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Home»Opinión»Política Social»Extorsión legal

Extorsión legal

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By on junio 20, 2016 Política Social
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EL BAR DE PEPE

Son 27 millones los españoles que se encuentran incluidos en los famosos listados de “morosos”. La perversa complicidad con la que actúan estos registros de “impagados”, amparados por el silencio tácito de la ley, ha hecho que muchos afectados estén pasando un  trauma que en muchos casos ha derivado en una depresión e incluso en un posible suicidio inducido.

La situación de Manolo, un pequeño empresario que pese a la crisis ha sabido batallar para continuar con su pequeño negocio de suministros eléctricos, clama al cielo. Manolo es, ante todo, una buena persona, amante de su familia siempre esta presumiendo de los suyos, es un estupendo organizador y en el barrio se encargaba con entusiasmo de los festejos de la Virgen de agosto. Digo se encargaba porque desde hace dos años está enfermo por depresión severa, tanto es así que se teme por su vida.
La vida de Manolo cambió aquel 4 de Setiembre cuando acudió a la sucursal del BBVA para solicitar la ampliación de su póliza de crédito en 3000 euros más, el negocio iba funcionando y tenía la oportunidad de comprar al contado con grandes descuentos. Una oferta especial que no podía dejar escapar y con su solvencia y su honestidad en el pago a sus proveedores; su palabra y un apretón de manos era el mejor contrato por muy notario que diera fe.
Las palabras del director del banco le sonaron como una puñalada trapera:
-Manolo, no te puedo ampliar el crédito, es mas ni siquiera te lo podré renovar dentro de dos meses cuando sea su vencimiento. El programa informático me impide aumentarte el importe de la póliza, el motivo es un “filtro” que dice que estás en un listado de morosos con una deuda impagada de 1.838 €

La sorpresa fue tan grande que no lo podía creer, en un minuto repaso sus proveedores, visualizó mentalmente su contabilidad y no encontró ningún acreedor impagado. Con la información obtenida llamó al registro de “morosos” donde le informaron, de mala gana, que su inclusión en el fichero era debido a una deuda impagada  con una compañía de telefonía móvil. Cuestión que era totalmente imposible ya que su relación con esa empresa proveedora de telefonía había terminado hacía más de tres años, devolviendo el router, cancelando su contrato y dando orden al banco de no atender los pagos que presentase esa empresa. Bueno, eso es lo que creía el pobre Manolo porque entregar lo entregó todo, incluso pagó más de lo que realmente había consumido hasta esa fecha, el problema es que Manolo según dice la empresa nunca se dio de baja y su contrato seguía en vigor cobrando la cuota pactada, o sea que el asunto contractual estuvo en vigor hasta que, en vista del impago sistemático de las facturas, decidieron darle de baja y pasar al cobro el impagado que ascendía al montante antes citado.
Manolo tenía y tiene toda la razón, pero no hay manera de anular su nombre del registro de morosos hasta que no abone la deuda a la Cia. de telefonía móvil. Acudió a la organizaciones de consumidores, a la Agencia Estatal de Protección de Datos, hizo cartas y reclamaciones a la empres “acreedora”, todo fue inútil, la única posibilidad que tenía y tampoco le daban garantías de éxito era una demanda judicial, el problema es que entre abogado, procurador, tasas judiciales etc. etc. le podría salir por el doble de lo adeudado, la solución pasaba por abonar si o si lo que la tele operadora reclamaba por muy injusto que esto fuera.

La indefensión del consumidor ante tamañas tropelías, canalladas o como usted quiera llamar, es colosal. Aquí basta la palabra de una empresa para que tu nombre figure entre los más “buscados” morosos de España. Ese comportamiento tiene supuestamente  son delitos catalogados dentro el Código Penal, y se llama chantaje o extorsión. Porque no debe bastar con  la “palabra” de una parte para incluirte entre los impagados, no es posible en un país democratico que el derecho fundamental y constitucional como es la presunción de inocencia, en este caso se lo pasen por el forro de los cojones y sin más premisas seas condenado a la pena del infortunio del descredito.

Los bancos y las entidades crediticias tienen su filón entre los listados de estas “agencias” donde poco o nada puede hacer la famosa Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, insólito y esperpéntico que te digan que el procedimiento es legal cuando el afectado es culpable sin haberse dictado su culpabilidad por el tribunal competente. ¿Cuándo una persona es un moroso y en que circunstancias? La morosidad lo debe decidir un juzgado y a partir de la sentencia en firme es cuando debe ser incluido en todos los archivos de impagados, tal y como se hacía antiguamente con el famoso RAI (relación de aceptaciones impagadas) que actuaba con “letras o pagarés devueltos”. El sistema era totalmente distinto porque antes de registrarse la deuda en el RAI un notario daba fe del impago  y solo con esa premisa era cuando se tenía permiso para hacer público tu situación  de insolvencia. Aun peor es la estafa que producen “negocios” que se encuentra alrededor de los presuntos extorsionadores ya que “prometiendo” sacarte del maldito listado y utilizando una línea 905 te cobran consultas interminables, a base del consabido contestador automático y las esperas escuchando la horrible musiquita mientras ves pasar minuto tras minuto y por supuesto sin resolverte el problema acabas abonando 40 euros mínimo en llamadas.

Lo curioso es que el “poder judicial” viendo como se “ejecutan” y “presuntamente” se chantajea a millones de españoles que abonan lo que les pidan ante el temor de no poder comprar a crédito ni un miserable frigorífico. A ver si algún político recoge el “guante” y, aunque sea por una sola vez en su vida, piensa en las persona y lleva al Congreso de los Diputados esta denuncia que afecta a más de 27 millones de españoles. La solución es muy simple y no se trata de anular la existencia del Anex, Equifax, etc, que de por si tiene su utilidad, de lo que se trata es de regular de forma eficaz y no aleatoria la actividad, el funcionamiento de esas empresas. ¿de qué nos sirve una agencia de protección  de datos si no nos protege en este sentido?

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