Hace unos días me decía un pensionista que estaba de acuerdo con las reclamaciones de las plataformas de jubilados, pero que había que ser realista, que a ver de dónde se saca el dinero para financiar lo que pedimos.
El pensionista al que me refiero percibe algo más de 700 euros al mes, con los que apenas malvive, pero los numerosos artículos e intervenciones públicas de economistas, generalmente al servicio de fondos privados de pensiones, en los que se afirma que el sistema público es insostenible, así como las numerosas tertulias de radio y televisión que abundan en la misma idea, han influido en esta persona y en una parte significativa de la sociedad, hasta el punto de considerar una verdad incuestionable lo que no deja de ser una patraña interesada.
Es cierto que las altas tasas de paro, la precariedad de los contratos y los bajos salarios, la inmensa corrupción en las relaciones laborales (contratos en fraude de ley, horas extras que no se cotizan, trabajadores a tiempo parcial obligados a realizar jornadas de 12 horas, etc.), ocasionadas por las políticas de los últimos gobiernos, así como el uso inadecuado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que lo ha dejado casi vacío, han causado una profunda crisis en el sistema público de pensiones. Pero eso lo que indica es que los gobiernos –tanto de Zapatero en su última época, como de Rajoy– hicieron dejación de sus responsabilidades, al no tomar medidas adecuadas (sino todo lo contrario) para impedir ese desastre.
PREMISAS FALSAS.- Pero la tan cacareada insostenibilidad pregonada por economistas interesados y tertulianos poco informados, no se basa en esa realidad objetiva, a la que no suelen prestar mucha atención, sino en dos premisas bien diferentes:
1ª. Que las pensiones en España son muy generosas.
2ª. Que en este país la proporción de ancianos en relación a la población general es de las más altas del mundo.
Un reciente artículo del catedrático de Economía Aplicada y gran estudioso del tema, Vicenç Navarro, no deja lugar a dudas de la falsedad de esas afirmaciones: Ni las pensiones son muy generosas –la pensión media en España es más baja que la media en la Europa de los 28, y eso a pesar de que el PIB en nuestro país es muy superior–, ni la proporción de personas ancianas es de las más altas, pues según la Agencia de Datos de la UE, el porcentaje de población de más de 65 años de edad es ligeramente inferior en España (19%) que en la UE-28 (19,4%), lo que deja claro que no somos uno de los países más envejecidos del mundo e invalida este argumento para justificar la inviabilidad del sistema público de pensiones.
LAS PENSIONES SON RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.- Pero, volviendo a lo fundamental: ¿Es posible un sistema público que garantice un nivel de pensiones suficiente para que las personas que, por razones de edad o por otras circunstancias, no puedan seguir trabajando, vivan dignamente y sin sobresaltos? Rotundamente, sí. Tenemos que recordar que las pensiones públicas son responsabilidad del Estado como tal (artículo 50 de la Constitución Española) y no de la Seguridad Social, que es un organismo del Estado que solo se ocupa de gestionarlas.
Una vez establecido esto, tenemos que determinar si España dispone de suficientes recursos económicos para dar cumplimiento al mandato constitucional y la respuesta es otra vez rotundamente sí, baste señalar que somos la cuarta economía europea. Otra cosa es si las decisiones políticas que se han tomado por los últimos gobiernos se han orientado hacia ese objetivo, y parece claro que no.
En un país con un altísimo nivel de evasión fiscal y de economía sumergida, el Gobierno del PP redujo la plantilla de la Agencia Tributaria, que pasó de 28.000 empleados públicos en 2009 a poco más de 25.000 en 2018. GESTHA, el sindicato de técnicos de Hacienda, estima que con un plan eficaz y con personal suficiente, se podrían recaudar 40.000 millones de euros más y reducir el escandaloso porcentaje del 25% en que se estima la economía sumergida en España. Pero no parece que, hasta ahora, haya habido mucho interés en aumentar la recaudación del Estado, persiguiendo un fraude ampliamente reconocido (antes al contrario, como lo demuestra la anticonstitucional amnistía fiscal del ministro de Hacienda del anterior Gobierno, Cristóbal Montoro).
HAY DINERO PARA GARANTIZAR LAS PENSIONES.- Es de sobra sabido que para garantizar los servicios sociales que la mayoría de la población demanda es imprescindible aumentar urgentemente los ingresos del Estado y sí hay dinero para eso, aunque el amigo pensionista al que me he referido al principio de este artículo, confundido por las opiniones interesadas de los detractores de las pensiones públicas, se preguntaba de dónde se iba a sacar el dinero para atender las justas demandas de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones durante las movilizaciones de estos meses pasados.
Pues bien, no es difícil contestar a esa pregunta: El dinero hay que sacarlo de donde está, y sabemos dónde está. Por poner algunos ejemplos, el Banco Santander obtuvo en 2015 unos beneficios de 3.455,2 millones de euros y en 2016 de 2.326,69 millones, según sus declaraciones fiscales. ¿Cuánto aportó al Estado por el Impuesto de Sociedades? Nada, cero euros. Lo mismo que Bankia y la mayor parte de los otros grandes bancos del país, a los que, por otra parte, se “rescató” con 60.000 millones de euros, que se duda en recuperar. Lo mismo ocurre con las diez cajas de ahorro, su aportación fiscal también es cero. Y si miramos a las eléctricas, que encarecen sus recibos cada año sin ninguna explicación lógica, o a las empresas del IBEX 35, que apenas aportan al Estado un 5% de sus beneficios, tendremos un panorama más completo del gran desbarajuste fiscal existente en este país, donde los únicos que a ciencia cierta pagan los impuestos debidos son los que cobran sus sueldos por nómina.
BURLA LEGAL.- Y todo esto es formalmente legal, no vayan ustedes a creer lo contrario. Las numerosas exenciones fiscales que disfrutan empresas como las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAVs), que tributan el 1% de sus beneficios, en lugar del 30%, y las variadas bonificaciones (esas sí que son generosas, y no las pensiones) permiten a las grandes empresas unas declaraciones fiscales como las que he indicado más arriba. En definitiva, se burlan de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas comunes, lo han hecho hasta ahora con la connivencia de los gobiernos y lo hacen porque pueden hacerlo, porque son esas grandes corporaciones las que tienen el poder real.
RETOMAR LAS MOVILIZACIONES.- Un Gobierno progresista no va a poder cambiar esta situación apelando solo a la buena voluntad de estos oligopolios o esgrimiendo ante ellos argumentos cargados de razones socialmente justas o de simple sentido común. No hay que engañarse, la situación de privilegio que disfrutan las grandes fortunas y las grandes entidades financieras y empresariales sólo se puede cambiar por la presión social. La presión de colectivos auto-organizados, independientes y autónomos, como las kellys o las organizaciones de mujeres y de pensionistas. Por eso es de suma importancia retomar las movilizaciones este otoño. Nuestra capacidad de presión en las calles, defendiendo nuestros derechos, debe contrarrestar la de las grandes corporaciones para conservar sus privilegios.
O eso, o lo perderemos todo.
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*Luis Pérez Serichol es vicepresidente y portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias.