hay que reestablecer el relato político y jurídico de la continuidad de los crímenes de guerra y de la dictadura con los cometidos en el periodo posterior
Asuntos tan importantes como la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo, la devolución de las propiedades que fueron usurpadas por la dictadura y por la Iglesia, y juzgar la corrupción de Estado, dependen, en buena medida, de que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas-Podemos levante la Ley de Secretos Oficiales.
Preparando el relevo monárquico y ante la necesidad de controlar la opinión pública, el equipo de Fraga Iribarne redactó la Ley contra la libertad de expresión, para tapar la historia de los crímenes del franquismo y ocultar para ello los archivos. Ese es el contenido de La Ley de Secretos Oficiales. Promulgada por el dictador Franco hace 53 años, todos los gobiernos que se reclaman de la democracia han prometido reformarla, pero ninguno de ellos lo ha hecho. En la actualidad, existe desde 2020 una comisión del Consejo de Ministros, formada por representantes de Presidencia de Gobierno, Defensa, Exteriores e Interior que trabajan, sin que se sepa nada de sus “trabajos de reforma”. Este es el cuarto intento de modificar la norma franquista, que contó en el Congreso con 197 votos a favor, 53 en contra (Vox) y 99 abstenciones (PP), es decir, con mayoría absoluta.
Según han informado representantes de algunos grupos parlamentarios, existe un bloqueo de los Ministerios de Defensa e Interior a la posibilidad de conocer múltiples cuestiones mantenidas aún bajo siete llaves: relativas a la guerra, la dictadura, la represión, el golpe de Estado monárquico de 23-F de1981, los asesinatos del GAL y la corrupción sistémica, de la dictadura y la monarquía.
Levantar el secreto de los documentos clasificados y de las materias reservadas se ha convertido en una necesidad urgente, para que la investigación judicial, política y judicial se pueda efectuar sin las constantes limitaciones impuestas por el Estado, que establece los secretos oficiales como fomento de la impunidad para sostener la razón de Estado.
Partidos como ERC, Junts, PDeCAT, CUP, EH-BILDU y BNG, presentaron una Proposición no de Ley (PNL) el pasado 40 aniversario del 23-F, para desmontar el relato oficial de “que fue una cosa de cuatro militares ultraconservadores que, sin complicidad de ninguna estructura política, social, económica, eclesiástica ni militar, solos y por propia iniciativa, decidieron tomar el Congreso. Esto no hay quien se lo crea. Y si lo que estoy diciendo les parece un disparate, desclasifiquen los documentos y comprobémoslo” (Carolina Telechea, diputada de ERC).
Recientemente, la Cámara de Apelaciones de Argentina ha revocado el procesamiento del exministro Martín Villa, llevado a cabo por la juez Servini, considerando que no está probado que M. Villa cometiera crímenes de lesa humanidad, manteniendo abierta la investigación al respecto. Los jueces argentinos han decidido que no está demostrado que los crímenes cometidos por la represión policial en Vitoria en 1976, y los ejecutados en Pamplona en 1978, constituyeran crímenes de lesa humanidad: “lo cierto es que no se ha probado en autos la existencia de un aparato de poder, a plena disposición de M. Villa que, impartiendo órdenes a la policía, permita en este caso considerarlo como autor mediato de los hechos aquí investigados”; instando: “la necesidad de profundizar la investigación sobre la existencia o no de las características que autorizan a hablar de crímenes de lesa humanidad, con las consecuencias que esto tiene para poder invocar la jurisdicción universal ,o la invalidez de una amnistía”. Adopta, así, la misma doctrina del Tribunal Supremo español, que niega que los crímenes del franquismo sean crímenes contra la humanidad. Resolución judicial que invita a que se re-investigue todo el periodo político que va desde el golpe de Estado de julio de 1936, la guerra y revolución, y la posterior contrarrevolución franquista, y que, a partir de los consensos izquierda/derecha, se han prolongado en lo esencial en el régimen monárquico hasta nuestros días.
En el discurso de Estocolmo (1999) del abogado y politólogo socialista, Joan Garcés, se ponían ya las bases de la necesidad de dicha investigación política y judicial: “La impunidad en los crímenes de Estado es, ciertamente, inaceptable desde el punto de vista moral, ético y jurídico. Pero a menudo se olvida que también es condenable por razones de realismo y pragmatismo político. Pues la impunidad hoy es una invitación a nuevos crímenes, en una espiral que se retroalimenta dentro de un círculo perverso y la convierte en una amenaza, latente o efectiva, a la paz internacional. Un Estado, una institución de ese Estado, que tiene como “doctrina” la impunidad del crimen de lesa humanidad, tiende a proyectar su doctrina en su política exterior, y ejerce sobre otros Estados un efecto demostrado de comprensión”. Discurso que anticipa -con veinte años de antelación- lo que está sucediendo ahora mismo con la querella argentina: ¡La impunidad del franquismo impone su propia doctrina a los tribunales de Argentina! Añade Garcés en su discurso: “Solamente si los Estados cooperan en esta obligación será posible sancionar a los peores enemigos del género humano. Es una tarea necesaria y también posible, como lo han demostrado la esclavitud y la piratería, que durante milenios fueron asumidas como hechos naturales y se terminaron cuando los Estados resolvieron sancionar a los esclavistas y piratas allí donde fueron cogidos”. Si el Estado español y su Gobierno progresista siguen manteniendo la impunidad de los crímenes franquistas, ocultando la documentación oficial de la guerra, la dictadura y la monarquía, es muy difícil que la justicia universal o la española (si rompiera con la doctrina de la impunidad), pueda resolver los crímenes, los abusos de poder y las corruptelas que se amontonan desde la contrarrevolución fascista hasta nuestros días.
Corresponde, pues, seguir adelante, poniendo de relieve y demostrar que los asesinatos y el exterminio practicado contra los republicanos españoles a partir del 18 de julio de 1936, suponen crímenes contra la humanidad. Las condenas, las muertes y torturas, las cárceles y los campos de concentración, el robo de niños, las deportaciones y los exilios forzados, la persecución por motivos políticos o sindicales, la desaparición forzada de personas, la violación y el embarazo forzado… constituyen crímenes contra la paz, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Crímenes de la dictadura y de sus herederos, cometidos durante más de ochenta años, inscritos, cada uno de ellos en un plan de ataque generalizado o sistemático contra la población civil. “La categoría de crimen contra la humanidad parte de un principio básico y fundamental: que estas conductas agredan en la forma más brutal a las personas como pertenecientes al género humano en sus derechos más elementales…”.
El auto del Juez Garzón en 2010, so pretexto de juzgar los crímenes del franquismo (para lo que su juzgado carecía de competencia), se tradujo en un fiasco más, al que el mismo juez contribuyó poniendo como excusa de su carpetazo el fallecimiento de los principales promotores del régimen. Obvió el hecho de la existencia de miles de responsables de la represión aún vivos, como era el caso de Martín Villa y de muchos otros. La doctrina de impunidad del Tribunal Supremo se establece en la sentencia relativa al juicio a Garzón, por la que se le absuelve por el delito de prevaricación y condenándole por investigar la trama de Gürtel de corrupción del PP. De paso, se condenaba en dicha sentencia a las víctimas del franquismo a la más absoluta impunidad.
Exigimos, por tanto, al Gobierno la inmediata derogación de las leyes franquistas, para lo que cuenta con mayoría en la Cortes, acabando con las Leyes de Secretos Oficiales y de Amnistía. De forma que sea posible la investigación judicial y política de los hechos relativos a la represión contra los derechos democráticos y sociales, para que se pueda hacer justicia en nuestro país a las víctimas de todos los crímenes…, de todos los abusos de poder y de las corruptelas de las más altas magistraturas, acabando con una impunidad de Estado que se prolonga desde 1939.
Al cierre de esta gacetilla nos enteramos de la concesión, por el Gobierno, de la Gran Cruz de Carlos III a exministros del PP y del PSOE, y al exvicepresidente Pablo Iglesias: ¡Medallas para unos pocos e impunidad para los millones de víctimas de la represión de 83 años de injusticia!