El 7 de abril se conmemoró el Día mundial de la Salud y la Sanidad.
Su relevancia ha sido, en esta ocasión, muy especial por la excepcional situación que atravesamos y por lo que esta nos está enseñando. Con frecuencia representantes de instancias oficiales se llenan la boca, declarando que España tiene uno de los mejores sistemas públicos de salud, y es posible que sea así, que tengamos un buen modelo sanitario, basado en la sanidad universal financiada por el Estado, con excelentes hospitales y mejores profesionales.
SANIDAD DEVASTADA. Sin embargo, hemos podido constatar, tristemente, que no es oro todo lo que reluce. La pandemia ha puesto de relieve las graves carencias del sistema sanitario español, consecuencia de las políticas de privatizaciones, que a partir del ya lejano año 1991 fueron eliminando los aspectos progresistas recogidos en la Ley General de Sanidad promulgada por el PSOE de Felipe González en 1986, que sobre el papel no permitía la entrada de empresas privadas en la sanidad pública. Este lento proceso de deterioro tomó carta de naturaleza a partir de la Ley 15/1997 aprobada conjuntamente por PSOE, PP, CIU, Coalición Canaria y PNV que, con el pretexto de “modernizar la sanidad”, permitió la entrada de todo tipo de empresas privadas lucrativas en la gestión sanitaria pública, dando lugar al progresivo desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud, acelerado con las políticas del PP y otros partidos (Coalición Canaria en nuestra Comunidad) antes, durante y después de la crisis de 2008, con la consiguiente reducción de centros (los hospitales del Norte y del Sur siguen en el limbo), camas, personal y medios, cuyos efectos nocivos se han puesto de manifiesto en la actual crisis del coronavirus.
Para centrarnos solo en algunos casos más significativos, resulta deplorable observar cómo el personal sanitario se ha tenido que enfrentar a un virus tan contagioso con una gran carencia de medios. El resultado es que 20.000 de ellos se han infectado por falta de equipos de protección individual (EPI) y algunos incluso han fallecido. Concretamente en Canarias, el número de sanitarios que han dado positivo por coronavirus supone un 20% del total de contagios. La industria sanitaria se ha depauperado hasta el punto de no poder garantizar mascarillas para los trabajadores y trabajadoras de la salud y mucho menos para el conjunto de la población. A más de dos meses del inicio de esta crisis, seguimos en la misma situación, y eso en un país con los recursos económicos que tiene España. No podemos dejar de señalar también la carencia de material esencial para el tratamiento de los pacientes, como los necesarios y escasos respiradores, que han obligado a los facultativos, en casos puntuales, a decidir a qué enfermos se les debía aplicar.
LAS PERSONAS MAYORES, LAS MÁS AFECTADAS. En el Día Internacional de la Salud y la Sanidad, queremos llamar también la atención sobre la situación de las personas mayores ingresadas en residencias. Ya han muerto, según los inciertos recuentos de hace unos días, más de 3.600, aunque posiblemente la cifra sea mucho mayor, porque la información transparente brilla por su ausencia, los datos no están centralizados y cada comunidad informa como y cuando quiere. Pero sí hemos podido acercarnos al conocimiento de lo que ocurre detrás de esas paredes. El 75% de las residencias de mayores en nuestro país son privadas (un 87% en Madrid), y la mayoría de ellas pertenecen a fondos buitre de inversión, los mismos que desahuciaron y siguen desahuciando a muchos miles de personas de sus viviendas. Esos fondos de inversión, sobre todo franceses, pero también británicos, no han venido a invertir en residencias de mayores por su vocación de cuidado a las personas dependientes, sino por ganar dinero. España es un país con una gran longevidad y esas multinacionales han visto aquí un nicho de negocio seguro. El resultado está siendo desastroso para las personas alojadas, hasta el punto de que el número de muertos en esas residencias supone un 30% del total de fallecidos por el covid19 en todo el país. Esto se debía haber prevenido y evitado.
