PP y Ciudadanos se han desmarcado del pacto por la reactivación económica y social de Canarias
Canarias aprueba el Pacto para la Reactivación por la COVID-19 con amplio apoyo político y el respaldo de las administraciones locales y los agentes económicos y sociales.
La iniciativa impulsada por el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, se firma en el Parlamento por todos los grupos políticos, salvo PP y Cs, y obtiene el respaldo de las administraciones locales e insulares (Fecam y Fecai) y de las organizaciones empresariales y sindicales representativas, más los colectivos sociales
Los partidos que apoyan al Ejecutivo de Canarias: PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos
y Agrupación Socialista Gomera, junto a Coalición Canaria-PNC, en la oposición, dan al Pacto de Canarias un respaldo masivo, por encima del 80% de los diputados de la Cámara
Ángel Víctor Torres se muestra muy satisfecho con el amplio consenso logrado y ya fija la mirada, junto a su Gobierno, en actuar “sin descanso para evitar que la pandemia derribe los cimientos del Estado de bienestar”, para lograr que “esta crisis no deje a nadie atrás”
Casi un mes después de ser propuesto con un documento base o de partida para su análisis, discusión y participación por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (el 1 de mayo pasado), el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias ya está aquí; ha llegado para quedarse.
Hoy, sábado 30 de mayo y Día de Canarias, en la jornada que conmemora el nacimiento de nuestra Comunidad Autónoma en 1983, hace 37 años, el Archipiélago ya cuenta con un Pacto respaldado por el amplio consenso político de los grupos parlamentarios, más del 80% del pleno del Parlamento de Canarias, y avalado por las administraciones públicas insulares y locales, con presencia de la Fecai y la Fecam, aparte de las organizaciones empresariales y sindicales representativas en el Archipiélago, las cámaras de Comercio de las Islas, los colegios profesionales de Trabajo Social y las entidades y colectivos del llamado Tercer Sector.
La rúbrica de ese Pacto para la Reactivación, necesario para proceder a la dinamización económica y a la protección sanitaria y social tras los efectos de la pandemia de la COVID-19, se produjo formalmente este sábado en el Parlamento de Canarias, donde estamparon su firma sobre el documento final hasta 16 representantes de instituciones y organizaciones de ámbitos diferentes. Ese acuerdo, que ya es el Pacto de Canarias, contó con los apoyos de los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno autonómico, con el PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera, con mayoría absoluta en la Cámara regional. A estos partidos además se sumó Coalición Canaria-PNC, lo que elevó el apoyo a esa iniciativa en el plano político a más del 80% de los 70 diputados que conforman el Parlamento de Canarias. Solo se quedaron al margen de tan amplio consenso el PP y Ciudadanos, esta formación con dos diputados en el grupo Mixto.
Este Pacto para la Reactivación Social y Económica por la COVID-19 es de los primeros que se aprueba con amplio respaldo político y casi apoyo pleno en los ámbitos administrativo, económico, sindical y social en toda España.
Pensando en los colectivos más vulnerables
Tras confirmarse el amplio apoyo político a la iniciativa lanzada por Torres y el respaldo prácticamente total en los ámbitos administrativos, empresariales, sindicales y sociales de las Islas, el presidente de Canarias se mostró muy satisfecho por el “gran logro conseguido”, un éxito que “es de todos” y hay que atribuírselo, como antes en el mismo lugar se hizo con el Premio Canarias 2020, “a toda la sociedad isleña”. Torres subrayó que ya fija la mirada, junto a su Gobierno, para seguir actuando, ahora con esta nueva guía, y así “evitar que la pandemia derribe los cimientos del Estado del bienestar”.
Como explicó en su intervención el presidente de Canarias, la pandemia de la COVID-19 “nos ha amedrentado con la muerte, y también con la pobreza y las desigualdades”. Por eso, el proceso de reactivación en las Islas, cuya senda primero define el Pacto y luego concretará un plan de desarrollo de acciones con sus fichas financieras específicas, “debe plantearse en sus dimensiones social y económica con el objetivo claro de que nadie se quede atrás” en esta crisis y de que no se produzcan “recortes en los recursos de asistencias esenciales como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Éstas son áreas que no solo han de ser conservadas, sino potenciadas”, recalcó el presidente regional.
El Pacto firmado esta mañana es una manera de afrontar la construcción del futuro en Canarias y una forma de reconocer que, tras la pandemia de la COVID-19, “tendremos que hacer muchos esfuerzos”, indicó Torres. El Pacto que hoy se ratificó en el Parlamento de Canarias “es la herramienta más importante para lograr sobreponernos a la actual situación” de crisis, sostuvo el presidente autonómico, y ahora “se apoya para conservar los servicios públicos fundamentales; reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias; atender a los más vulnerables; mantener y recuperar el empleo; reimpulsar la actividad económica; agilizar, simplificar, cooperar y coordinar los trámites administrativos, e impulsar la Agenda 2030 en Canarias con sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS)”. Éstos son los siete grandes bloques de actuación definidos en el Pacto.
