El Parlamento de Canarias ha rechazado este martes, con los votos en contra de PSOE, PP, NC, y la abstención de ASG, la proposición de ley presentada por el Cabildo de Tenerife para ordenar los barrancos de Güímar.
Tras el varapalo, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha afirmado que el Parlamento «ha dejado solo al pueblo de Güímar» al rechazar la tramitación de la ley de ordenación de los barrancos, y ha dejado claro que «a partir de mañana se puede seguir extrayendo áridos».
El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha dicho que todas las instituciones han sido «cómplices» del «mayor atentado ecológico» en Canarias, y con la ley de ordenación de los barrancos de Güímar se trata de empezar a paliar sus efectos y acabar con los «parches» de las últimas décadas.
Ha valorado la lucha de los vecinos de Güímar contra la extracción de áridos y apelado a «mirar de frente» el problema, defendiendo una proposición de ley que anula la extracción minera y permite restaurar el paisaje degradado.
Alonso ha comentado que su voluntad es que los empresarios areneros paguen la restauración de los barrancos, y cree que «es muy difícil» que la sentencia se cumpla si no hay plan restauración, que es lo que incluye la ley.
Sobre las indemnizaciones por cambiar el uso minero, ha comentado que dependerá del plan de restauración, aparte de que se puede compensar con usos y no solo con dinero.
«Nadie que esté condenado puede sacar beneficio de este proceso de restauración», ha comentado, pero sí puede hacerlo Güímar a través del desarrollo de actividades agropecuarias, las principales, y también las turísticas, en las zonas ya agotadas.
«En Güímar cabe todo, lo que no cabe es la intransigencia. Llenemos los hoyos de acuerdos, den una oportunidad al consenso, no a Plasencia o a Carlos Alonso», ha apuntado, reclamando a la Cámara que saque adelante una ley, «esta u otra».
El consejero insular de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez (PSOE), ha detallado que el proceso ha sido «tortuoso y difícil» y ha pedido una «reflexión» a los diputados para que, aunque la ley no se tramite, se trabaje por el pueblo de Güímar. «No lo dejen tirado», ha indicado, reconociendo que se marcha del Parlamento con «sabor agridulce».
Jesús Ramos, del Grupo Mixto (ASG), ha dicho que esta puede ser la «última opción» para resolver el problema de los barrancos de Güímar, y se ha preguntado cuál es la mejor solución.
«No podemos permitir que se sigan degradando», ha señalado, al tiempo que ha advertido a los diputados de que «es un rechazo difícil de asumir» que no se admita la tramitación de la ley.
El portavoz de NC, Román Rodríguez, ha valorado la iniciativa del Cabildo de Tenerife para promover la ley, si bien tiene «serias dudas» sobre el objetivo, porque aunque hay una reivindicación sobre la restauración de los barrancos, ha alertado de que los empresarios condenados no pueden aprovecharse para no pagar.
Ha dicho que no vale cambiar el uso minero por suelo turístico, solo de protección ambiental, y ha mostrado su sorpresa de que el Gobierno canario no haya paralizado la proposición de ley cuando hay informes propios que dicen que es «inconstitucional».
EL GOBIERNO HA BORDEADO LA PREVARICACIÓN, SEÑALA NC
Además, ha señalado que esta ley «no sirve» ni es el instrumento más adecuado para ordenar los barrancos, aparte de que el «daño presupuestario» es muy elevado, y los cambios de uso, más si son turísticos, podrían acabar beneficiando a los areneros condenados.
«Nos duele en el alma no votar a favor de la toma en consideración», ha afirmado, pero ha ofrecido colaboración al Cabildo de Tenerife para buscar una salida.
Concepción Monzón, de Podemos, ha criticado a empresarios «sin escrúpulos» y sin cobertura legal por acometer una «salvaje» extracción de áridos en Güímar entre 1990 y 2005, generando un gran deterioro medioambiental y afectando a las producciones agrícolas.
