El portavoz de Sí se puede destaca que los gobiernos del alcalde han permitido todos los desmanes de Sacyr Vallehermoso en Emmasa
El portavoz del grupo municipal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, acusa al alcalde José Manuel Bermúdez de “frivolizar con un asunto de enorme sensibilidad” al asegurar este lunes que los vertidos de aguas residuales al mar que se practican en la capital tinerfeña cuentan con autorización de la Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno de Canarias y que ya se está ampliando la depuradora situada en la capital tinerfeña, según manifestó en declaraciones a un medio de comunicación capitalino.
“La realidad es que a lo largo de sus dos mandatos, desde que tomó posesión en mayo de 2011, no hay un solo vertido en Santa Cruz que cumpla con la directiva comunitaria –asegura Arcila–; es más, el propio Cabildo se ha visto obligado a reconocer en un escrito dirigido a la Unión Europea el incumplimiento de la directiva en los vertidos de Cabo Llanos”.
Precisamente, el alcalde, en sus declaraciones de este lunes, presumió con orgullo del estado de estos vertidos, mientras que la realidad en el municipio es la contraria a la que Bermúdez señala. Es más, “los propios técnicos municipales reconocen también que el resto de los vertidos que se dan en el municipio también incumplen las obligaciones establecidas por Europa”.
El portavoz ecosocialista pidió la semana pasada una comparecencia en la Comisión de Control del concejal de Servicios, Dámaso Arteaga, para que informe sobre la situación de los vertidos de aguas residuales de tierra a mar. Precisamente, Arcila apunta que es la propia información que ha dado Arteaga a regañadientes en la citada comisión a instancias reiteradas de Sí se puede la que contradice “el elocuente engaño que ofreció Bermúdez a los oyentes de una emisora local esta mañana”.
Arcila insiste en que “la mejor prueba para desmentir a Bermúdez son las sucesivas intervenciones de Arteaga en la Comisión de Control: si el propio concejal de Servicios Públicos lleva seis años negando la realidad, Bermúdez no puede salir ahora con que su gobierno lleva seis años solucionándolo porque el primer paso para ello es reconocer un problema que Arteaga ha estado negando”.
El concejal de Sí se puede recuerda también al alcalde que “la gestión de los gobiernos de Bermúdez se ha caracterizado por hacer la vista gorda a los desmanes de Sacyr Vallehermoso en Emmasa”. En este sentido, Arcila señala que “Sacyr ganó un concurso para hacerse cargo de la gestión del servicio público del agua con la promesa de efectuar múltiples inversiones y, entre ellas, tenían que haber invertido en depuración. No lo han hecho”. A juicio de la organización ecosocialista, “Sacyr Vallehermoso está cometiendo el mayor atentado ambiental del municipio”, ha declarado Arcila.
Sí se puede ha podido recabar información de la que se deduce que existen varios puntos de vertidos de aguas residuales en San Andrés y en Igueste sin la preceptiva autorización del Gobierno de Canarias. Además, en las conducciones de desagüe de Acorán, Añaza, EBAR de Cabo Llanos y en varios aliviaderos en otras zonas de la costa chicharrera, las concentraciones de sustancias contaminantes presentes en el efluente son superiores a los valores establecidos como objetivos de calidad para la zona receptora.
Por otra parte, la conducción de desagüe de Acorán está rota, por lo que se está incumpliendo cualquier autorización previa del Gobierno de Canarias. Mientras, respecto a las aguas residuales de Añaza, Santa María del Mar y Los Alisios, tan solo se está efectuando un tratamiento primario, de forma que se vierte en el litoral una carga contaminante que hace peligrar los sistemas naturales del medio marino-
Estas situaciones suponen incumplimientos del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, así como de la Orden de 13 de julio de 1993 sobre tratamiento de aguas residuales, además de la directiva europea ya mencionada. La situación es tan grave que ya se ha dictado auto de procesamiento por un presunto delito contra el Medio Ambiente por el caso de los vertidos de la EBAR de Cabo Llanos, tal como recuerda el portavoz.