La Proposición no de ley presentada por el grupo político PODEMOS CANARIAS fué apoyada por una amplia mayoría, con los votos de PODEMOS, PSOE, CC, NC y ASG (en total 37 votos), votando en contra los 11 representantes del PP y no habiendo ninguna abstención.
Europa Laica en Canarias traslada su felicitación y apoyo al Parlamento Canario por este gesto que sirve para avanzar en la transparencia y en los valores democráticos y que significa un espaldarazo para continuar esta labor en los Cabildos y Ayuntamientos de las islas.
Texto que se ha aprobado:
1) Se insta al Gobierno del Estado y al Gobierno Autónomo de Canarias a realizar, en colaboración con las entidades locales y el registro de la propiedad, un inventario del patrimonio total afectado por las in-matriculaciones efectuadas por la Iglesia católica en Canarias desde la puesta en vigor de la Ley Hipotecaria de 1946, y su porterior actualización de 1998.
2) Se insta al Gobierno Autónomo de Canarias a que efecte la defensa jurídica del patrimonio anteriormente referido, perteneciente a las entidades locales, en los casos en que quede acreditada su condición de bien de dominio público o comunal y siempre que dichas entidades lo soliciten.
Justificación de la propuesta facilitada por el grupo proponente
El Diputado Francisco Déniz, del grupo político Podemos Canarias, con arreglo a lo previsto en el artículo 176 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentó en el día de ayer una proposición no de ley ante el Pleno por la que «se insta al Gobierno Autónomo de Canarias y al Gobierno español a elaborar, en colaboración con las entidades locales, un inventario del patrimonio total afectado por las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia católica en Canarias»
En la exposición de motivos se expuso que «de todos y todas es conocido que la aconfesionalidad del Estado español consagrada en el artículo 16.3 de la Constitución Española dista mucho de haber conseguido, en la labor institucional, en la promulgación de normativa, y en el trato dispensado por los poderes públicos a las diferentes confesiones que coexisten y conviven en el país, una efectiva separación entre la Iglesia y el Estado»
Afirmó que «la Iglesia católica sigue siendo favorecida frente a otras confesiones e instituciones sociales en cuestiones como el pago de impuestos (IBI) o la recepción de ingresos públicos. Pero hay una cuestión que especialmente ha resultado sangrante e injusta, y es la de las inmatriculaciones de bienes inmuebles de dominio público a favor de la Iglesia Católica mediante un procedimiento que equipara a la jerarquía eclesial a los funcionarios del Estado y autoridades públicas».
El Sr. Déniz añadió que «ya durante la dictadura franquista, el art. 206 de la Ley Hipotecaria equiparó a la Iglesia católica al propio Estado para inmatricular bienes por certificación de un obispo realizando las funciones de un fedatario público. Pero incluso durante la dictadura, se excluyó expresamente de la inmatriculación los “templos destinados al culto católico y el patrimonio eclesiástico”… «esta salvedad fue suprimida por el primer gobierno del Partido Popular, bajo el mandato de Aznar, facultando a la iglesia para inmatricular, también, los templos destinados al culto. Templos que, en muchísimas ocasiones, habían sido levantados y mantenidos por los habitantes del respectivo pueblo o ciudad, hurtando a la ciudadanía un bien propio en favor de la jerarquía católica y el patrimonio eclesiástico».
El Sr. Déniz continuó su argumentación afirmando que «como consecuencia del procedimiento con que se han ido inmatriculando por parte de la Iglesia Católica bienes de diversa índole, que hoy componen el patrimonio total de dicha institución, desde la promulgación de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 y posterior legislación que ha favorecido dicho proceso, Reforma de la Ley Hipotecaria realizada por el Gobierno de José María Aznar en 1998, la Iglesia católica ha inscrito propiedades y lugares de culto que no estaban registradas hasta entonces. El resquicio legal le permitió a la iglesia católica adueñarse en todo el Estado, no sólo de templos de diversas religiones, sino ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo, locales, atrios, etc.»
Para finalizar el representante de Podemos en el Parlamento Canario planteó que «en aras de la transparencia y el derecho de toda la ciudadanía a estar informados, así como de los Gobiernos del Estado, Gobierno Canario, Cabildos y Ayuntamientos a proteger y preservar todos los bienes de dominio público y, además, por la obligación legal de las instituciones públicas Canarias sobre los demás bienes susceptibles de protección en los términos contemplados en la Ley 4/1999 de 15 de marzo del patrimonio histórico de Canarias, que desarrolla la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre el patrimonio histórico canario».