El Parlamento de Canarias ha aprobado hoy la modificación de la conocida como Ley de las Islas Verdes, que reproduce los aspectos más desarrollistas de la Ley del Suelo, contribuye a la destrucción del paisaje y a la falta de previsión de un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, ya que abre la puerta a la construcción de 33 hoteles y cinco campos de golf en la isla de La Palma, reproduciendo de esta forma un modelo totalmente destructivo con el territorio.
Solo contó con el rechazo de Nueva Canarias y Podemos, se trata de la Proposición de Ley para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
MEDIDAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL HIERRO, LA GOMERA Y LA PALMA.
En las inmediaciones del Parlamento un nutrido grupo de personas convocados por la Plataforma Canarias por un Desarrollo Sostenible, se concentraron para mostrar su más firme rechazo contra esta Ley.
La Plataforma adviertede que continuará con la Campaña para tratar de parar esta modificación, recogiendo firmas para apoyar la denuncia que se presentará ante la Comisión Europea, redactada por Santiago Pérez, entre otras acciones.
Para el PSOE “Esta ley es razonable, proporcionada y adecuada”
Manuel Marcos Pérez subrayó que la norma aprobada hoy en el pleno del Parlamento no pretende sustituir el control medioambiental de los proyectos declarados de interés insular
El diputado del PSOE por La Palma, Manuel Marcos Pérez Hernández, afirmó este martes que la ley para la modificación de la ley sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en El Hierro, La Gomera y La Palma es “es razonable, proporcionada y adecuada”. La Cámara aprobó la propuesta impulsada por el Cabildo de La Palma por la que, según el parlamentario socialista, “en ningún caso se pretende sustituir el control medioambiental de los proyectos declarados de interés insular”.
En su intervención, aseguró que la norma aprobada no pretende sustituir el control medioambiental de los proyectos declarados de interés insular, por lo que consideró que se ha “aireado una injustificada y desproporcionada alarma ambiental”. Como recordó, en El Hierro, La Gomera y La Palma juntas hay 6.201 camas de hotel, mientras que sólo en Lanzarote hay más de 24.000. Asimismo, indicó que en Fuerteventura hay 17.530 personas dadas de alta en la Seguridad Social trabajando en el turismo, frente a las 5.816 de El Hierro, La Gomera y La Palma.
“Nos parecen unas cifras lo suficientemente contundentes para afirmar que resulta imprescindible la incorporación del turismo a la economía insular de estas tres islas como un elemento de carácter estratégico”, dijo. Remarcó que la apuesta por la diversificación de su modelo productivo ha sido una constante en las llamadas ‘islas verdes, “pero el desarrollo del sector turístico no ha alcanzado a estas islas debido, entre otras cuestiones, a las enormes dificultades de toda índole que se le han impuesto para la captación y materialización de la inversión turística, generándose una injusta descompensación de carácter socioeconómico con las restantes islas turísticas del archipiélago”.
Sostuvo que la “pretendida estigmatización” al posible desarrollo turístico de El Hierro, La Gomera y La Palma “supone un comportamiento insolidario, así como una desconsideración hacia la grave situación socioeconómica por la que atraviesan”. El parlamentario destacó que el PSOE apoya esta ley “porque contribuye al impulso económico de estas islas, a través del desarrollo de un modelo turístico sostenible apoyado en el medio rural y el paisaje que opta por el uso eficiente de los recursos disponibles y porque persigue la mejora de la población de las zonas rurales, mediante la equiparación en los niveles de renta y bienestar de los ciudadanos”.
Podemos recurre la Ley Turística de las Islas Verdes ante el Tribunal Constitucional
El Grupo Parlamentario presenta un recurso de amparo al entender que el Parlamento de Canarias ha vulnerado sus derechos como diputados, recogidos en el artículo 23 de la Constitución
La Mesa del Parlamento negó la posibilidad de los diputados de Podemos de participar en el debate al no calificar las enmiendas parciales
El Grupo Parlamentario Podemos eleva la Ley Turística de las Islas Verdes ante el Tribunal Constitucional, a través de un recurso de amparo, al entender que se han vulnerado sus derechos como cargos públicos a participar en condiciones de igualdad en la tramitación de esta ley, tal y como se recoge en el artículo 23 de la Constitución, que afirma que “los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos por medio de representantes elegidos por sufragio universal”.
En el recurso de amparo se detalla cómo el Parlamento de Canarias -a través primero de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, y más tarde a través de la propia Mesa de la Cámara- lesionaron ese derecho fundamental de los diputados de Podemos negándoles la posibilidad de participar en el debate en ponencia y comisión. Lo hicieron no calificando las enmiendas parciales -que presentó el Grupo al Proyecto de Ley elaborado por el Cabildo Insular de La Palma para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma- argumentando que “eran una enmienda a la totalidad encubierta”.
Podemos recurrió esta decisión a la Mesa del Parlamento, la cual desestimó la reclamación afirmando que “no es posible que a través de lo que se presentan como enmiendas parciales se pretenda anular por completo el contenido de la iniciativa legislativa”. Pero según sostiene este recurso de amparo, esto contradice al propio Tribunal Constitucional que en varias sentencias recoge “que las Mesas de los Parlamentos deben limitar su función, admitiendo y calificando, para no perturbar con su decisión el derecho de los diputados a suscitar el debate parlamentario”. Es decir, “deben ejercer únicamente como órgano de gobierno porque si no se convertirían en uno netamente político”.
En este caso, la Mesa del Parlamento sí que cercenó la posibilidad de participar en el debate del Grupo Parlamentario Podemos, pero no ocurrió así con el resto de grupos para los cuales realizó una interpretación muy flexible y generosa del Reglamento de la Cámara. Aceptó, por ejemplo, las enmiendas del Grupo de Nueva Canarias a pesar de que el propio partido “admitió una falta de conexión con el propio objeto de la Ley”. También aceptó las del Grupo Parlamentario Popular “a pesar de que afectan al espíritu inicial y a todos los artículos de la Proposición de Ley”, o las de Coalición Canaria y del Partido Socialista “cuyo contenido es completamente ajeno al objeto, finalidad y alcance de la Proposición No de Ley”. De hecho, estos dos grupos cambiaron el título inicial de la norma argumentando que su modificaciones eran de mayor amplitud que el texto inicial del Cabildo palmero, lo que va en contra de la toma en consideración que se realizó en el pleno.
Los diputados de Podemos consideran que el anuncio de la presentación de este recurso de amparo ha propiciado que la Mesa rectificara y permitiera que el Grupo Parlamentario participe en el debate de la Ley en pleno. Sin embargo, la vulneración de derechos durante el trámite parlamentario ha sido tan flagrante que es necesario que el Tribunal Constitucional se pronuncie para determinar si se han cercenado los principios básicos democráticos.
Además, Podemos continuará estudiando otras acciones tanto jurídicas como políticas para evitar que esta norma finalmente tenga efecto, porque reproduce los aspectos más desarrollistas de la Ley del Suelo, contribuye a la destrucción del paisaje y a la falta de previsión de un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, ya que abre la puerta a la construcción de 33 hoteles y cinco campos de golf en la isla de La Palma, reproduciendo de esta forma un modelo totalmente destructivo con el territorio.