Entrevista a José Luis Fumero en Radio San Borondón
SB-Noticias José Luis Fumero reclama al TSJC y al Juzgado que exijan ya a Agustina Beltrán el derribo de los adosados de La Escalona, a lo que está obligada por sentencia firme reiterada en varias ocasiones
“Si la Justicia no obliga ya a la alcaldesa de Vilaflor a derribar los adosados de la Escalona, estarán hipotecando el futuro del municipio”, ha afirmado en Radio San Borondón el ex alcalde y actual portavoz de la oposición municipal.
Campaña de dilación
Fumero acusa a la alcaldesa de estar retrasando adrede el derribo de los adosados de La Escalona dejando un grave problema no solo al próximo gobierno que salga de las urnas el próximo mes de mayo, sino hipotecando la economía del municipio que se va a ver severamente perjudicada.
Y es que, recuerda el edil, habrá que afrontar importantes indemnizaciones a los propietarios, que van a pedir daños y perjuicios, por lo que Fumero plantea si debería ser asumido ese dinero con el patrimonio personal de los responsables públicos, en lugar de que sea a costa de los vecinos.
Recuerda el edil que aunque el proyecto de demolición se aprobó el pasado mes de septiembre, la alcaldesa, en un claro intento de dilatar el derribo, notificó a los propietarios a ver si ellos podían asumir el derribo, lo que ha propiciado que a fecha de hoy no se haya hecho nada.
Insiste en que, además, al Juzgado de lo Contencioso que ha advertido en varias ocasiones de la imposición de multas coercitivas al gobierno municipal por incumplir la sentencia
“Aquí está claro que se ha delinquido, pues hay una sentencia firme que así lo acredita, y es lamentable que sean los ciudadanos quienes lo vayan a pagar no solo con sus impuestos, sino condenados a recibir menos y peores servicios durante los próximos años”.
Antecedentes
El caso viene del año 2006 a raíz de una denuncia de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza ATAN sobre la licencia para construir 76 chales pareados en el Camino Real de la Escalona. En 2008, el juzgado declaró ilegal la construcción de dichos chalés. La sentencia insiste en que, aunque se habla de que en la modificación del Plan General será suelo urbano, en la actualidad no lo es y por tanto, sigue siendo suelo rústico potencialmente productivo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ratificó dicha sentencia el 13 de julio de 2009 y el 2 de noviembre de 2010, el juez ordenó al Ayuntamiento de Vilaflor la ejecución de la misma, reiterando esta diligencia en 2013. A pesar de ello, las 27 viviendas construidas de las 76 autorizadas siguen en pie, aunque en estado de deterioro.
En 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obligaba a ejecutar la demolición, que, al no haberse materializado, reiteró en diciembre de 2017.
Finalmente, en enero de 2018, el Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo estableció que la demolición debía llevarse a cabo antes del 5 de febrero de ese año, orden que volvió a incumplir el gobierno municipal.