Publicado en el Viejo Topo Express en agosto de 2017
A medida que se aproxima la fecha del referéndum unilateral se agudiza la polarización en la sociedad catalana y la división entre las izquierdas del país. Aquí se analizan los argumentos de los partidarios de apoyar la participación en el referéndum.
Esta fractura es especialmente visible en el espacio de los Comunes donde un sector próximo a Iniciativa per Catalunya difundió el manifiesto L’1 de octubre no hi anirem mientras que otro sector más ligado a EUiA, entre ellos el sociólogo Manuel Delgado o el histórico militante Celestino Sánchez, organizado en la plataforma Comunistes pel Sí, ha publicado otro manifiesto donde defienden la participación en el referéndum y el voto favorable a la secesión. Estas discrepancias han trascendido en forma de enfrentamiento entre la dirección estatal de Podemos y el secretario general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín, que contra el criterio de Pablo Iglesias y Pablo Echenique, se muestra favorable a participar en la consulta. Un enfrentamiento que en la dirección de Catalunya en Comú (CeC) se ha resuelto en una ambigüedad estructural, de manera que cuando faltan escasas semanas para la consulta la formación liderada por Ada Colau aun no se ha definido sobre su postura en un tema de trascendental importancia. Justamente, estas ambigüedades y complicidades respecto al movimiento independentista podrían provocar, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un trasvase del voto de los barrios obreros de CeC, hostil a la independencia, hacía el PSC, al menos en las elecciones al Parlament de Catalunya, donde el debate político está centrado monotemáticamente en la cuestión de la independencia.
Autodeterminación
Los argumentos de los partidarios, desde la izquierda, para participar y validar el referéndum unilateral pivotan sobre tres ejes. En primer lugar se trata de ejercer el derecho a la autodeterminación. En segundo lugar, el referéndum es una gran oportunidad para quebrar el denominado régimen del 78 e impulsar un cambio progresista en el conjunto del Estado español. En tercer lugar, la República catalana creará, mediante un proceso constituyente, una correlación de fuerzas favorable a la clase trabajadora. Un planteamiento que pretende vincular en un mismo proceso la lucha por la liberación social y la emancipación social.
Analicemos, pues, la validez teórica y política de estos argumentos. Respecto al primer punto, se realiza una interpretación abusiva del derecho a la autodeterminación como un derecho democrático universal e irrestricto, situándolo al mismo nivel de otros derechos fundamentales como las libertades de expresión, reunión, manifestación o la participación democrática en la vida pública. El derecho a la autodeterminación, según la legislación internacional, está reservado a naciones o pueblos sometidos a dominación colonial u ocupación militar que impiden su libre desarrollo cultural o económico. Ahora bien, estas circunstancias no se dan en Catalunya. Esto explica, en parte, los esfuerzos por presentar al Estado español como un régimen semidictatorial, heredero del franquismo. Ello a despecho que Catalunya dispone de un amplio régimen de autogobierno, ciertamente ampliable y mejorable. De ahí que, para obviar este obstáculo, se utilice la locución de “derecho a decidir”.
Desde la izquierda marxista, se invoca la defensa de V. I. Lenin al derecho a la autodeterminación, pero se ignora la supeditación y el condicionamiento que éste realizaba al ejercicio de este derecho en función del análisis concreto de los intereses de clase como ha expuesto en un excelente artículo José Luís Martín Ramos. Ello sin mencionar la postura radicalmente contraria a este derecho de otra revolucionaria como Rosa Luxembourg que lo consideraba uno de los principales peligros para la unidad internacional del proletariado y una prueba de la penetración del nacionalismo pequeñoburgués en el cuerpo doctrinal del marxismo. En cualquier caso, resulta falaz presentar el derecho a la autodeterminación de las naciones como un derecho universal e irrestricto cuyo no reconocimiento por el Estado español demuestra su carácter no democrático, puesto que la práctica totalidad de los Estados democráticos no lo reconocen en sus ordenamientos constitucionales.
A nuestro juicio, los importantes apoyos sociales y políticos al independentismo, justifican la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, pero no como la aplicación de un derecho universal, sino como la respuesta democrática a una exigencia de una parte sustancial de la ciudadanía catalana. Esto, como ha ocurrido en Escocia, debe ser el producto de un pacto con el Estado y entre las fuerzas políticas catalanas, con garantías democráticas y un debate a fondo sobre los prejuicios y beneficios de la secesión, como se estipula en las condiciones de la Comisión de Venecia o en la Ley de la Claridad canadiense. Ninguna de estas condiciones se da en la convocatoria del 1-O. Podría argumentarse satisfactoriamente que la negativa del gobierno del PP a considerar esta salida es el principal escollo en este sentido. Sin embargo, tampoco el ejecutivo de Junts pel Sí, en cuyo programa electoral no figuraba el referéndum, y sus aliados de la CUP ha facilitado esas mínimas garantías democráticas. Empezando por la manifiesta parcialidad de los medios de comunicación de la Generalitat, la negativa a realizar un amplio debate parlamentario sobre el tema e imponiendo unilateralmente unas condiciones respecto al quórum de participación y las mayorías requeridas para legitimar la secesión inaceptable desde una exigencia mínimamente democrática.
