La ADSPC ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en relación con la adjudicación de los Acuerdos Marco para la contratación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia a pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud.
Previamente la Asociación había presentado una solicitud ante la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias el 20 de mayo de 2019 y un recurso de alzada el 25 de noviembre de 2019, y tras no recibir respuesta alguna ni del anterior gobierno de Coalición Canaria, ni del actual ejecutivo han decidido acudir a los tribunales de justicia.
Esta acción judicial se plantea que se acuerde la suspensión y/o en su caso revocación, de la adjudicación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia con relación a las plazas de los centros que no cumplan los requisitos de homologación y en su caso, para que se proceda a la revisión de oficio desde su inicio y en todas sus fases del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de hospitalización de media estancia afectados de nulidad de pleno derecho por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
En esos momentos el titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias era José Manuel Baltar en situación de manifiesta incompatibilidad, en los términos que constan en el escrito, pues tan solo un año antes, desempeñaba el puesto de Director de Operaciones de la Entidad Hospitales San Roque, así como el de Director/Gerente del Hospital San Roque de Las Palmas, y otros puestos directivos en varias asociaciones de clínicas privadas con intereses evidentes en el Acuerdo Marco de Contratación objeto del presentado Contencioso Administrativo.
La ADSPC recuerda que el entonces Consejero Baltar había dictado durante el concurso para los nuevos contratos de Acuerdo Marco, la Orden de 27 de marzo de 2018 al efecto de dejar suspenso por el plazo de un año los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006, lo que favorecía a la homologación de las clínicas privadas, que como Hospitales San Roque, se habían presentado al nuevo concurso de Acuerdo Marco.
Además, denuncian que el día 5 de abril -un día antes de que finalizara el plazo de suspensión para exigir los requisitos establecidos en la citada Orden de 28 de noviembre de 2006 a las clínicas privadas- Conrado Jesús Domínguez Trujillo, Director del Servicio Canario de Salud, firmó la carta/oficio “Medidas urgentes necesidad camas hospitalarias” por la que se prolongaba durante otro año más (hasta el 5 de abril del año 2020) la suspensión de los requisitos establecidos en dicha Orden.
Guillermo de la Barreda, Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, considera que este documento supuso un nuevo atentando contra las normas más básicas del procedimiento administrativo y una actuación sin legitimación del Director del Servicio Canario de Salud.
En dicho documento se comunicaba a las entidades adjudicatarias de los Acuerdos Marco de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia, de forma arbitraria, la suspensión de los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006.Recuerda la ADSPC esta misiva que no ha sido publicada en ningún boletín oficial y no constituye una resolución administrativa con capacidad suficiente para alterar la Orden de la Consejería de Sanidad de 27 de marzo de 2018.
Sin embaro, al amparo de la misma, los Centros Sanitarios Privados siguen vulnerando, hasta la fecha, los requisitos de homologación previstos legalmente. Todo ello generando perjuicios a los usuarios del sistema público de salud.
De la Barreda afirma que con la presentación de este contencioso se continúan así las acciones judiciales de distinta índole que, ya en curso, ha puesto en marcha la ADSPC conforme al compromiso adquirido con la ciudadanía que apoyó con su generosa aportación económica la colecta o crowdfunding que se organizó con dicha finalidad.