SB-Noticias.- “Los servicios básicos no pueden estar sujetos a la plusvalía, exigimos un control público para que se cumplan los derechos humanos, porque la pobreza energética cuesta vidas”.
Así ha explicado esta mañana la diputada y secretaria general de Podemos Canarias, Meri Pita, las razones de la movilización convocada por Podemos en todo el Estado frente a las sedes de Gas Natural Fenosa como repulsa también por la muerte el pasado lunes de una mujer de 81 años en Reus tras haber sufrido el corte del suministro eléctrico desde hacía dos meses por parte de esta compañía.
Esta acción provocó que la mujer fallecida se encontrase en situación de pobreza energética y se tuviese que alumbrar con velas, sin que la compañía eléctrica cumpliese con las obligaciones derivadas de la ley 24/2015 de Cataluña.
La portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana, o la diputada Conchi Monzón son algunos de los cargos públicos que también se han concentrado junto a decenas de personas esta mañana frente a la sede de Gas Natural Fenosa en Las Palmas de Gran Canaria bajo el lema “La pobreza energética mata; nadie sin luz”, al igual que se ha hecho en Tenerife, en Fuerteventura o en El Hierro y en más de veinte ciudades en todo el Estado.
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos; Irene Montero, portavoz adjunta de Unidos Podemos; Rafa Mayoral, secretario de Relaciones con la sociedad civil y Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, han participado en la concentración de Madrid e Íñigo Errejón, secretario político de Podemos, y Pablo Echenique, secretario de Organización, lo han hecho en la de Zaragoza.
El caso de la mujer de Reus no es un hecho aislado. En España más de 5 millones de personas se van a quedar sin calefacción este invierno por no poder pagar la factura de la luz, que en octubre alcanzó 74,78 euros de media al mes. Mientras millones de personas se encuentran en situación de pobreza energética, Gas Natural Fenosa obtuvo más de 10 mil millones de euros de beneficios entre 2008 y 2015.
Según Pita, que el Gobierno de Canarias recurra a las bonanzas del clima en las islas para hablar de un menor impacto es “una vergüenza, o nos toman por tontos o quieren reírse de la gente”, ha espetado. Como ha explicado la secretaria general, la pobreza energética no es sólo una cuestión de tener calefacción, “hablamos de tener los servicios para unas mínimas condiciones de vida digna, Gas Natural Fenosa está incumpliendo no sólo la legislación catalana sino los compromisos adquiridos por España en materia de derechos humanos”, ha argumentado, en referencia al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos según el cual toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la vivienda, entre otros.
También la Observación general Nº4 por el que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada con acceso a calefacción y el alumbrado, entre otros, o la Resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que obliga a las empresas a pro mover y proteger los derechos humanos.
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Podemos pide prisión provisional sin fianza para el exadministrador de Sinpromi por incremento de riesgo de fuga
El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, personado como acusación popular en el denominado caso Sinpromi, ha presentado ya en sede judicial escrito de calificación provisional de acusación contra quienes considera responsables de la malversación y apropiación de 1.685.226 euros en la sociedad del Cabildo de Tenerife que gestiona los recursos públicos de la Isla para personas con discapacidad.
Pide para los acusados Andrés Pedreira y Víctor García, un total de 18 años de cárcel, 36 años de inhabilitación para empleo o cargo público, 83.160 euros de multa, la devolución de todo el dinero sustraído y, además, prisión provisional sin fianza para el principal acusado.
En concreto, la formación considera que el exadministrador financiero y contable de Sinpromi, Andrés Pedreira, es culpable de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil y estafa. Pide para él 14 años de cárcel, 26 años de inhabilitación, 43.200 euros de multa y una indemnización de 83.160 euros por el dinero que sustrajo vía falsificación y estafa de cheques. También solicita que, de forma conjunta con el otro acusado, indemnice de forma solidaria a Sinpromi en concepto de responsabilidad civil con 1.602.066 euros (coincidiendo con el importe malversado).
Además, Podemos ha requerido que se modifique la situación procesal de Pedreira decretando su ingreso en prisión provisional sin fianza dado el “evidente incremento del riesgo de fuga por la pretensión punitiva de esta parte, asentada en sólidos indicios”. Fundamentada tal petición “en la clara autoría de los hechos de que se le acusan” y en que “las penas que se solicitan dada la gravedad de los hechos, son elevadísimas”, hechos que toman mayor relevancia teniendo en cuenta “que no sabemos dónde ha puesto el dinero sustraído, o si lo sigue manteniendo en su poder y control”. Si tal petición no fuera aceptada, pide que al menos se le retire el pasaporte, prohibiéndole salir del territorio nacional y comparecer dos días al mes en el juzgado.
Para el exgerente de Sinpromi, Víctor García, la formación morada pide cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación por un delito de malversación. Por otra parte, ante la petición de explicaciones que ha formulado la consejera de Podemos Mila Hormiga en el consejo de administración de Sinpromi para saber por qué esta sociedad ha dejado libre de cargos a su exgerente a pesar de que la jueza instructora del caso ha apreciado indicios de delito contra él, para la próxima semana está prevista la comparecencia del abogado de la sociedad en el citado consejo.
Y, en calidad de partícipe a título lucrativo, también pide que el Club de Fútbol Sala Uruguay devuelva los 83.160 euros que le ingresó Pedreira cuando era presidente del club a través de cheques falsificados a nombre de Sinpromi.
Como medios de prueba para el juicio oral, la representación jurídica de Podemos solicita que se tome declaración a 19 testigos, entre ellos, excargos políticos de Sinpromi como Carmen Rosa García Montenegro, personal laboral de las instalaciones y dependencias de las que Pedreira sustrajo dinero y directivos del club de fútbol Uruguay (del que el principal acusado era presidente en el momento de los hechos). Entre las periciales, solicita que los auditores externos que han actuado como auxiliares del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial, se ratifiquen en el informe que elaboraron y que consta en las actuaciones judiciales de este caso. En esa misma línea, pide que se ratifiquen en su informe los peritos calígrafos que certificaron que Pedreira había falsificado cheques.