Ante la denuncia hecha pública por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, en rueda de prensa celebrada el pasado día 27 de diciembre de 2018, aparece una respuesta de la Consejería de Sanidad, en la página 14 del periódico El Día de 28 de diciembre, que para la Asociación sin dudas merece ser catalogada de inocentada propia de esa fecha.
La Consejería cita como fuente al Ministerio de Sanidad que – aclara la ADSPC- sin embargo conviene aclarar que publica los datos remitidos por las comunidades autónomas, en este caso correspondientes a la lista de espera a 30 de junio de 2018. Por tanto, los datos contenidos en la respuesta de la Consejería son los datos oficiales de ella misma y ya es de sobra conocido el afán por la «cocina» de nuestra Consejería. Es el gran inconveniente de la escasa transparencia de la administración sanitaria de Canarias que no pone al servicio del control público un sistema de seguimiento continuo de las listas de espera.
Canarias, con una espera media oficial de 147 días encabeza la clasificación del conjunto de las CCAA. De los pacientes que esperan, el 24 % esperan más de 6 meses para ser operados, mientras que en el País Vasco y en Asturias no habría ningún paciente esperando más de 6 meses.
En cualquier caso, explica la Asociación que la supuesta rebaja de la lista de espera se habría hecho recurriendo a las clínicas privadas y con financiación pública lo que supone la potenciación con dinero público del negocio de la sanidad privada, «Curiosamente, el Consejero utiliza como argumento para recurrir a la privada el hecho de que la sanidad pública canaria, además de la falta de camas, es la última en número de quirófanos públicos. ¿Quién es responsable de eso?, por ejemplo, es conocido que Baltar no invirtió 18,5 millones de euros presupuestados para infraestructuras sanitarias en 2017».
Pero – añade la Asociación- cuando se llega al éxtasis de la desvergüenza es al referirse al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Dr. Negrín, señalando que desde 1991 ha estado concertado por lo que niega que se dé una nueva privatización, pretendiendo ignorar que en el año 2015 finalizó el contrato, y sus prórrogas, por lo que desde esa fecha el servicio de Medicina Nuclear ha seguido gestionado por San Roque en una situación de alegalidad. A esto cabe añadir que hay «informes», que no se han publicado y que hemos solicitado conforme a la Ley de Transparencia y no se nos han facilitado, que indican que la privatización del servicio es «ventajosa» por lo que, blanco y en botella, se va a formalizar una nueva privatización, más claramente tras el rechazo a su carácter público en el Parlamento por parte de CC, PP y ASG.
En cuanto a las Ofertas Públicas de Empleo, afirma la ADSPC que carecen de credibilidad tanto en cuanto a la oferta de plazas reales como en cuanto a su cobertura efectiva final. Son expertos en sacarlas en vísperas de elecciones y si tenemos en cuenta que aún no se ha terminado la del año 2007 prácticamente queda todo dicho al respecto.
«Solo podemos añadir – concluyen- que duele tanto cinismo y burla a trabajadores y ciudadanía en general a los que llamamos una vez más a reaccionar con indignación para acabar lo antes posible con estos dirigentes que no se merecen.