EFE.- La Asamblea de Madrid es el parlamento más transparente de España, seguido por los de Canarias y Castilla-La Mancha, mientras que el de Andalucía ocupa el último lugar del ránking que ha hecho público este martes Transparencia Internacional (TI). El cuarto y quinto puestos son para Cantabria y País Vasco, seguidos por la Asamblea de Extremadura (sexta), el parlamento de Murcia (séptimo), la Junta General del Principado de Asturias (octavo), el parlamento de La Rioja (noveno) y, en décimo lugar, el Senado.
El parlamento de Andalucía ocupa el último lugar (diecinueve) del Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR) y entre los cinco últimos figuran el Congreso de los Diputados (quince), el Parlamento de Navarra (dieciséis), el de las Islas Baleares (diecisiete) y las Cortes de Aragón (dieciocho).
En la parte baja de la clasificación de transparencia de los parlamentos españoles están también el de Galicia (once), las Cortes de Castilla y León (doce), las de Valencia (trece) y el de Cataluña (catorce).
El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha destacado que todos los parlamentos han mejorado en general su índice de transparencia con respecto al primer informe elaborado por TI en 2014.
Entonces, la puntuación media global fue de 64,1 puntos sobre cien, mientras que en esta segunda edición, correspondiente al año 2016, la puntuación media ha sido de 82,2 puntos.
Según Lizcano, los parlamentos ya no son una «atalaya» o «torre de marfil» alejada de los ciudadanos y la tendencia es ir acercándose a los denominados «parlamentos abiertos».
No obstante, ha puntualizado que todo lo que no llegue a la puntuación de cien «defrauda» y es «insuficiente», porque los parlamentos cuentan con todo lo necesario para alcanzar la máxima transparencia.
Un objetivo que únicamente ha logrado la Asamblea de Madrid, que «se ha puesto las pilas y, prácticamente, lo publica todo», aunque los cuatro parlamentos siguientes del ránking -Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria y País Vasco- también superan los 90 puntos en valoración global.
Hay otros siete parlamentos que han superado los 70 puntos y los restantes cinco han obtenido puntuaciones entre 60 y 70, hasta los 63,1 puntos del Parlamento de Andalucía, cuya diferencia con la Asamblea de Madrid roza los 37 puntos.
Tanto el Congreso de los Diputados como el Senado han bajado su posición con respecto al índice de 2014, cuando ocuparon el décimo y el tercer puesto, respectivamente, aunque en ambos casos han mejorado su calificación al pasar de 65 a 68,8 puntos la Cámara Baja y de 82,5 a 83,8 la Cámara Alta.
Respecto a las seis áreas de transparencia evaluada, el derecho de acceso a la información presenta la puntuación más baja (68,7), un dato «muy pobre» que no resulta aceptable para un país como España, en opinión del abogado y miembro del Comité de Dirección de TI Jesús Sánchez Lambás, que se ha mostrado más crítico con el nivel de transparencia de los parlamentos.
«Estos comportamientos en estándares del centro y norte de Europa serían muy sancionados por los ciudadanos», ha asegurado Sánchez Lambás, para quien cuando se profundiza en cómo se accede a la información de estas instituciones los resultados «no son buenos».
De hecho, hay tres parlamentos -Cataluña, Aragón y Baleares- que suspenden en este apartado, ha confirmado el presidente de TI, lo que hace que baje la media y la valoración global en este área sea «tan floja».
En otras cuatro áreas, sin embargo, la nota media es de notable: información sobre la actividad parlamentaria (88,2), relaciones con los ciudadanos y la sociedad (85,2), transparencia económica y financiera (75,1) y transparencia en las contrataciones (74,7), mientras que el área de información sobre el parlamento la puntuación media alcanza el sobresaliente (90,6).
En cualquier caso, ha matizado Lizcano, «más que aprobar o suspender, el objetivo del índice es empujar o presionar para que los parlamentos sean mas transparentes».
Para ello, además de facilitar un mayor acceso a la información, TI recomienda la elaboración de códigos éticos parlamentarios, la creación de oficinas de información al ciudadano, la publicación de los contratos en la plataforma de contratación del sector público o la publicación de los gastos individuales de los parlamentarios.
Algunos parlamentos ya han aplicado algunas de estas medidas, pero mantienen «cierta resistencia» en cuestiones como el código ético o la publicación de los gastos de cada diputado, que lo ven como un «cotilleo», según Lizcano.
Estas resistencias pueden ser el origen de que los parlamentos se sitúen por detrás de los ayuntamientos (85,2 puntos) y las comunidades autónomas (94) en los últimos índices elaborados por TI, aunque se mantienen por delante de las diputaciones (81,7).