(A partir del artículo “La corrupción como un sistema de ciclos viciosos entrelazados: lecciones desde Nation Lab”, de Loren Cobb y Miguel A. González.)
En asuntos humanos, el término “corrupción” se emplea para designar acciones gravemente indignas, inconvenientes o ilegítimas. Actuaciones que se dan en ámbitos interpersonales, colectivos y sociales, pues pueden corromperse tanto las personas, como los grupos y las entidades institucionales. Toda corrupción produce escándalo moral porque presupone una posición de ventaja en el agente corruptor, que es la que le permite forzar a quien corrompe.
Cuanto mayor es la capacidad de incidencia de las actividades corruptas, más consecuencias indeseables impone a los grupos e individuos bajo su control. Por eso, las más deleznables de las corrupciones son las que provienen de las instituciones de poder: las organizaciones criminalizadas y los gobiernos corruptos.
En el tiempo presente, hasta en los sistemas de gobierno de las poderosas naciones del “primer mundo” se constata que las prácticas corruptas proliferan. En España, de manera notable, pues los casos de corrupción público-privada se acumulan y extienden hasta los más altos niveles de la responsabilidad política, administrativa y empresarial. No obstante, desde las distintas instancias con responsabilidad gubernamental se promociona la idea de que el comportamiento corrupto es un asunto personal; que la corrupción es ocasionada por responsables políticos, funcionariales y empresariales inmorales; y, aunque la gran mayoría de las personas son honestas, desafortunadamente, un número reducido de ellas, que son deshonestas, llegan hasta los puestos de poder determinantes para cometer fechorías.
Hay multitud de evidencia en contra de este tópico. La amplitud de las prevaricaciones y cohechos contemporáneos no se puede comprender sin un auténtico régimen de gobernanza que propicie la corrupción. Un sistema de ciclos viciosos que se entrelazan y retroalimentan en -al menos- cuatro ejes de mal gobierno:
1 La extralimitación en el control institucional por parte de las organizaciones políticas. Ésta es la desviación de poder más insidiosa y con efectos de mayor calado, pues, interviniendo en los nombramientos de los cargos clave en el Ejecutivo y la Administración, a costa de la contratación en base a competencia y responsabilidad institucional, compromete la potestad legislativa, sobredimensiona la Administración y alienta todo tipo de corruptelas.
2 La extensión de la ineficacia del sistema de justicia y de seguridad pública. Lo que posibilita el aumento del crimen organizado, el incremento de la impunidad y de los sobornos a estamentos gubernamentales, favoreciendo la emergencia de políticos y funcionarios más incompetentes y corruptibles que aumentan la ineptitud judicial y policial.
3 La extensión de actividades económicas tributariamente irresponsables. Que traen la mengua de los ingresos estatales hasta la insuficiencia. Esta situación también propicia que los políticos y funcionarios sean más incompetentes y corruptibles, lo que redunda en la proliferación de economías insolidarias.
4 La extensión de acuerdos internacionales y corporativos sin transparencia. Que acarrean la mengua de beneficios de interés general, ingresos estatales insuficientes y políticos y funcionarios incompetentes y corruptibles. Todo lo cual, estimula el crecimiento de los arreglos corruptos “a puerta cerrada”.
Todo gobierno que no se afane en el cumplimiento de los derechos humanos sirve a intereses parasitarios que perpetúan la alienación y la opresión de la mayoría social. Por eso es tan importante combatir la corrupción, sin tregua y sistémicamente.
Xavier Aparici Gisbert, filósofo y emprendedor social.