Este viernes Diario 16 publicaba esta noticia, que por su interés reproducimos
Lucía Mateo.- En la tarde de hoy, viernes, se ha remitido a la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, una carta en la que se solicita la suspensión de la investidura de Mariano Rajoy prevista para mañana.
Jose Ignacio Martín Maestro, portavoz de Izquierda Socialista de Aragón manifiesta en el documento que, a tenor de las irregularidades cometidas en el Partido Socialista durante las últimas fechas, y considerando que han podido haberse cometido distintos delitos, la situación generada es lo suficientemente grave como para que se elabore un informe jurídico desde el Parlamento con el fin de arrojar luz sobre todo lo acontecido.
En la carta se alude a la demanda ya aceptada a trámite que fue presentada recientemente como consecuencia de las irregularidades que tuvieron lugar en el Comité Federal celebrado el uno de octubre, que se cobró la cabeza del ya ex secretario general, Pedro Sánchez. En este mismo sentido, añadiendo además nuevos hechos que podrían ser constitutivos de delito, se han presentado en la tarde de hoy las demandas pertinentes (por vía civil y penal) en los juzgados de Madrid.
Se alude, de este modo, a las presiones realizadas sobre los diputados del Congreso durante estos días para que emitiesen su voto en el sentido de la abstención por parte de la bancada socialista.
Presiones
El demandante alega que se ha forzado y presionado a los representantes públicos para obtener de ellos un voto que, como ha sido evidente estos días, muchos de ellos no querían emitir. Las amenazas de aplicarles medidas disciplinarias –incluso por escrito se les ha negado la posibilidad prevista en la Constitución y en el propio reglamento del Grupo Socialista de votar haciendo uso de la libertad por motivos de conciencia–, así como la insistencia en la “persuasión” por parte de diferentes personas, entre ellas, Javier Fernández, Presidente de la Gestora, son para Ignacio Martín hechos que deberían tenerse en cuenta por parte de la Presidencia del Congreso, así como objeto de estudio por los servicios jurídicos de la Cámara.
Lea aquí la carta enviada:
