Declaraciones del Consejero de Sanidad a Radio San Borondón
SB-Noticias.- El Consejero de Sanidad dice que se alegra de que lo hayan denunciado ahora, porque casualmente el concurso para normalizar los conciertos con la sanidad privada salió hace varias semanas
El pasado viernes Intersindical Canaria hacía pública la presentación de una demanda contra los conciertos sanitarios entre el Servicio Canario de Salud y la sanidad privada, por estar fuera de la legalidad vigente.
Los representantes sindicales recordaban que es tal el despropósito, que a día de hoy, se mantienen acuerdos con entidades privadas en materia sanitaria de la época de la dictadura franquista (hace 59 años).
Con tono jocoso y de manera escueta respondía el titular de la sanidad canaria, José Manuel Baltar, este lunes a la redactora de Radio San Borondón, que le pidió una valoración sobre dicha denuncia: «Me alegro que me denuncien ahora – sentenció- porque justamente hace dos o tres semanas ha salido el concurso que va a normalizar y ajustar esos conciertos a la Ley actual».
El Consejero reconoce que durante todos estos años el Gobierno de CC ha mantenido estos conciertos, que vienen de la etapa preconstitucional, con la sanidad privada sin tocar, pero está tranquilo porque ya salió el concurso «y tenemos un plazo de dos o tres meses para poner todo al día».
Los Centros afectados, son, entre otros: Clínica Santa Catalina, Hospital Febles Campos, Hospital Quirón Tenerife, Hospital Ciudad de Telde, Hospital La Paloma, Hospital El Sabinal (Clínica “San Martín”), Hospital Insular de Lanzarote, Clínica San Roque, Hospital San Juan de Dios, Hospiten Sur en Las Américas…
IC recuerda que si bien la posibilidad de concertar con centros privados está contemplada en la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, su finalidad se establece siempre como complementaria de la actividad sanitaria pública y en casos excepcionales. No forma parte de su cometido sustituir a ésta como viene ocurriendo. Mucho menos, invertir los términos para generar deficiencias, infra dotando los servicios públicos y así tratar de justificar la necesidad de privatización.
Peor aún consideran el hecho de que en el año 2013, la Dirección del Servicio Canario de la Salud suscribió con las entidades indicadas cláusulas de revisión de precios, sin plantearse si quiera el incumplimiento de la normativa de la Ley 53/1999 de 28 de noviembre, de Contratos con las Administraciones Públicas.