Ha dicho que «se miró para otro lado» ante las infracciones y la lucha de los vecinos, y aunque comparte algunos principios de la ley, ha señalado que «no es la vía adecuada», según señalan los tres informes de la Comunidad Autónoma. «Rellenar los hoyos en inviable», ha comentado.
Además, ha criticado que se abra la vía a los alojamientos turísticos en línea con la Ley del Suelo, y ha remarcado que «reponer el daño» debe ser pagado por los empresarios areneros condenados. «Debemos buscar soluciones realistas», ha indicado.
EL PP PROPONE UNA COMISIÓN DE ESTUDIO
Cristina Tavío, del Grupo Popular, ha comentado que quien tiene que pagar la restauración son los condenados y que la sentencie debe ejecutarse al margen de la ley, si bien tampoco le satisface que se pueda seguir extrayendo áridos.
En su opinión, esta ley puede «condicionar» los presupuestos futuros de Canarias y tanto Cabildo como Gobierno de Canarias deben pactar una solución conjunta pues tienen competencias para ello. «Güímar no puede seguir esperando», ha señalado.
Ha reclamado «plenas garantías jurídicas y técnicas» y saber «cuanto va a costar», y criticando que desde el Gobierno de Canarias y el Cabildo no se haya solicitado una aclaración de sentencia. «La alcaldesa nos pide a gritos una solución, pero quedan muchos flecos», ha señalado, subrayando que va a proponer una comisión de estudio en el Parlamento.
Gustavo Matos, del Grupo Socialista, ha dicho que lo sucedido en los barrancos de Güímar demuestra como el poder económico y político «se mezclaron» en los últimos 30 años para convertir a la isla en una «finca privada».
En esa línea, ha comentado que los vecinos ganaron una «batalla preciosa» en defensa de su dignidad cuando las instituciones no hicieron su trabajo. «Es brutal, no se puede describir con palabras, es el mayor atentando ecológico de Canarias», ha explicado.
Ha comentado que esta iniciativa «está abocada al fracaso» y supone «jugar» con los vecinos. «No se dejen volver a engañar, este no es el instrumento, quien se los haya dicho, les ha engañado», ha destacado, porque tomar en consideración la ley «es un error», ya que hay «serias dudas» sobre su constitucionalidad y las repercusiones económicas.
MATOS DICE QUE «HAN DEJADO SOLO» A ALONSO
«Hay que acabar con las extracciones, pero sin que le cueste un céntimo a ningún ciudadano de Canarias», ha indicado.
Matos se ha opuesto a redactar una ley para resolver «un problema concreto», ya que hay otras soluciones más eficaces como modificar el PIOT o hacer un plan territorial parcial.
Ha espetado a Alonso que ha «innovado» en el Parlamento al anunciar una enmienda, 24 horas antes, sobre los usos turísticos en los barrancos. «Usted no es el Cabildo, ni es la isla», ha señalado, destacando que «no es lo mismo» defender el suelo agrícola y después dar uso turístico a los propietarios que han generado el problema.
Matos ha comentado que a Alonso «le han dejado solo» porque el Gobierno no quiere esta ley. «Ni siquiera ha venido el presidente, que es diputado y no quiere apretar el botón», ha detallado.
José Miguel Ruano, portavoz del Grupo Nacionalista, ha criticado las formas de Matos, desvelando que su grupo aún no quería introducir esta proposición en el orden del día de la Cámara porque había una sentencia y se quería esperar a su ejecución, si bien fue la propia Audiencia quien pidió información sobre la proposición de ley.
En su opinión, algunos grupos querían debatir el asunto para demostrar la soledad de los nacionalistas en la Cámara, pese a que su grupo está favor de la ejecución de la sentencia cuanto antes dados los incumplimientos «groseros» de los empresarios condenados.
Según Ruano, que ha criticado el «estalinismo» de Podemos al desmarcarse de Sí se Puede, hay que buscar una solución, que pasa porque los condenados paguen la restauración y no se dé uso minero a la zona.