Una representación de la Plataforma ha desarrollado este martes una intensa jornada de trabajo invitados por la eurodiputada Ángela Vallina del Grupo Parlamentario de Izquierda Unitaria Europea
Insistieron en que el objetivo del Gobierno de Canarias es actuar rápido, de forma que una vez ejecutados los proyectos aunque haya sentencias tardías declarando su nulidad la transformación del territorio y los recursos naturales sea irreversible
La jornada comenzó con una larga reunión de trabajo con Ion Codescu para tratar en profundidad la denuncia ante la Comisión Europea que presentaron en su día 500 personas
Una representación de la Plataforma por una Canarias Sostenible ha desarrollado una intensa jornada de trabajo en el día de hoy en el Parlamento Europeo con el objetivo fundamental de que se debata con urgencia su solicitud para anular el paquete legislativo que está desarrollando el Gobierno de Canarias en materia de ordenación del territorio y de los recursos naturales y urbanística con la reforma de la llamada Ley de Isla Verdes y con la Ley del Suelo.
Rubén Martínez, consejero del Cabildo de La Gomera; Juan Ramón González, en representación de la Plataforma por El Hierro; Antonio Pérez, de Gran Canaria; Vanesa Catalán, de La Palma; y Santiago Pérez, por Tenerife, fueron invitados por la eurodiputada Ángela Vallina, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unitaria Europea.
El objeto es plantear ante las instituciones europeas los problemas de legalidad europea del paquete legislativo que está desarrollando el Gobierno de Canarias en materia de ordenación del territorio y de los recursos naturales y urbanística. Esencialmente la Ley de Islas Verdes, aprobada en el mes de septiembre, sobre la ordenación territorial turística de La Palma, La Gomera y El Hierro; y el Proyecto de Ley Canaria del Suelo actualmente en tramitación.
La jornada comenzó con una larga reunión de trabajo con Ion Codescu, de la Dirección General de Medio Ambiente, para tratar en profundidad la denuncia ante la Comisión Europea que presentaron en su día 500 personas, a la que se han sumado ahora 400 más, contra la modificación de la Ley de Islas Verdes, por incumplimiento por parte del Gobierno de España de legislación europea en materia de protección del medio ambiente.
Posteriormente ofrecieron una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, y a continuación una reunión con los eurodiputados que se interesaron por esta materia entre los que estaban Floren Marchesi de Izquierda Unitaria; Juan Fernando López Aguilar del PSOE, Gabriel Mato del PP, y un eurodiputado del PNV.
Se entrevistaron también con la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la eurodiputada sueca Cecilia Vikstrom, a la que entregaron una petición pidiendo que su solicitud sea admitida y debatida con urgencia “porque hemos insistido mucho en el día de hoy en que uno de los objetivos que pretende toda esa estrategia del Gobierno de Canarias es aprobar normas que puedan ejecutarse rápido, de forma que una vez ejecutados los proyectos aunque haya sentencias tardías declarando su nulidad la transformación del territorio y los recursos naturales sea irreversible. Y muchos de los proyectos que está previsto ejecutar se encuentran integrados en la Red Natura 2000 de la Unión Europea”.
Durante la tarde siguieron las reuniones con los coordinadores de los Grupos Parlamentarios que tienen representación en la Comisión de Peticiones “para insistirles en la importancia de este asunto, y sobre todo en que es imprescindible una respuesta temprana porque buena parte de la estrategia del Gobierno de Canarias está pensada para ejecutar todas las actuaciones y plantear la situación en el plano de los hechos consumados”.
La Plataforma por una Canarias Sostenible explicó que es una forma de proceder, que ya se puso de manifiesto en la reforma de la Ley de Islas Verdes y ahora en el proyecto de la Ley del Suelo, pensada para dificultar los derechos de participación ciudadana en materia medioambiental que reconoce la legislación europea: “Especialmente a través de la creación de los proyectos de interés singular. Cuando le conviene al Gobierno de Canarias son normas de planeamiento, para derogar los planes en vigor; y cuando no le conviene son sólo proyectos, para no tener que someterlos a la evaluación ambiental estratégica que es obligatoria en el caso de planes y programas”.
Esta estrategia va en contra de algunos derechos fundamentales, no sólo de legislación ambiental europea, sino de algunos derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico europeo, y en particular por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como son el derecho al medioambiente, el derecho a la igualdad ante la Ley y a la no discriminación, y el derecho de propiedad “porque a través de estos instrumentos de proyectos de interés singular, que se aprueban discrecionalmente por la autoridad administrativa, se puede poner en marcha el procedimiento expropiatorio, de forma que las garantías constitucionales y europeas del derecho de propiedad se convierten en una entelequia”.