El STEC-IC rechaza la Ley del Suelo de Canarias y hace un llamamiento a las comunidades educativas y a la ciudadanía para movilizarnos por su retirada y por la elaboración de una nueva Ley alternativa, con vocación de permanencia, que parta de un diagnóstico riguroso, más respetuoso con nuestro escaso y principal recurso, el territorio de Canarias , a la vez que garantice un proceso de participación democrática que propicie mayor consenso de todas las instituciones, mediante un trabajo sosegado, alejado de las prisas de los grandes empresarios y sus intereses especulativos de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).
Ellos han venido presionando a los distintos gobiernos hasta conseguir desregular y hasta eliminar las normas y organismos de fiscalización y control, como la Cotmac o sus agencias medioambientales, alegando que eran una maraña burocrática que retrasaba sus proyectos. Con esta Ley estos grandes inversores han conseguido un traje a su medida que satisface sus prisas por colocar sus reservas de inversión y construir lo que quieran y en el suelo que deseen, sin control del Gobierno.
Desde su preámbulo la Ley ya indica claramente las pretensiones del Gobierno, servir a sus señores y condicionar la sostenibilidad de nuestros recursos naturales y paisajísticos a los intereses privados de estos señores de la especulación y el negocio fácil y particular.
No es de recibo que el presidente del Gobierno de Canarias, el Sr. Clavijo, tergiverse la realidad afirmando que los empresarios tienen acumulados más de 1000 millones de euros para invertirlos en puestos de trabajo. Lo que no dice es que esa presunta intención es a cambio de una Ley del Suelo regulada a su medida para seguir incrementando sus beneficios y volver al viejo modelo desarrollista del bloque y el cemento. Las consecuencias ya se conocen: la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria, y luego crisis económica y social, el empobrecimiento de la inmensa mayoría de los canarios mientras ellos incrementan su capital.
Desde el STEC-IC defendemos que es totalmente compatible el necesario desarrollo económico y social de nuestras islas, la diversificación de nuestra economía con la preservación rigurosa de nuestros recursos naturales. No es necesario consumir más suelo. Ya hay más que suficiente territorio clasificado como urbano o urbanizable. Tenemos en Canarias 150.000 viviendas vacías y demasiados complejos hoteleros e instalaciones turísticas obsoletas que restaurar y remodelar. Urge garantizar la reserva y protección del escaso suelo rústico y espacios naturales que nos quedan, blindándolos de la especulación catalogándolas con categorías de mayor protección, parajes y parques naturales, parques rurales, e incluso nacionales. Frenar el deterioro del paisaje natural y el suelo agrario es un objetivo estratégico irrenunciable, porque son la fuente de creación de riqueza, empleo y fijación de la población rural, en el camino de incrementar nuestra soberanía alimentaria, y superar nuestra secular dependencia exterior y la dependencia del monocultivo turístico.
Esta Ley da vía libre a la opacidad, a la legalización de facto de lo ilegal, exonerando de cualquier trámite de información pública, sin previo Informe ni control o fiscalización del Gobierno o sus agencias, como era función de la Comisión de Ordenación del Territorio (COTMAC). Con esta Ley son los ayuntamientos los que redactarán y evaluarán sus propios proyectos sin apenas intervención de la Administración.
Desde el STEC-IC, que concebimos Canarias como un Proyecto unido y solidario, dotado de un Gobierno que realmente gobierne y garantice a todos los canarios la defensa del interés general, exigimos la retirada inmediata de esta Ley, que el Gobierno no abandone su competencia ni la transfiera a los 87 ayuntamientos y a los 7 Cabildos. Llamamos a la ciudadanía a movilizarse para lograr su retirada.