Este miércoles se celebró la Mesa Sectorial de Sanidad para abordar el alcance de la reciente Sentencia 51/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no firme, que anula del Decreto 188/2018 por el que se aprueba la OEP de 2018.
Según el sindicato, esta sentencia entre otros perjuicios deja sin efectos el examen ya realizado por las Enfermeras, Fisioterapeutas y Matronas. Y recuerda que otras tantas categorías habían pagado las tasas de examen. Por ello Intersindical Canaria ha solicitado por una lado, acceso al expediente administrativo y, por otro, que se mantengan los actos realizados del Decreto de la OPE 2018, y solo se proceda al acto administrativo de convocar, respetando todo lo materializado hasta el momento, como medida para proteger los derechos de los aspirantes.
La Administración, por su parte, informó haber procedido desde los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y el Servicio Canario de la Salud, a presentar recurso de incidente de subsanación y complemento de sentencia, ya que, según plantean, la razón por la que se dicta sentencia no fue alegada por los demandantes.
El Sindicato plantea una OPE excepcional por concurso de méritos para la permanencia en el empleo de todos los trabajadores temporales y en fraude de contratación del Servicio Canario de la Salud. «Entendemos que, tratándose de una cuestión de plazos, la actitud de la Administración ha sido absolutamente temeraria e irresponsable en el proceso de aprobación de esta oferta y sobre el Gobierno y el SCS deben recaer responsabilidades, para lo que acudiremos a las instancias necesarias».
Desde IC plantean que pondrán el máximo esfuerzo en salvar la oferta de plazas y que en el peor de los escenarios, y dada la situación de inestabilidad e inseguridad jurídica en la que nos estamos moviendo, se podrían perder más de 5500 plazas junto con el esfuerzo de los aspirantes, las repercusiones familiares, el agotamiento físico, psíquico y de recursos que eso supone, máxime, en el transcurso de un año de pandemia. Por último afirman que para posibilitar las recomendaciones europeas sobre exceso de temporalidad laboral, lo que procede es pactar una convocatoria extraordinaria restringida de permanencia por concurso de méritos.