Entrevista en Radio San Borondón a Santiago Pérez
SB-Noticias.- La Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible comparece esta tarde ante el Comité de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo con el claro objetivo de plantear ante las instituciones europeas los problemas de legalidad europea del paquete legislativo que ha desarrollado el Gobierno de Canarias en materia de ordenación del territorio y de los recursos naturales y urbanística.
Esencialmente la Ley de Islas Verdes, aprobada en el mes de septiembre de 2016, sobre la ordenación territorial turística de La Palma, La Gomera y El Hierro; y la Ley del Suelo de Canarias que, aprobada el 21 de junio pasado, ha entrado en vigor el 1 de septiembre.
El portavoz de la Plataforma será el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, Santiago Pérez, quien ha redactado la denuncia a una polémica y contestada Ley que ha entrado en vigor el pasado 1 de septiembre.
Santiago Pérez defenderá que esa nueva ley del Gobierno de Fernando Clavijo vulnera normas europeas y españolas de carácter básico, además de suponer “una regresión de derechos de los ciudadanos reconocidos por la UE, la Constitución Española y las tradiciones constitucionales comunes de los Estados europeos, como el derecho a la igualdad ante la Ley frente a la arbitrariedad de los poderes públicos, a la propiedad y al medio ambiente”.
Ya en marzo, cuando la Plataforma acudió a Bruselas por primera vez, advirtió de que uno de los fines que pretende toda la estrategia del Gobierno de Canarias es aprobar normas que puedan ejecutarse rápido, de forma que una vez ejecutados los proyectos aunque haya sentencias tardías declarando su nulidad la transformación del territorio y los recursos naturales sea irreversible. Y no nos hemos equivocado. En La Palma, ya se han puesto en marcha proyectos en espacios integrados en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, como es el campo de golf de Tamanca.
Para la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible este conjunto normativo, especialmente a través de la creación de los “proyectos de interés singular”, va en contra de algunos derechos fundamentales, no sólo de la legislación ambiental europea, sino de algunos derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico europeo, y en particular por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como son el derecho al medioambiente, el derecho a la igualdad ante la Ley y a la no discriminación, y el derecho de propiedad “porque a través de estos instrumentos de proyectos de interés singular, que se aprueban discrecionalmente por la autoridad administrativa, se puede poner en marcha el procedimiento expropiatorio, de forma que las garantías constitucionales y europeas del derecho de propiedad se convierten en una entelequia”.
En definitiva, lo que la Plataforma va defender en Bruselas ante el PETI es algo que para consideran, sigue teniendo plena actualidad y no es otra cosa que el diagnóstico expresado en la Memoria de la Directrices de Ordenación General (Memoria que, a pesar de carecer de valor normativo, el Gobierno también ha derogado explícitamente con la Ley del Suelo): “El objetivo de mantener nuestro medio natural coincide plenamente con el de hacer duradera nuestra principal fuente de recursos económicos. La defensa de los valores ambientales, imprescindible para sostener el atractivo turístico de las Islas, puede convertirse también en un magnífico reclamo para esa actividad”.