El sindicato rechaza la figura del “personal político-directivo” que puede suponer engrosar las administraciones públicas de personal sin cualificación ni experiencia en la gestión
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) lamentó este miércoles que el Gobierno canario no se avenga a resolver las objeciones planteadas por el sindicato antes de la inminente aprobación, quizás este mismo jueves, del decreto-ley de medidas urgentes para la gestión del instrumento europeo de recuperación “Next Generation EU” en la Comunidad Autónoma de Canarias. Para la organización sindical, la aprobación del decreto-ley, en los términos en que está redactado, puede suponer no solo un grave deterioro de la función pública canaria, sino, lo que es mucho peor, un ineficiente reparto de los fondos europeos, lo que, a medio plazo, puede comprometer la recuperación económica.
El pasado 15 de marzo, los representantes del Gobierno de Canarias emitieron un informe favorable a este decreto-ley en la Comisión de la Función Pública, aún con el voto desfavorable de Comisiones Obreras Canarias, que puso sobre la mesa las razones por las que entendía que la actual redacción resultaba perjudicial para los intereses de Canarias. Sin embargo, el ejecutivo regional ha dado por negociado el documento sin avenirse a estudiar las objeciones planteadas por el sindicato.
Sustitución de técnicos por políticos
Conviene recordar que el decreto-ley pretende regular en Canarias, los aspectos no básicos del real decreto-ley estatal 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, singularmente en los aspectos de planificación estratégica para la gestión de los fondos europeos, de organización y de gestión de los recursos humanos.
Sin embargo, mientras que en la administración estatal la gestión de estos proyectos estará liderada por un comité técnico integrado por empleados públicos, en Canarias quedará en manos de un consejo coordinador integrado exclusivamente por cargos políticos, es decir, el vicepresidente del Gobierno, varios viceconsejeros, directores y secretarios generales técnicos.
Así, si bien la norma estatal encomienda la gestión ordinaria de los proyectos a sus propios empleados públicos, en Canarias, el Gobierno ha preferido recurrir a la figura del “personal político-directivo”, que será reclutado externamente mediante contratos de alta dirección y seleccionados mediante “procedimientos ágiles”. De esta manera, Canarias queda exenta de la redacción de una relación de puestos de trabajos como instrumento de planificación y es sustituida por unas evanescentes “unidades administrativas de carácter provisional o transversal”. El resultado que generará esta política discrecional, señala el sindicato, supondrá el caos e la inseguridad jurídica total para los empleados públicos.
El sindicato entiende que el escenario que dibuja este decreto-ley será el incremento de la tasa de temporalidad ya existente en la Comunidad canaria y el empeoramiento de la situación de provisionalidad del personal funcionario y laboral fijo, que se creará mediante la asignación a las unidades administrativas provisionales con nombramientos discrecionales por parte de la administración autonómica.
Personal sin experiencia en la gestión
Igualmente, mientras que la norma nacional prevé el fomento de la capacitación y el reconocimiento de los empleados públicos, el proyecto presentado por el Gobierno de Canarias no prevé nada de esto, salvo el reconocimiento y gratificación del personal “político-directivo” nombrado a tal efecto.
Por todos estos argumentos, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias entiende que el decreto-ley del Gobierno de Canarias, en su actual redacción, supone un grave menoscabo de los derechos y la profesionalidad de sus propios empleados públicos. Pero, siendo esto grave, más lo es aún que se confíe a un personal sin experiencia en las administraciones públicas y sin el conocimiento de sus procedimientos la gestión de unos fondos que resultan trascendentales para la recuperación de la economía canaria.
El sindicato entiende que, en un momento de grave crisis como el actual, es más necesario que nunca el ejercicio responsable de la acción política, por lo que invita al Gobierno canario a reconsiderar los términos en que está redactado este decreto. En caso contrario, asegura FSC-CCOO, se puede cometer un error cuyas graves consecuencias se pondrán de relieve en un muy corto espacio de tiempo.