República catalana
Respecto al segundo argumento, la celebración del referéndum y la declaración unilateral de independencia supondrían, en efecto, una ruptura pero no sólo con el régimen del 78, sino con el Estado español que ha experimentado a lo largo de su atormentada historia monarquías y repúblicas.
Resulta más que discutible que una hipotética Republica catalana independiente supusiese un factor de progreso y mejora respecto a un ordenamiento jurídico-político producto del pacto entre la oposición democrática y los sectores reformistas del franquismo. Ciertamente el régimen de 78, atravesado por una triple crisis politicoinstitucional, económica y territorial, está reclamando como mínimo una profunda reforma o en el mejor de los casos la apertura de un proceso constituyente a nivel estatal. Sin embargo, la secesión de Catalunya, uno de los territorios más ricos del país, entorpece más que facilita este proceso, en la medida que reactiva al nacionalismo español y es percibido con escasas simpatías por amplios sectores de la población española. Históricamente, Catalunya había estado en la vanguardia de los movimientos de democratización y ampliación de los derechos sociales en España. Así fue en las dos repúblicas y la transición.
La deriva independentista no solo supone una ruptura con esta tradición, sino que dificulta extraordinariamente que ahora éste pueda ponerse en marcha. Si las fuerzas políticas catalanistas, en vez de apostar por la secesión, lo hubiesen hecho por una transformación del régimen del 78, quizás este proceso habría sido imparable. De hecho, el proyecto independentista está ayudando más que cualquier otro factor a aposentar el gobierno del PP.
Además, por lo que se ha filtrado a los medios de comunicación, la República catalana tendría un fuerte contenido presidencialista y de carácter étnico que se contradice con la pluralidad identitaria de la sociedad catalana.
Medios y fines
El tercer argumento de las izquierdas que apoyan el referéndum del 1-O nos sumerge en el ámbito de la fantasía política y en la proyección de sus ilusiones. La base social del movimiento independentista no es la clase trabajadora, sino las clases medias formateadas ideológicamente por el nacionalismo identitario durante el pujolismo. De hecho, la clase trabajadora catalana, en gran parte de origen español, se muestra hostil a la secesión, tanto por sus vínculos sentimentales y familiares con el resto de España, como por instinto de clase, pues resulta evidente que quienes defienden la separación son los mismos que han ejercido sobre ellos una dura dominación de clase.
Llegados a este punto, podría argumentarse que la hegemonía del movimiento nacionalista/independentista está pasando del nacionalismo burgués de CiU (ahora PDeCat) al nacionalismo pequeñoburgués de ERC, potencialmente aliado con las izquierdas. No obstante, desde el punto de vista social, el radicalismo de ERC es puramente verbal y más allá de algunas mejoras en las condiciones de vida y laborales de los trabajadores no puede esperarse de esta formación una apuesta por un cambio de las estructuras socioeconómicas del país. Así, pues, los trabajadores catalanes no tienen nada que ganar con una secesión que no sólo les separa del resto de la clase obrera española, de la que se sienten parte, sino que los amenaza, por motivos identitarios, en convertirlos en extranjeros del nuevo país. Además, se comete un error de gran calibre al situar en el mismo nivel la lucha nacional y la social. El terreno de juego de las reivindicaciones nacionalistas, como se ha demostrado ampliamente en la reciente historia de Catalunya, es siempre favorable a la burguesía y la pequeño-burguesía, y en el que la cuestión social siempre acaba subordinándose a las necesidades de la causa nacional.
El referéndum de autodeterminación es un procedimiento que contiene dos elementos estrechamente vinculados. Por un lado, es un instrumento para resolver un conflicto nacional; por otro, es el medio para alcanzar el objetivo de un Estado propio. En el primer caso, los referéndums de esta naturaleza pueden ser útiles para pacificar los conflictos nacionalitarios, como en Quebec o Escocia, o por el contrario ser la chispa que encienda la conflagración como sucedió en Croacia y Bosnia. El planteamiento del 1-O está más orientado a incrementar el conflicto que a pacificarlo. En el segundo caso, como releva tanto el programa de Junts pel Sí, como las condiciones anunciadas para declarar su victoria en el referéndum, resultan un mero formulismo para proclamar la secesión, sin tener en cuenta los apoyos reales a la separación.Por todo ello, la izquierda catalana habría de oponerse a este referéndum tal y como está planteado, aunque no descartar la celebración del mismo como respuesta democrática a las reivindicaciones de un amplio sector de la ciudadanía catalana. Esto, desde luego, implica un cambio profundo en la correlación de fuerzas en España y una modificación de su actual Constitución. También y sin ningún tipo de ambigüedades, debería oponerse a la secesión. No sólo porque divide a una clase trabajadora, extremadamente desestructurada, sino porque proyecta una República para uso y consumo de las clases medias nacionalistas