SB-Noticias.- La Plataforma trasladó a los representantes de las instituciones europeas su preocupación por aplicación de la conocida como Ley turística de las “Islas Verdes” y por el proyecto de Ley del Suelo de Canarias. La eurodiputada de IU, Ángela Vallina, ha reclamado una “solución inmediata” de la Unión Europea a las graves consecuencias medioambientales que acarrearán para las Islas Canarias la aplicación de estas dos leyes.
Representantes de la Plataforma “Canarias Por Un Territorio Sostenible” en Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, La Palma y El Hierro, Santiago Pérez, Rubén Martínez, Antonio Pérez, Vanesa Catalán y Juan Ramón González, han mantenido diversos encuentros en el día de hoy en Bruselas con el objetivo de trasladar a las instituciones comunitarias, y a sus representantes, su preocupación por aplicación de la conocida como Ley turística de las “Islas Verdes” y por el proyecto de Ley del Suelo de Canarias.
A lo largo de una intensa jornada de trabajo, propiciada por la invitación de la eurodiputada de IU, Ángela Vallina, los miembros de la Plataforma mantuvieron una reunión en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, para conocer la situación en que se encuentra la investigación abierta por la Comisión y el estado del millar de denuncias presentadas contra la conocida como Ley turística de las “Islas Verdes”.
En el Parlamento Europeo, los representantes de la Plataforma mantuvieron un encuentro con las eurodiputadas de IU Ángela Vallina y Paloma López, así como con otros eurodiputados españoles, como Gabriel Mato (PP), Juan Fernando López Aguilar (PSOE) y Floren Florent Marcellesi (Equo). Además, la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la sueca Cecilia Wikstrom, fue informada de la petición para que la UE suspenda la mencionada Ley ante las graves infracciones del Derecho Europeo cometidas en su tramitación y los irreparables daños al medio ambiente de las Islas Canarias que ocasionará su ejecución y la de los proyectos que pretende legalizar.
En la rueda de prensa, celebrada en el Parlamento Europeo, la eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina ha reclamado una “solución inmediata” de la Unión Europea a las graves consecuencias medioambientales que acarrearán para las Islas Canarias la aplicación de la Ley de Islas Verdes y de la nueva Ley del Suelo propuestas por el Gobierno canario. Vallina ha acusado al Gobierno de Canarias de “pretender llevarse por delante los principios medioambientales de la UE con estas medidas”. “Hemos puesto en conocimiento de la Comisión ambos proyectos y lo que nos dicen es que la declaración de interés autonómico que aduce el Gobierno canario no le exime de la aplicación de las directivas medioambientales. Es decir, que el Ejecutivo de Fernando Clavijo no está por encima del derecho comunitario”, ha señalado.
Por su parte, Vanesa Catalán miembro de Izquierda Unida Canaria (IUC) y de la Plataforma “La Palma Por Un Territorio Sostenible”, ha indicado que este desarrollo para un lugar como este, “con 700 kilómetros cuadrados, una de las concentraciones más importantes de especies de la UE”, y donde “pertenecen a la Red Natura la mitad de la isla y la tercera parte de la superficie marina”, supone un duro golpe.
“La Ley de Islas Verdes permite crear alojamientos turísticos en suelo no urbanizable, pero lo más grave es el instrumento de planificación singular turística, que sirve para plantear proyectos urbanísticos que se podrán aprobar en cualquier categoría de suelo rústico, con independencia de su grado de protección”, ha señalado. Tras enumerar las directivas medioambientales que se vulnerarían, ha recordado que el reciente plan de urbanismo de la isla se aprobó sin el pertinente informe de impacto ambiental y por ello fue anulado por el Tribunal Supremo.
Para Catalán ambos proyectos no contribuirán al desarrollo económico, tal y como se pretende hacer ver desde el Gobierno autonómico: “En este momento tenemos un tráfico aéreo muy importante y un 100% de ocupación hotelera”, lo que “queremos es un plan turístico diferente, que se base en la riqueza natural y cultural, que sustente el desarrollo de la agricultura y no que la margine quitándole el suelo y el agua”, ha reclamado.