El STEC-IC lleva un mes diciéndole al Gobierno de Canarias que el estado ya ha autorizado a las comunidades autónomas a emplear el superávit
Desde el primer momento el STEC-IC ha sostenido que la falta de recursos para implantar la reducción de horario lectivo al profesorado, en consonancia con lo establecido tanto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 como en la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, no es más que una burda excusa del Gobierno de Canarias para desviar la atención sobre dicho asunto hacia el gobierno del estado en un desesperado intento por eludir su incapacidad como responsable último del destino que se da a los presupuestos de Canarias.
Para el sindicato, una prueba palmaria de que el Gobierno de Canarias no ha estado contando toda la verdad sobre este asunto desde un principio es el hecho de que finalmente para el personal del Servicio Canario de Salud sí han buscado recursos económicos para recuperar la jornada laboral a 35 horas semanales a pesar de que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, igual que en el caso de los docentes, condicionaba su implantación a que el Estado autorice a Canarias a gastar el superávit de ejercicios anteriores. Así pues, los docentes son ya los únicos empleados públicos de nuestra comunidad autónoma que no han recuperado la jornada anterior a los recortes, lo que supone una discriminación inadmisible hacia este colectivo profesional.
El STEC-IC ha exigido en multitud de ocasiones al Gobierno de Canarias que busquen una vía alternativa a la falta de presupuesto estatal y que la planificación del curso próximo se realice contando con la reducción del horario lectivo hasta las 18 horas en secundaria y 23 en Infantil y Primaria con el objetivo de que el próximo 1 de septiembre tales horarios sean, por fin, una realidad.
Sin embargo el sindicato acusa al Gobierno de Canarias de seguir escudándose en que debe ser el Estado quién aporte la financiación.
El STEC-IC no discute el legítimo derecho que asiste al Gobierno de Canarias para reclamar al estado la financiación que corresponda dentro de los acuerdos Canarias-estado, sin embargo considera que es una temeridad y una falta de sensibilidad inadmisible hacia el profesorado, y hacia toda la comunidad educativa canaria, que el Gobierno de Canarias eluda las competencias que como responsable último de la educación en Canarias le corresponde.
Por otra parte el STEC-IC muestra su satisfacción porque el Presidente Clavijo y su gobierno, pasadas ya las elecciones estatales que tan ocupados y alejados les tenían de los problemas de Canarias, hayan tenido tiempo para leer el Real Decreto – Ley 10/2019 de 28 de marzo (BOE de 30) y que se hayan percatado de que hace más de un mes que el gobierno estatal autorizó a las comunidades autónomas a gastar el superávit de ejercicios anteriores en gasto social no financiero.
En este sentido, insiste en que se detraigan del presupuesto educativo todas aquellas partidas que tengan carácter finalista y que, por tanto, no supongan incremento del gasto financiero al no comprometer los presupuestos de ejercicios sucesivos. Dichas partidas son las que pueden ser sufragadas con cargo al superávit según lo establecido en el RD-L 10/2019. Quedando, por tanto, disponibles las partidas ordinarias inicialmente consignadas a esos gastos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019. Esas partidas, que ahora quedan disponibles, son las que el Gobierno de Canarias puede reasignar al capítulo I (personal) dentro de la propia Consejería de Educación.
Es decir, el superávit no puede destinarse a contratar más docentes pero sí al mantenimiento de centros, equipamiento, becas, programas de formación y otros programas de carácter finalista que no implican continuidad del gasto al año siguiente. En cambio, el dinero que inicialmente se había presupuestado a esos epígrafes, sí se puede sacar de ahí y destinarse a contratar el profesorado necesario para que la reducción horaria sea una realidad el uno de septiembre. Como siempre hemos mantenido, todo es cuestión de voluntad.