Dolores Espinosa, concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y miembro del Comité de empresa de seguridad SH Lanzarote, denuncia en Radio San Borondón la situación actual de morosidad pública, por la que muchas administraciones retrasan los pagos a sus proveedores, que tiene en los trabajadores a los principales perjudicados.
El sector de la seguridad privada es uno de los más afectados. En concreto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adeuda unos 300.000 € a la empresa SH Lanzarote, que sumados a otros impagos del Gobierno de Canarias, Cabildos y ayuntamientos asciende al millón de euros.
“¿Qué empresa puede soportar esta situación?”, se pregunta la sindicalista, quien reconoce que es imposible que pueda responder a sus obligaciones económicas. Sin embargo entiende que esta realidad no obsta para que los trabajadores reclamen sus salarios, de hecho, reconoce que este viernes han denunciado a la empresa por impago ante la Inspección de Trabajo.
Dolores Espinosa afirma que esta es una situación habitual entre la mayor parte de empresas que prestan servicios a la administración pública y recuerda que en junio de este año la Comisión Europea envió un ultimatum a España dando dos meses para acabar con la morosidad pública, bajo amenaza de judicializar la situación.
En concreto, el caso de los trabajadores de SH Lanzarote es aún más lacerante si cabe, porque casi todos provienen de Seguridad Integral Canaria, empresa que dejó de pagarles sus salarios entre agosto de 2017 a febrero de 2018, un total de 9 meses de los que FOGASA sólo les ha reconocido 4 y que aún no han sido abonados en su totalidad.
Por todo ello Dolores Espinosa reclama que La Inspección de Trabajo ejerza su actividad no sólo en las empresas y los centros de trabajo, sino – como en este caso – en las administraciones públicas deudoras.