Sí se puede considera necesario investigar la compra de propiedades vinculadas a Plasencia con cerca de 30 millones de fondos públicos
La organización ecosocialista encuentra inquietante que CC pretenda ayudar al empresario condenado a pagar parte de la multa por daños ecológicos en los barrancos de Güímar
Sí se puede considera necesario investigar la compra de propiedades vinculadas al empresario Antonio Plasencia con cerca de 30 millones de euros de fondos públicos, procedentes del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias. La organización ecosocialista encuentra inquietante que esta iniciativa «esconda la voluntad de Coalición Canaria de financiar con dinero público parte de la sanción de 66 millones de euros que el empresario debe pagar por el daño ecológico causado en los barrancos del Valle de Güímar por la extracción ilegal de áridos», asegura Annabel Espinosa, portavoz de la Coordinadora Insular de Sí se puede en Tenerife.
“Vamos a solicitar los expedientes de las dos compras de propiedades de Plasencia por cerca de 30 millones de euros que se han realizado en Tenerife recientemente por parte del Cabildo Insular y de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para estudiar posibles acciones por nuestra parte”, anuncia Espinosa.
La portavoz de Sí se puede se refiere a la compra de un edificio de 13 plantas en Cabo Llanos –Santa Cruz– por parte del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), dependiente del Cabildo de Tenerife, por 23 millones de euros, con la intención de dar alojamiento provisional a las personas ingresadas en el hospital Febles Campos durante los dos años que tardará en ejecutarse el Febles Campos II. Asimismo, se refiere a una segunda compra, en este caso, de un solar anexo al hospital de La Candelaria, a costa de los presupuestos de la Consejería de Sanidad, por un valor de 5,5 millones de euros para la ampliación del centro sanitario y para aparcamientos subterráneos.
La organización ecosocialista destaca que hay serias dudas sobre la legalidad de la compra del edificio en Cabo Llanos, tanto sobre si una administración pública puede comprar edificios ya concluidos mediante adjudicación directa y sin concurso público, como por si es posible cambiar el uso de esta edificación de administrativo, que es el actual, al sociosanitario, que es el previsto, cuando el PGO vigente que lo admite está a punto de ser anulado.
«Es curioso ver cómo para el caso del aparcamiento no se ha aplicado el PGO vigente, que reconoce ese espacio como sistema general, y cuya adquisición, por tanto, debe hacerse mediante expropiación, mientras que para el edificio de Cabo Llanos sí lo tuvieron en cuenta y se va a invertir una gran cantidad de dinero público cuando el uso sociosanitario no estaría admitido desde el momento que adquiera firmeza la sentencia que anula el PGO», apunta Espinosa. En ambos casos, «casualmente, se ha optado por el criterio que más beneficia los intereses de Plasencia», recalca.
Asimismo, señala que la Intervención del Cabildo manifestó reparos a esta operación y que esta se complica por la suspensión del PGO de la capital tinerfeña y que el empresario ahora beneficiado por estas compras se ha visto en apuros para vender este edificio en pleno periodo de crisis, ya que su venta ha estado paralizada en el mercado inmobiliario durante seis años. “Parece que ahora CC se apresura a usar fondos públicos para ayudar a quien ha sido socio del sistema político sobre el que la derecha canaria ha sustentado su poder durante décadas”, afirma la portavoz ecosocialista.
En este sentido, Sí se puede subraya que Antonio Plasencia es el arquetipo de empresario asociado al sistema político y que recientemente ha sido condenado por la Audiencia Provincial tinerfeña por el caso Las Teresitas y en firme por el caso de la extracción ilegal de áridos en el Valle de Güímar.