El problema estratégico a resolver no es de guantes ni de mascarillas; es más hondo y vasto.
En Salud deberían dejarse los debates políticos estériles y partidarios y ofrecer técnicamente soluciones equitativas y universales. No seamos ingenuos. En las soluciones técnicas y sus usos hay visiones y valores implícitos. Algo se cuece en la agenda política del presidente del gobierno del Estado cuando reconoce que «probablemente, tengamos que hacer una reforma de nuestra Constitución para blindar la sanidad pública». Alguna grieta abre la pandemia.¿ Se tendrá la fuerza suficiente?.
Esta nueva ola ya ha tenido su impacto limitado a nivel institucional. La agenda oficial, descrita en el pacto para la reactivación social y económica de Canarias firmado hace unas semanas -en defensa de los servicios públicos esenciales y el refuerzo de nuestras capacidades sanitarias y sociosanitaria-, gira en base a un incremento adicional de camas para pacientes de agudos y críticos, hoteles medicalizados, el uso de las nuevas tecnologías, que las personas, enfermos crónicos, que en la actualidad ocupan camas de agudos y de críticos en los centros sanitarios sean trasladados a centros sociosanitarios, y aumentar la contratación en Atención Primaria. En cambio, en la ciudadanía y en los profesionales, esta es una agenda defensiva frente a la amenaza de un nuevo episodio. Realmente se obvian los problemas de fondo, sin hacerse ninguna pregunta del por qué de la situación actual. Algunas modestas líneas para esa agenda
Muchos profesionales consideran que el Sistema Nacional de la Salud debe ser reformulado vistas las experiencias acumuladas desde su fundación, eso sí, sin cambiar los principios universales originales que lo fundamentan en el estado del bienestar. El SNS está infrafinanciado, no está debidamente estructurado, ni suficientemente integrado, con una política de recursos humanos que depreció a los profesionales, con problemas de rigideces y problemas de adaptación del sistema a un entorno que ha cambiado sustantivamente, y en el cual la negativa a acometer reformas compromete seriamente su capacidad para responder a cambios demográficos, tecnológicos y sociales, en suma, su solvencia. Pero ello no será posible si continuamos aplicando los mismos criterios con menos recursos. Menos de la misma manera conllevará indefectiblemente una erosión en la calidad del sistema y en nuestras condiciones de salud. Por ello, se necesitan nuevas reglas y prácticas que encaren los problemas presentes y los retos futuros que aguardan al SNS y busquen su apoyatura en sus numerosos puntos fuertes. La solvencia del SNS y la posibilidad de desarrollar políticas de salud Intersectoriales que amortigüen los efectos de la crisis económica sobre la salud.
Reconocemos que nuestro modelo sanitario tiene muchas fortalezas pero también sus debilidades. Muchos informes, desde la Ley General de Sanidad -diluida en decretos posteriores-, se han realizado desde todos los ángulos. La inercia y la política de mercado ha mordido la manzana de la Salud Comunitaria en estos años. Salud y comunidad han sido sustituídos por Individuo y Asistencia. La salud y la comunidad son una marca de derechos, un hecho social y ejes de la acción colectiva de lo local a lo general y viceversa. Sesudos informes se han elaborado por sociedades profesionales como el SESPAS (2018), que se preguntaba después de la declaración de Alma Ata: ¿de qué hablamos cuando hablamos de «salud comunitaria»? Los términos hoy están desacreditados, pero sus contenidos lo definen.
La salud de las poblaciones no viene determinado por la asistencia sanitaria. Los determinantes socioeconómicos de la salud tienen un peso mayor. Lo sabemos desde los años setenta, mayor que la propia asistencia sanitaria, sobre el estado de la salud de la población. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria. Los factores determinantes de la salud en las poblaciones continúan siendo, en su mayoría, ajenos a las posibilidades de intervención directa del sistema sanitario, de manera que las políticas de salud deben tener en cuenta su influencia. Sin embargo, muchas de las actividades humanas que repercuten sobre la salud son objeto de las intervenciones de otros sectores de la sociedad, como por ejemplo, el urbanismo, la agricultura, la industria y el trabajo o la educación. Por lo tanto, las acciones en salud requieren políticas y acciones transversales como las políticas de género y las de inclusión social. Implica a todas las áreas del gobierno. Requiere de gobernantes y gestores con visiones estratégicas de la cosa pública.