Interesante entrevista a Santiago Pérez en Radio San Borondón, en la que explica detalladamente las ilegalidades de la privatización de Emmasa y hace un completo repaso por los más significativos casos de corrupción recientes.
“Lo que ocurre con Emmasa es un claro fraude y un sauqueo a los contribuyentes de Santa Cruz”. Así se ha referido Santiago Pérez al nuevo caso de ilegalidad que afecta a Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, tras conocerse que permitió a Sacyr recuperar los 59 millones por la compra de Emmasa en el año 2005 y además, sin poner un solo euro, acabar recaudando casi 300 millones al finalizar los 25 años de duración del contrato.
Tras estudiar el Informe elaborado por los funcionarios del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre la privatización de Emmasa, Santiago Pérez considera que merece una respuesta contundente “que estoy seguro que se va a producir”. En este sentido entiende que el gobierno municipal deberá adoptar las medidas judiciales y administrativas para cancelar estos pagos en el futuro por ser ilegales y defraudatorios. Pero también, anular el acuerdo de 2007 por el cual Sacyr recuperaba el importe total de la compra de Emmasa y finalmente rescatar el dinero indebidamente pagado.
Este es, para Santiago Pérez, un caso de gran entidad delictiva y afirma que “el montaje ilegal destapado recientemente entre el Ayuntamiento de Santa Cruz, Coalición Canaria y la Cadena Ser en el asunto de las contrataciones de carnavales es un juego de las casitas en comparación con lo que ha ocurrido en la empresa Emmasa”.
Está asimismo convencido de que este caso es una de las razones profundas de la moción de censura promovida por Coalición Canaria al actual gobierno municipal: “están tratando de crear una algarabía para tapar el asunto de la compra de Emmasa, que tiene sobradamente entidad delictiva”.
Dada la trascendencia que supone este saqueo a las arcas municipales de Santa Cruz, considera que es sorprendente como algunos medios de comunicación pretenden poner el foco en las supuestas amenazas de la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, a la concejala Evelyn Alonso, que asegura, no tienen la menor entidad desde el punto de vista de su calificación como amenaza.
Por ello afirma que los que tenían que ser permanentemente censurados, se empeñan en censurar al nuevo gobierno de Santa Cruz “que está proyectando un nivel de gestión razonable, eficaz y sobre todo acertado en su intento de poner en claro las cuentas de la ciudadanía de Santa Cruz, tras tantos años del régimen de Coalición Canaria, que lleva en estos últimos tiempos una deriva autoritaria que, de la mano de Clavijo, acabarán aliándose con la derecha y la extrema derecha de este país”.
«Francisco Villar hace un flaco favor usando la ULL para avalar este tipo de dictámenes a la carta» Respecto a los informes que la multinacional española Sacyr ha presentado en su descargo, el primero de ellos encargado al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco Villar, quien siempre ha avalado la gestión de CC en circunstancias tan poco claras como el caso Grúas, Santiago Pérez afirma: “Creo que el señor Villar debería pensarse seguir utilizando el membrete de catedrático de la Universidad de La Laguna para este tipo de dictámenes, porque flaquísimo favor le está haciendo al prestigio y a la imagen de la Universidad a la que todos los que hemos estado vinculados a ella le debemos la máxima lealtad y probidad”.
«El informe de Broseta pretende tratar a los canarios como aborígenes jurídicos en taparrabos» Mas recientemente, cuando ya ha empezada a moverse este asunto, Sacyr ha encargado un informe a un gabinete peninsular muy destacado, Broseta Abogados “que pretende justificar lo injustificable y decir que el contrato no dice lo que dice y tratarnos a los canarios como si fuéramos aborígenes jurídicos en taparrabos, lo cual no es la primera vez que ocurre”. En este sentido recuerda un detalle a tener en cuenta, que este tipo de eminentes juristas, cuando emiten un dictamen pagado, no están corriendo ninguna responsabilidad, en todo caso, lo que ponen en riesgo es su prestigio; sin embargo, cuando un funcionario emite un informe, como ha ocurrido en este caso, tiene un deber de sometimiento a la legalidad, porque de lo contrario podrían estar incurriendo en responsabilidades penales. “Por eso, insiste, la función pública es una garantía de legalidad y de defensa de los intereses públicos”.