EFE.- El Congreso ha iniciado este martes el trámite parlamentario para tumbar la Lomce con la toma en consideración de la proposición del ley del PSOE para «suspender el calendario de implantación» de lo que queda de la ley, es decir, los efectos académicos de las reválidas.
El texto se ha aprobado en el pleno con 208 votos a favor, 133 en contra –PP, UPN y Foro Asturias– y dos abstenciones, está calcado del que salió adelante en abril pero decayó por la disolución de las Cortes antes de la convocatoria de elecciones.
Ahora, siete meses después, aunque la redacción es la misma el escenario es distinto porque en los niveles pendientes de la implantación este curso ya ha entrado en vigor, así que la «suspensión del calendario» implica de momento solo paralizar que las pruebas de ESO y Bachillerato sirvan para titular, algo que Mariano Rajoy ya anunció que el Gobierno haría hasta que se llegue a un pacto educativo. Las pruebas se van a realizar este curso según lo previsto por la ley: como diagnósticas en Secundaria y solo para el acceso a la universidad en Bachillerato, al modo de la antigua PAU.
Para el PSOE, el texto de su proposición de ley el «punto de partida» para reunir un consenso inicial y después introducir medidas más duras en el contexto de negociación de la Comisión de Educación, el órgano al que va a parar la proposición de ley de los socialistas con las modificaciones que se acuerden para derogar en última instancia la ley y sustituirla por una nueva fruto del consenso entre los grupos y la comunidad educativa. Los socialistas justifican que se ha optado por introducir las medidas de más alcance, como la derogación del decreto de reválidas, más tarde en lugar de crear un texto nuevo de proposición de ley para no retrasar el inicio del proceso parlamentario.
El ministro de Educación ha escuchado, rodeado de pocos de sus compañeros de bancada, el debate desde su escaño. El PP ha asistido por primera vez, pese a que intentó vetar sin éxito la tramitación de esta proposición de ley, al cuestionamiento por parte de una mayoría absoluta de la Cámara de una norma impuesta por el rodillo parlamentario de la anterior legislatura.
Al final de todas las intervenciones, Méndez de Vigo ha pedido la palabra para reiterar su disposición al diálogo en una subcomisión de próxima creación y confirmar que el Gobierno empleará la vía decreto ley para paralizar los efectos académicos de las reválidas hasta que haya un pacto educativo –el primero de los puntos que incluye la proposición de ley del PSOE– cuyo contenido negociará el próximo día 28 con los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial. Fuentes cercanas al ministro no concretan en qué puntos va a ceder el Gobierno en la negociación de un pacto educativo, pero apunta que «no hay líneas rojas».
PP y C’s cuestionan la «utilidad» de la propuesta
El PP se ha defendido, a través de su portavoz Sandra Moneo, del «aquelarre que el PSOE se ha pretendido hacer con la Lomce» apelando a la escasa «utilidad» de la proposición de ley en un momento en el que todos los grupos aceptan abrir las vías de negociación. Y con este argumento ha justificado su postura en contra: «s i carece de sentido, entonces para qué votarla a favor».
«El consenso hay que hacerlo. Les esperamos en la subcomisión de Educación», ha concluido Moneo, que ha reconocido en el Congreso que «lo que sirvió –en materia educativa con el PP con mayoría absoluta– ya no sirve» en el contexto de hoy. «Lo hemos entendido», ha zanjado.
Ciudadanos ha lanzado los mismos ataques al grupo socialista, a quien ha acusado de «propaganda política» ahora que el PP se ha comprometido a negociar en una subcomisión, cuya creación se prevé para el 1 de diciembre, según confirman fuentes parlamentarias, cuando se debatan en la Comisión de Educación las solicitudes de constitución del grupo de trabajo presentadas por PSOE y Ciudadanos y apoyadas por todos los partidos.
Del mismo modo, la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, se ha dirigido al PP para interpelar el porqué de su voto en contra si se quiere llegar a la misma «solución técnica» –lograr un pacto educativo– empezando por suspender el efecto académico de las reválidas.
Promesas de enmiendas más duras
Este es el «mínimo» inicial del PSOE al que sumará en enmiendas próximas concretadas por el portavoz Manuel Cruz desde la tribuna. Son el «restablecimiento de las pruebas de PAU», la «eliminación de la posibilidad de segregación de niños y niñas del sistema público», la vuelta «al carácter no evaluable de religión» o la «recuperación de la diverficación curricular», entre otras.
Todas estas medidas se refieren a algunos de los puntos calientes de la norma ideada por el exministro José Ignacio Wert, al que el PSOE se ha referido en su intervención para recordar a Íñigo Méndez de Vigo la «herencia recibida gravosa» que le dejó su antecesor. «Le ofrecemos nuestro apoyo para trabajar juntos y ayudarle a salir de tan engorrosa situación, pero no de cualquier manera», ha apuntillado Cruz, cuyo partido quiere liderar la oposición a la Lomce.
Tras enumerar una por una las partidas de educación afectadas por los recortes del Gobierno, el diputado socialista ha llamado al «compromiso de todos los grupos de la cámara». «Podemos hacer realidad un acuerdo histórico para dar la estabilidad que nuestro sistema educativo necesita».
Varios grupos, como parte del Mixto y Unidos Podemos, han puesto de relieve la necesidad de contar con la comunidad educativa para el futuro pacto. También ha habido espacio para la crítica de la Lomce como una ley que «niega las realidades plurales», una queja recurrente en todos estos años de autonomías como Euskadi y Cataluña.
Dos procesos solapados
Después de que el Congreso dé luz verde a la proposición de ley del PSOE, el siguiente paso es abrir el periodo de enmiendas a los grupos para que después el texto se lleve a la Comisión de Educación, de donde saldrá el proyecto de ley definitivo. Se da la circunstancia de que este proceso, como han indicado varios grupos en el debate en el Congreso, coincidirá con la creación de una subcomisión ad hoc dentro de la misma comisión.
Esta maquinaria parlamentaria para la tramitación de una futura ley de consenso se pone en marcha, según lo previsto, el próximo 1 de diciembre. Un día antes comparecerá el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo en la Comisión de Educación, según confirman fuentes parlamentarias.
La comisión estaba prevista inicialmente para el 24 de noviembre, pero se ha acordado posponer en la reunión de portavoces del martes previa al pleno. Para esa misma jornada el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga educativa.
Cuatro días después, el 28, se celebrará la Conferencia Sectorial de Educación que reúne Méndez de Vigo con los consejeros autonómicos, donde presentará y debatirá la orden ministerial que desarrolla con detalle la estructura, contenidos y fecha de celebración de las pruebas de ESO y Bachillerato. El día 30 es la fecha límite para aprobar este documento.