SB-Noticias.- El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, participó ayer, acompañado por el viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la UE, Ildefonso Socorro, en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), celebrada en la sede del Senado.
El encuentro estuvo presidido por la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y contó con la asistencia de otros representantes del Gobierno de España y de las comunidades autónomas. La CARUE regula la participación de las comunidades autónomas españolas en las instituciones europeas.
La Conferencia sirvió para analizar temas como el Brexit, la presidencia maltesa de la UE y las acciones de coordinación que tiene previsto poner en marcha el Estado de acuerdo con lo acordado en la reciente Conferencia de Presidentes.
Pedro Ortega destacó la existencia de una comisión específica de seguimiento del Brexit en Canarias, cuya función es proponer las acciones oportunas sobre la base del estudio de un conjunto de indicadores y de informes de impacto actualizados periódicamente.
En su intervención, Pedro Ortega destacó la especial importancia para Canarias de las relaciones con el Reino Unido y la necesidad de tener en cuenta en las negociaciones el impacto que pueden tener en la economía del Archipiélago.
Así, en el periodo 2011-2015, el Reino Unidos fue el primer inversor extranjero de la UE en la economía canaria, con una media del 10,5% de la inversión extranjera total en el Archipiélago. La inversión media anual de Reino Unido en dicho periodo se cuantifica en 11,31 millones de euros.
Además, el consejero de Economía, Industria Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias aseguró que “el Reino Unido es un mercado muy importante para las exportaciones agrícolas de Canarias así como un proveedor significativo de productos agrícolas, en particular en el caso de legumbres y hortalizas que suponen el 25% del total de importaciones”. En materia agrícola, Pedro Ortega también transmitió la preocupación de Canarias por los efectos que pueda tener el Brexit en la ayuda al transporte de mercancías agrícolas con destino al Reino Unido.
Otro de los aspectos que afectan a Las Islas, y que el consejero explicó en esta reunión, es el del turismo. “Los británicos tienen una notable presencia en Las Islas”, dijo, “de hecho, el número de viajeros británicos alojados en Canarias en 2016 supuso el 28,7% del total”. En cuanto al gasto turístico, Pedro Ortega indicó que el peso del gasto de los británicos en Canarias ascendió en 2015 al 30,8% del total, con un montante global de 1.260 millones de euros, que supuso el 3,1% del PIB regional en 2015.
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento señaló, además, que en Canarias es muy importante la inversión británica en la adquisición de inmuebles. En 2015, del total de operaciones de compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros no residentes, el 27% fue realizado por británicos. También es relevante la operación de compraventa de vivienda libre de británicos residentes en Canarias que, en 2015, supuso un 18,7% sobre el total de operaciones de compraventa por extranjeros residentes.
Pedro Ortega recordó, asimismo, que en Las Islas residen 27.349 británicos “que podrían notar la depreciación de la libra, lo que reduciría su gasto, la compra de viviendas e incluso podría provocar la vuelta al Reino Unido”. Con respecto a los canarios que residen en el Reino Unido, el consejero indicó que en 2016 vivían en ese país 2.517 personas nacidas en Canarias. Ello supone que es el primer país europeo y segunda nación del mundo con más residentes canarios tras Venezuela (20.855 personas).
Sobre el Brexit, los participantes en esta conferencia trabajaron sobre la probabilidad de que se presente la solicitud formal de retirada de la UE, por parte de Gran Bretaña, durante el Consejo del próximo 9 marzo. El objetivo de la Unión Europea será llegar a un nuevo acuerdo de libre Comercio, pero se deberá aprobar, en primer lugar, el ´acuerdo de retirada´, previsiblemente antes de mayo de 2019, para que los británicos no puedan intervenir en la renovación de las instituciones para el siguiente periodo.
Este acuerdo abordará cuestiones importantes como la financiación (puede llegar a afectar a las actuales perspectivas financieras e incluso al pago a las Comunidades Autónomas entre 2020 y 2023), la situación de residentes españoles en Gran Bretaña y de británicos en España.
Por otra parte, se informó a los asistentes oficialmente sobre el nuevo “Acuerdo comercial” que se establecerá entre la Unión Europea y Gran Bretaña, que se prevé que tenga una duración de cinco a siete años. En este Acuerdo se negociarán asuntos de gran trascendencia para Canarias como la libre circulación de trabajadores y de personas (estudiantes y jubilados), la posición sobre la movilidad de mercancías (Gran Bretaña parece querer diferenciar el acuerdo sobre productos agrícolas y pesqueros del de productos comerciales), servicios financieros, negociación sobre las sedes europeas en el Reino Unido (Agencia Bancaria y Agencia Europea del Medicamento); la cooperación policial y judicial; la cooperación educativa y científica y la situación específica de Gibraltar.
En cuanto al resto de temas abordados en la CARUE, con respecto a la presidencia Maltesa de la UE (entre enero y junio 2017), el Gobierno de España explicó que se han establecido como prioridades para estos meses la emigración, la profundización del Mercado Único (mercado digital, energético y de capitales), la seguridad (control de fronteras y de personas), la inclusión social e igualdad de género, la Vecindad europea (especialmente Mediterráneo y África) y los Asuntos marítimos.
Finalmente, los asistentes conocieron también la propuesta del Estado, transmitida en esta conferencia por el director general de Fondos Comunitarios, Jorge García Reig, sobre la puesta en marcha de medidas en el seno del Foro de Economía y Política regional para aumentar la coordinación con las comunidades autónomas y reforzar las estructuras de cooperación que se activan en la negociación de fondos europeos