Entrevista a Santiago PérezConsidera que los responsables insulares de COAG deberían dar una explicación al respecto “que no les he escuchado”.
SB-Noticias.- La pasada semana se aprobaba la Ley del Suelo en el Parlamento de Canarias, que contó con el apoyo de organizaciones ganaderas y agrarias como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Canarias, cuyo presidente, Rafael Rodríguez afirmaba que el sector primario de las islas apoya «sin fisuras» el proyecto de ley del suelo en lo que afecta al ámbito agrario, porque entienden que se recogen sus aspiraciones.
Santiago Pérez, profesor de derecho constitucional de la ULL, concejal de XTF-Nueva Canarias en el ayuntamiento de La Laguna y asesor de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, se muestra sorprendido por estas declaraciones del presidente de la COAG, que califica de incomprensibles y considera que sus afiliados y responsables insulares deberían dar una explicación al respecto “que no les he escuchado”.
Añade que “esto no sería un régimen si no tuviera capacidad para volcar sus tentáculos en todos lados y para asegurar su mantenimiento en función de intereses particulares”.
Santiago Pérez afirma en Radio San Borondón que Fernando Clavijo y su coorte de asesores han tratado de presentar la legalización de explotaciones ganaderas y otros aspectos de ámbito agropecuario como grandes activos de la ley. Y aunque reconoce que la ley ha mejorado en este caso concreto, sin embargo los mecanismo fundamentales de la ley están intactos “pues esa fue la orden de los grandes constructores” afirma.
Opina que tratan de convertir algunos aspectos del sector agropecuario en parque temático, porque el objetivo básico de la ley es facilitar al máximo los procesos especulativos, y coloca en precario la protección de nuestros recursos naturales y suelo agrícola. En este sentido recuerda que la ley tiene herramientas para derogar los planes, fundamentalmente los proyectos de interés autonómico e insular, que los pueden aprobar discrecionalmente el Gobierno y el Cabildo en contra del planeamiento, lo que para Santiago Pérez es retrotraernos varios siglos atrás.
Por tanto, concluye que si la ley pone en peligro, más aun de lo que está, el suelo agrícola, lo razonable sería que reconocieran que aunque ésta pueda tener algún aspecto concreto positivo, en su generalidad es nefasta para el futuro del sector agropecuario: “Si el gobierno acota determinadas instalaciones y facilita determinadas iniciativas al sector para su adaptación o mantenimiento, pero al tiempo pone en peligro el suelo agrícola, lo que la agricultura canaria va a dar no es producción sino pena” afirma, en referencia a la frase pronunciada por Pedro Molina, presidente de AGATE hace 20 años en el ayuntamiento de La Laguna, cuando afirmó ante la subida del precio del agua que “si una vaca no puede beber 90 litros de agua al día, porque no podemos pagarlo esa vaca no da leche sino que da pena”.