Tras una iniciativa de IU, la Comisión Europea así lo ha comunicado la CE a la eurodiputada de IU Paloma López, en respuesta a una iniciativa que bajo su amparo recogía las denuncias de organizaciones como la “Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible”
La Comisión Europea (CE) tiene la intención de ponerse “en contacto con las autoridades competentes para determinar cómo se está aplicando” la modificación de la Ley 6/2002 de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma («Ley turística de las islas verdes»), realizada por el Gobierno de Canarias.
Así se lo ha comunicado la CE a la eurodiputada de IU Paloma López, en respuesta a una iniciativa que bajo su amparo recogía las denuncias de organizaciones como la ‘Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible’, frente a los llamados nuevos «instrumentos de planificación singular turística» impulsados por el Gobierno canario.
Algún indicio ha debido percibir la Comisión para, de forma tajante, anunciar que “tiene la intención de ponerse en contacto con las autoridades competentes para determinar cómo la mencionada modificación de la Ley 6/2002 de 12 de junio, realizada por el Gobierno de Canarias, se ajusta a las obligaciones de la Directiva sobre la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas”.
Para la “Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible”, estos mecanismos -y así se hacía constar en la motivación de la pregunta registrada por López- son contrarios al derecho ambiental europeo, al autorizar proyectos de manera autónoma al planeamiento insular o municipal y en ausencia de una evaluación ambiental estratégica (artículos 2 y 8 de la disposición adicional primera).
En concreto, la iniciativa de IU Europa preguntaba a la CE, si considera compatibles los «instrumentos de planificación singular turística» con la ley europea, especialmente en materia ambiental (Directiva 2001/42/CE y Directiva 2011/92/UE)?
Asimismo, demandaba respuesta la eurodiputada sobre la posible incompatibilidad de la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2015, “que declara nulo el Plan Territorial Especial por la ausencia de una evaluación ambiental estratégica”.