Intersindical Canaria muestra su rechazo a la sentencia que absuelve a un policía local en Agaete, tras agredir físicamente a una mujer en el marco de las fiestas de la Rama.
El sindicato informa que el pasado 19 de enero, la Magistrada del Juzgado de lo Penal de Las Palmas, doña Mónica Oliva, absolvía al policía local, don Antonio Aníbal Álamo Ramos, de un delito de lesiones, desestimando la denuncia formulada por doña Dunia Ramos Medina, por haber sido objeto de una agresión física y de la retirada violenta de una bandera nacional canaria durante la fiesta de La Rama del 2013 en el municipio grancanario de Agaete.
Recuerda la organización sindical que istantes antes del incidente, el policía advirtió vociferante a la ciudadana que portaba la bandera: «Ahí está el alcalde», refiriéndose a Antonio Calcines del PP. La agredida, por las lesiones recibidas en una pierna necesitó de dos días de ingreso hospitalario y de tratamiento rehabilitador, tardando en curar 422 días (229 impeditivos y 193 no impeditivo).
Consideran que la sentencia se alarga (4 páginas) en retórica procesal y jurisprudencia que no vienen al caso, afirmando que no queda acreditados que las lesiones sufridas por la señora Ramos hayan sido ocasionadas por el ataque directo y empujones realizados por el agente Álamo Ramos y que, contrariamente, resulta creíble que hayan sido el resultado de una caída cuando la ciudadana se disponía a recuperar la bandera arrebatada por el policía.
«Aunque el texto de la sentencia de 9 páginas elude precisar el dato, -indican- la bandera objeto del grave incidente, fue una enseña canaria con siete estrellas, aunque sí afirma, sin merecer tampoco sanción o reprobación judicial alguna, que el tal Antonio Aníbal, arrebató la bandera sujeta a una caña, partió esta y la lanzó contra una montículo de los alrededores».
Intersindical Canaria disiente enérgicamente de esta sentencia judicial «y hacemos nuestro el testimonio de doña Dunia Ramos, avalada además por las testigos de los hechos. La versión policial, merecedora de una sorprendente credibilidad para la judicatura, recuerda a la argumentada tantas veces por los cuerpos policiales y los ámbitos gubernamentales cuando se ha ejercido la violencia contra las posiciones políticas o sindicales que propugnan el cambio y la justicia social, y que en esta ocasión, la simbolizaba una bandera nacional canaria portada por una pacífica ciudadana en un acto festivo. Además, el fallo judicial es una más que sumar a la actual deriva represiva contra la libertad de expresión, y los derechos sindicales y nacionales del conjunto de los canarios».