En Canarias, el número de residencias privadas no es tan alto como en la Península, alrededor de un 46% del total de las plazas existentes, pero las largas listas de espera evidencian que la oferta pública no está cubriendo las necesidades y va cediendo terreno al negocio privado. También hay que tener en cuenta que buena parte de las residencias públicas son de gestión privada, con lo que no es aventurado suponer y las denuncias al efecto lo confirman, que, al igual que sucede en otros lugares, la lógica del beneficio prima muchas veces sobre la atención que merecen las personas.
Las evidencias sobre las malas condiciones de vida de las personas ingresadas en esas residencias y sobre la falta de medios y de personal con formación adecuada para cumplir sus funciones son numerosas, pero las administraciones hacen oídos sordos. La Comunidad de Madrid es la más afectada por los decesos y el Gobierno Autonómico (integrado por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox) se ha negado sistemáticamente a aceptar las comisiones de investigación exigidas por la oposición en numerosas ocasiones, a partir de las denuncias de sindicatos y personal de los centros sobre el mal funcionamiento de muchas de las residencias, ahora puesto en evidencia por la pandemia.
Lo de Madrid es una catástrofe evidente atribuible sobre todo al PP, que gobierna esta Comunidad desde 1995 hasta la actualidad. Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes —todos sometidos a investigación judicial por los numerosos casos de corrupción en los que aparecen implicados— fueron los antecesores de la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso. Durante estos años, especialmente durante la crisis de 2008, la Comunidad madrileña fue líder de recortes y privatizaciones en sanidad y hoy registra el trágico ranking de ser la Autonomía con menor inversión sanitaria por número de habitantes y mayor privatización de hospitales y residencias de mayores. Pero no es solo Madrid; pocas comunidades autónomas españolas saldrían bien paradas de una inspección seria. Los cadáveres de ancianos localizados por la Unidad Militar de Emergencia no se han encontrado únicamente en la capital de España.
PREPARARNOS PARA LA GUERRA DE CLASES QUE VENDRÁ. La alarma pasará y todos nos felicitaremos por lo bien que hemos sorteado la pandemia y, como los chinos, homenajearemos a los sanitarios que nos han cuidado, a los farmacéuticos, a los trabajadores de los comercios de alimentación, a las limpiadoras… Todos y todas habremos tomado conciencia de la importancia de disponer de unos servicios públicos universales y de calidad, pero si no aprovechamos esa conciencia recién adquirida para crear organismos y plataformas ciudadanas que enfrenten con resolución y firmeza los años de crisis que vendrán, cuando la pandemia deje de ser nuestra principal preocupación, volverán los recortes y las privatizaciones. A poco que bajemos la guardia, esa exigua minoría de grandes empresarios capitalistas sin conciencia, para los que la acumulación de riqueza está por encima del bienestar general y, como constatamos ahora con claridad, también por encima de la vida, no cejarán en su intento de hacernos pagar la crisis a las clases trabajadoras y medias, a los pensionistas, a los jóvenes subempleados, a los parados y paradas, a los inmigrantes con y sin papeles, a los marginados y excluidos sociales, a las clases subalternas en general.
Esa minoría expoliadora no cejará nunca en su ambición. Ni tampoco sus testaferros y mamporreros: la ultraderecha política y social y sus medios de prensa afines, que ya desde hoy, con sus ataques desaforados al Gobierno de coalición PSOE-UP, están preparando el terreno para la guerra de clases que vendrá. “No volveremos a la normalidad, porque la normalidad es el problema” escribió alguien especialmente consciente en una pared, durante las pasadas protestas en Chile. No hay normalidad a la que volver cuando la pandemia se controle, porque esa normalidad nos ha llevado a la situación que sufrimos hoy. A la gente de abajo nos toca inevitablemente crear una nueva normalidad, que tenga en cuenta por encima de todo la noción y el objetivo del bien común. Utópico, pero no imposible. Nos va la vida en ello.
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*Luis Pérez Serichol y Julián Ayala Armas son, respectivamente, vicepresidente y presidente de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias