La diputada Concepción Monzón asegura que “este Gobierno y el anterior favorecieron a los propietarios de unos terrenos pagando con dinero público algo que no correspondía”.
Concepción Monzón, diputada del Grupo Parlamentario Podemos Canarias, ha denunciado este martes en la Cámara regional que el Gobierno de Canarias pagó “un sobreprecio” para expropiar unos terrenos en el enlace de la autopista GC 1 a la carretera GC 300, en el barranco y Costa Taurito de la obra del tramo Puerto Rico-Mogán de la GC-1.
En concreto, Monzón exigió explicaciones ante el hecho de que una primera valoración de expropiación forzosa, cuantificada en 275.587,58 euros en un informe técnico del 7 de junio de 2011, se transformara en otro informe del 3 de julio de 2011 en 5.124.111,36 euros, que fue finalmente la cantidad abonada, justo la que solicitaba la propiedad en la misma fecha.
“¿A qué achaca este gobierno la distinta valoración de la situación de los terrenos expropiados? ¿Cómo es posible que haya esa disparidad de criterios y contradicciones? ¿Considera que esto sucede en otros expedientes?”, ha increpado al vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez.
Malas praxis
Y es que, para la diputada de la formación morada, “ustedes como miembros del Gobierno deben subsanar los errores, corregir malas praxis, devolver la confianza a la ciudadanía y gestionar lo público para el interés general y no para el de unos pocos”.
Para Monzón, el informe técnico de valoración fechado en junio de 2011 “tiene en cuenta la situación real y dentro de la legalidad de las parcelas, considerando la calificación del suelo, las sentencias judiciales y la nulidad de las licencias urbanisticas, no pudiendo considerarse urbanas, como solicitaba la propiedad”.
Sin embargo, en julio de 2015, la empresa “presenta una solicitud de valoración de 5.124.11,76 euros, aludiendo a negociaciones desde noviembre de 2014, para alcanzar un acuerdo de justiprecio, y presentando facturas que nada tenían que ver con las obras de la supuesta urbanización de las parcelas”.
Monzón insistió ante el consejero de Obras Públicas y ‘número dos’ del Gobierno en minoría, que a este informe se le adjuntaron facturas y alegaciones sobre los perjuicios ocasionados, aludiendo a las licencias municipales que tenían y la alteración de esta obra pública respecto a la urbanización y “facturas de proyectos que no solo no se ejecutaron, sino que de ninguna de las maneras tenían que ver con la obra pública”.
Según la diputada, “ese mismo día” se emitió un informe del Servicio de Valoración, a solicitud verbal del entonces consejero, Domingo Berriel, “dando por buenas todas las alegaciones presentadas por la empresa, partiendo de la hipótesis de que con la ejecución de la carretera convencional de interés regional que une la GC-1 con la GC-500 se ha producido la alteración de la urbanización que habia sido ejecutada por la mercantil titular de los terrenos”.
Informes contradictorios
“¿Hipótesis? La Administración valora por hipótesis o por hechos? En este informe el técnico se contradice sobre la situación real que él mismo emitió en el informe de 27 de octubre de 2011.
Para la diputada “es un hecho que no se habían realizado las obras de urbanización previstas, quizá porque les cogió la crisis en medio y no se arriesgaron a realizarlas”, y por tanto “las licencias debían ser anuladas por no cumplir con las condiciones previstas, además del hecho de que estas licencias fueron adjudicadas antes de la publicación de las normas subsidiarias anuladas por el TSJC”.
Asimismo, preguntó “si es habitual que el propio consejero sea quien firme el acta de mutuo acuerdo”.
“¿Cuando se produjo el cese de este consejero, después de las elecciones? Yo se lo digo, un día después de firmar este acta”, insistió Monzón en el estrado. Muchas prisas al final para cerrar el expediente.
Por tanto, el Gobierno “aprobó un gasto de un valor muy por encima del real, del que le correspondía según la normativa y la jurisprudencia, favoreciendo a los propietarios de unos terrenos pagando con dinero público algo que no correspondía” “Esta es la fiscalización del Gobierno?”, remachó.
“Este Gobierno demuestra cómo está con los grandes terratenientes y no con el interés general. Así, este Gobierno comete irregularidades graves que afectan a toda la ciudadanía canaria y se da mucha prisa al final para cerrar este expediente”, afirmó Monzón.
Moneda de cambio
Para la diputada, este caso “nos hace entender aun más el por qué de las modificaciones de la Ley del Suelo, no quieren controles, no quieren la COTMAC, pues el territorio es para ustedes una moneda de cambio”.
Por ello, considera que “ahora toca actuar y restaurar el daño que se ha realizado a la ciudadanía canaria”, por lo que ha reiterado su petición al Gobierno de que “realice una revisión de oficio” del acto de expropiación y el mismo “se declare nulo y lesivo, devolviendo a las arcas públicas lo que es de todos y todas”.
“Este es un acto nulo que genera derechos donde no los hay. Demuestren que luchan contra las corruptelas y el mal gobierno”, concluyó Monzón.