Expuestas esas necesidades generales posCOVID-19 en las Islas, el presidente de Canarias remarcó que el apoyo a ese documento “compromete a los que lo han firmado a defender su contenido y nuestras singularidades en todos los ámbitos posibles: a escalas española y europea; a través de los representantes públicos en las Cortes y en las instituciones comunitarias, y por medio de la capacidad que tienen los empresarios, sindicatos y todas las organizaciones canarias que se han comprometido en la reactivación de nuestra tierra”, detalló Torres.
“Canarias -añadió- es, objetivamente, la comunidad autónoma más afectada por la pandemia en el ámbito económico porque la COVID-19 ha golpeado a nuestro principal sector productivo, el turismo, y además lo ha hecho en el peor momento: en plena temporada alta”, recordó el presidente regional.
Agradecimiento por el trabajo de los que apoyaron y los que no lo hicieron
El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España decretó el estado de alarma en el país. A partir de entonces, lamentó Torres, “ya nada fue igual. Se truncó la normalidad. Canarias había empezado bien el año. Los datos de enero, febrero y los primeros 14 días de marzo invitaban al optimismo. Incluso se avanzaba que en 2021 podíamos tener unos índices históricos de empleo, con una tasa de paro inferior al 17%. La economía funcionaba. Las perspectivas eran halagüeñas. Pero el 14 de marzo todo se paró”, relató el presidente de Canarias como muestra de lo rápido que se desencadenaron los acontecimientos de esta crisis inicialmente sanitaria.
Ángel Víctor Torres también tuvo hoy unas palabras de agradecimiento “a los que han apoyado el Pacto con su firma y a quienes finalmente no lo han hecho. He de reconocerles a todas y todos el trabajo realizado”, afirmó. Luego admitió que “todo pacto implica renuncias y generosidad, abandonar posturas individuales y acordar propuestas colectivas. Cualquier pacto siempre es un paso adelante. Pactar nunca es una debilidad. Sinceramente, creo que es una fortaleza. Y en estos momentos, una necesidad. Seguiremos tendiendo la mano”, subrayó el presidente de Canarias.
A continuación, Torres indicó que “hoy, 30 de mayo y Día de Canarias, en este Parlamento, que empezó a funcionar hace exactamente 37 años, comienza una nueva travesía que, si la realizamos con determinación y unidad, la culminaremos con éxito los próximos años”.
El presidente de Canarias cerró su alocución con la afirmación de “que es eso lo que esperan los hombres y mujeres de Canarias: que demos una respuesta firme desde una postura común, coordinada y efectiva. Nuestro pueblo siempre ha demostrado una capacidad de lucha, constancia y resistencia indudables”, concluyó.
Las partes, directrices y previsión presupuestaria para 2020 del Pacto
El documento del Pacto para la Reactivación Social y Económica de las Islas, el Pacto de Canarias, consta de tres bloques: uno, la declaración institucional; dos, el que desarrolla de forma más pormenorizada el Pacto en sí, y tres, el anexo con la previsión presupuestaria.
Esa segunda parte se divide en varios epígrafes y tiene su inicio en la definición del origen y las consecuencias elementales de la que primero fue una crisis sanitaria para luego convertirse en algo más integral con efectos económicas y sociales de gran impacto. El Pacto además analiza los efectos de la pandemia de la COVID-19 en esos tres ámbitos esenciales y estructura los campos generales de actuación en siete. Éstas son las prioridades estratégicas.
A partir de ahí, tras concretar los fines centrales que se persiguen, en esencia reactivar la economía, atender las demandas sociales básicas con solvencia y garantizar la cobertura sanitaria universal, el documento ya rubricado identifica los instrumentos más potentes para pasar a la acción, a saber: la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea (UE); las relaciones Canarias-Estado; el papel de los cabildos y los ayuntamientos; la defensa de los cambios normativos; la capacidad inversora pública y privada; la internacionalización; el diálogo social permanente, y la articulación de una mesa de seguimiento del denominado Pacto de Canarias.
El documento finaliza con un anexo de estimación económica de las propuestas incluidas en el Pacto para este 2020. En el cuadro presupuestario que forma parte de ese anexo, que solo puede considerarse como una previsión, se aporta una cifra global de 15.528 millones de euros para 2020. Ese umbral resulta de la suma de las aportaciones previstas al menos desde cinco vías: Comunidad Autónoma de Canarias, que ya aporta su Presupuesto de ingresos para 2020 con la merma prevista por el descenso de la recaudación tributaria en 1.500 millones de euros (7.213 millones de euros); los fondos de los ayuntamientos (2.273 millones); los recursos de los cabildos (1.960); los fondos del Estado (3.163), y la financiación privada (3.919).