El pasado 7 de marzo el precio de la luz pulverizaba todos los récords históricos y alcanzaba un pico de 700 euros el megavatio hora (MWh) a media tarde.
Era la consecuencia de la subida del precio del gas por el aumento de la demanda tras las peores fases de la pandemia y por su escasez tras la guerra que ha iniciado Rusia en Ucrania, así como por una nefasta regulación del mercado energético que implica que toda la generación de electricidad se pague al precio de la fuente más cara, en este caso el gas.
Es la parte más visible de una crisis energética que también afecta a los combustibles. La gasolina se ha encarecido cerca de un 30% respecto al mismo periodo de 2021, el gasóleo casi un 35% y el gas un 60% (en algunos periodos hasta un 300%), lo que está poniendo en serio riesgo la viabilidad de muchas empresas, en especial agrícolas, ganaderas y de transportes. Estos sectores han iniciado protestas en casi todas las ciudades españolas, generando riesgos de desabastecimiento en muchos lugares.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado subsidios para estas actividades económicas, y ha conseguido que la Unión Europea le dé un tratamiento específico a España y Portugal que permita fijar un precio tope en el mercado energético, aunque todavía falta tiempo para comprobar el efecto de estas medidas sobre los precios.
A pesar de que la inestabilidad económica producida por la inflación y la Guerra de Ucrania no podían preverse, lo cierto es que la crisis energética sí se podía presentir. Llevamos al menos dos décadas avisando: tenemos una gran dependencia energética de lugares inseguros y de sistemas políticos carentes de democracia, el sistema de fijación de precios es una entrega a los lobbies energéticos y las privatizaciones de compañías energéticas un robo a los estados y a la ciudadanía que nos despoja de poder intervenir de manera democrática en un bien tan esencial como es la energía.
Pero, además, en medio de una crisis climática, seguimos dependiendo de los combustibles responsables del cambio climático, destruyendo nuestro entorno y afectando a la salud de la población. Pese a ello, no han dejado en ningún momento de querer imponer el gas en Canarias, con regasificadoras, gasoductos, la introducción del gas ciudad… Desde el Sureste hace muchos años y desde el Cabildo de Gran Canaria más recientemente nos opusimos frontalmente al gas, lo que nos costó no pocas descalificaciones y ataques. A la vista está que teníamos razón.
Aún así, el Gobierno de España, a pesar de los problemas gravísimos que tenemos con el gas, y aprovechando el Decreto-Ley 6/2022 de 29 de marzo por el que se adoptan medidas para paliar el impacto en la economía de la guerra provocada por Rusia al invadir Ucrania, vuelve a insistir en abrir paso a la instalación de regasificadoras en Canarias, sin las preceptivas autorizaciones administrativas. Un intento de meternos un gol por toda la escuadra. Arbitrariamente, por la puerta de atrás, a través de un decreto que no tiene nada que ver con lo que se pretende imponer. Se nos intenta introducir regasificadoras, gasoductos y gas ciudad y que utilicemos el combustible más caro y el más inseguro en su suministro. Obviamente, no lo vamos a permitir. Nos opondremos radicalmente. Una cosa es un mínimo de combustibles fósiles como respaldo y otra el que se nos imponga una super infraestructura gasista.
Más allá de las medidas transitorias que el Gobierno adopte y que en algunos casos ya estamos implementando desde el Cabildo de Gran Canaria ( potenciando el autoconsumo y propiciando el almacenamiento y la garantía de suministro con el Salto de Chira), no cabe otra opción en estos momentos, para combatir el alza de los precios, que gravar los “beneficios caídos del cielo” que están obteniendo las grandes eléctricas, crear organismos públicos de gestión -como ha hecho el Cabildo de Gran Canaria con el Consejo Insular de la Energía, o el Ayuntamiento de Barcelona con la creación de una empresa municipal de energía- para ayudar a la penetración de las renovables y crear parques públicos, y combatir el mercado marginalista que asigna a todas las formas de generación el precio de la más cara.
