El área de Salud de Intersindical Canaria acusa al Gobierno de mantener su obstinación en debilitar el sistema público de sanidad, alargando su agonía mediante las restricciones de presupuesto y negando los recursos básicos que demanda la ciudadanía. Se basan en los datos sobre la partida que en el proyecto de presupuesto del gobierno de Coalición Canaria y el PSOE asigna a la sanidad pública «y que a poco de profundizar en los mismos, y contrariamente a los que anuncian algunos agentes gubernamentales, van a mantener en la indigencia al conjunto de servicios hospitalarios, de atención primaria y especializada».
Consideran que atendiendo a los número reales los teóricos 76 millones de euros más disponibles para el próximo año, supone sólo la mitad de lo que la sanidad necesitaría para salir momentáneamente de su actual estado de shock; pero además, una buena parte de esa cantidad se volatizará con el pago de la deuda contraída con las empresas farmacéuticas.
Califican la actual campaña del Gobierno del todo reprobable, cuando anuncia su compromiso presupuestario con los servicios públicos, pero sin embargo mantiene su política austericida y favorable a acentuar el techo del gasto hurtando dinero a sanidad y elevando el sufrimiento de la población enferma o dificultando su derecho a la salud. «esaltaremos que además, y confirmando las previsiones que ya en su momento realizó Intersindical Canaria, el Plan de Urgencias y el Plan de Salud de Canarias, anunciados con un monumental despliegue publicitario por el Gobierno, han sido en realidad otra macabra burla hacia el conjunto de la ciudadanía».
Intersindical Canaria afirma que mientras el Ejecutivo canario en estos presupuestos monta una barrera de blindaje, «aumentando el presupuesto destinado a su maraña de cargos de confianza y asesores, insiste en despreciar todas y cada una de las propuestas planteadas por los agentes sociales y el conjunto de grupos parlamentarios. La racionalización del desproporcionado número de puestos de confianza y designación directa, la suspensión de actividades que injustificadamente realiza el sector privado mediante concertaciones de mayor coste económico; la necesidad de mayor firmeza en la exigencia de la deuda del Estado en materia sanitaria, entre otras, han sido ignoradas por el gobierno y su consejería sanitaria. Pero además, las rectificación en las prioridades inversoras o la recuperación para la sanidad de partidas económicas disponibles como es el caso de los 160 millones de euros del Impuesto General del Tráfico de Empresas, han caído en saco roto. En estos casos, el ejecutivo de Clavijo ha preferido invertirlos en asfalto y cemento que a dar atención a los cerca de 100 mil pacientes que se encuentran actualmente en lista de espera o en mitigar el actual estado de esclavismo que sufren los trabajadores encargados de asegurar o devolver la salud a la población canaria».