva el derecho a iniciar acciones judiciales contra el presidente, tanto de tipo administrativo como penal.
En Los Llanos de Aridane, a 3 de abril de 2024.