Pero a corto y medio plazo hay que acelerar las renovables: vencer los neonegacionismos absurdos, combatir el obstruccionismo que a veces nos encontramos dentro de la propia administración, acabar con la burocracia que obliga a retrasar la instalación de un parque al menos seis años, planificar la eólica marina, eliminar las trabas y facilitar el autoconsumo y subvencionar decididamente su implantación en los hogares, las pymes, las zonas comerciales e industriales… También potenciar el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas y, desde luego, la eficiencia y el ahorro. Es la mejor manera de incrementar las energías limpias, abaratar los costes y romper nuestra dependencia del exterior y de los combustibles fósiles. Y Gran Canaria parte con una enorme ventaja para hacer posible todo esto: tenemos en el Salto de Chira la gran pila de almacenamiento para la penetración masiva de las renovables.
Desde las administraciones públicas tenemos que hacer autocrítica y escuchar también lo que vienen reclamando, desde hace tiempo, los pequeños y medianos empresarios del sector renovable. No podemos estar seis años para poner en marcha una planta eólica o fotovoltaica, no en estos momentos, y no se puede dar una línea de conexión a la red a un promotor público o privado a 10 o 20 kilómetros. Porque esta decisión carece de ningún tipo de control y lo decide una parte interesada. Eso es hacer inviable cualquier planta eólica o fotovoltaica.
Las crisis económica, energética y bélica no solo han producido un encarecimiento de la generación de electricidad y de los combustibles, sino también un incremento de los precios de los productos y del transporte. La huelga de los transportistas está provocando desabastecimiento de alimentos para las personas y el ganado, aumentando aún más los precios de los insumos, lo que hace inviable la ganadería local.
De la mano de la soberanía energética también hay que avanzar en la soberanía alimentaria. No podemos importar prácticamente la totalidad de lo que comemos. Debemos producir de manera local y sostenible una parte importante de nuestra alimentación, lo que además genera empleo en las zonas rurales y nos ayuda a conservar el medio ambiente y luchar contra los incendios y la desertización.
Para ello hay que incentivar el consumo de productos locales, valorizándolo y dándolo a conocer con iniciativas integrales como “Gran Canaria Me Gusta”, sensibilizar a la población y ayudar al sector (como con la línea de subvenciones de 2.000.000 de euros al sector ganadero que impulsa el Cabildo en estos días). En estos momentos es importante reconvertir el sector del tomate de exportación, que ha dejado de ser rentable pero cuya experiencia puede ser fundamental para cultivar otros productos más centrados en el mercado local y con mayor demanda para exportar. Es evidente que también hay que revisar las ayudas a lo que viene de fuera (el Régimen Especial de Abastecimiento) y compite directamente con lo nuestro y fomentar que las multinacionales y grandes cadenas de supermercados comercialicen el producto local.
Por último hay que avanzar igualmente en la seguridad hídrica apoyada en las renovables y en la gestión eficiente e integral del binomio agua-energía, aumentando la reutilización del agua para llegar a todos los rincones de la isla y abaratar el precio del agua. Es el requisito fundamental para que se pueda desarrollar el sector primario con garantías así como el resto de iniciativas económicas en el interior de Gran Canaria.
Esto no es ni más ni menos que lo que estamos haciendo con el proyecto que hemos denominado “ecoísla” y por el que hemos recibido ataques y por el que en ocasiones hasta nos han intentado ridiculizar. Se trata de transformar nuestro modelo de desarrollo dependiente del exterior por otro autocentrado, basado en la triple soberanía de la que ya he hablado y que diversifique nuestra economía apoyándose en sectores innovadores como el cine, la animación, la digitalización, la innovación, la investigación, las economías verde, azul y circular…
Dice el refrán que “solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”… espero que lo tengan en cuenta los organismos competentes, porque está tronando demasiado. Es imprescindible intensificar las soberanías energética y alimentaria, destinar inversión pública, desburocratizar nuestras administraciones y recuperar el papel de las instituciones públicas en los sectores estratégicos. Si no lo hacemos las consecuencias para nuestro bienestar, para el planeta y para la propia democracia pueden ser catastróficas.