Odalys Padrón.- Los recortes en Sanidad influyen en la calidad asistencial y en las prestaciones que reciben los ciudadanos. Eso ya nadie lo discute, es un hecho consumado. El presupuesto público se ha reducido en más de un 20% en los últimos años, así lo evidencia un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
Se han cerrado plantas hospitalarias, con la consiguiente pérdida de camas; se ha introducido el “copago”, que ha obligado a muchísimas personas a dejar de tomar los medicamentos por no poder pagarlos, que realmente es un repago dado que los servicios y prestaciones sanitarias ya los pagamos a través de los impuestos; se han limitado horarios de servicio y despedido a profesionales sanitarios, responsables y sindicatos valoran en más de 30.000 profesionales de enfermería y más de 10.000 médicos; la tasa de temporalidad ha crecido alarmantemente, llegando a tener, en algunas comunidades, categorías que incluso están por encima del 50%; se han incrementado las listas de espera; la atención primaria se ha degradado; se ha obligado a médicos residentes a asumir un excesivo grado de responsabilidad; se producen graves carencias en los servicios de urgencias además de un incremento de las infecciones hospitalarias que por falta de asepsia se cobran la vida de los pacientes… en definitiva pérdida de calidad en la oferta de servicios sanitarios. La degradación del sistema sanitario motivada por los recortes ha llevado a nuestro país a la zaga de Europa en calidad asistencial encontrándonos en un nivel similar al de países como Malta, Portugal, Eslovaquia o Chipre.
Las comunidades autónomas, conforme al principio de descentralización promulgado por la Constitución, son responsables de la provisión y financiación de la asistencia sanitaria pública en nuestro país. A este respecto, según el análisis que hace anualmente la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), una organización independiente que agrupa a profesionales relacionados con la sanidad, la diferencia entre comunidades autónomas es claramente excesiva y sigue evidenciando una gran disparidad en los servicios sanitarios que va en aumento y pone en peligro la necesaria cohesión y equidad entre los territorios. Esta desigualdad en el acceso a la protección de la salud vulnera un derecho constitucional. Hay ciudadanos de primera o de segunda según donde vivan. País Vasco, Navarra y Aragón son las comunidades con mejores servicios sanitarios. Canarias, Valencia y Cataluña, las que están a la cola.
Para la Asociación El Defensor del Paciente la sanidad pública sigue siendo un «enfermo» que está «muy lejos de mejorar». Esta asociación recibió a lo largo del pasado año 14.430 quejas por presuntas negligencias médico-sanitarias, de las cuales 806 acabaron en muerte. Ha cifrado en 567.500 los pacientes que se encuentran a la espera de una intervención quirúrgica y en 96 días la demora media para una operación. Las negligencias más habituales, de las que esta asociación tiene constancia se han producido por mala praxis -intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias o retrasos en ambulancias. Sin embargo, el principal motivo de reclamación durante el pasado año fue el diagnóstico erróneo o tardío «propiciado por las listas de espera» y la pérdida de oportunidad terapéutica como consecuencia de la falta de medios por los recortes sanitarios.
Recientemente, la plataforma ciudadana Marea Blanca ha presentado, en el Congreso de los Diputados, algunas propuestas que consideran imprescindibles para alcanzar un sistema sanitario 100% público, universal y de calidad. Reclaman el «blindaje del derecho al acceso sanitario» para toda la población, derogando para ello las leyes específicas que permiten las privatizaciones en sanidad, fundamentalmente el Real Decreto Ley 16/2012. Una tarjeta sanitaria accesible para todos los ciudadanos, «sin discriminación ni exclusión social» así como el aumento de los presupuestos y de la inversión pública, «recuperando el personal perdido» durante los años de recortes por parte del Gobierno.
Necesitamos un gobierno que haga frente a estos desmanes presupuestarios, a estos austericidios criminales que generan dramas humanos como la del menor de 6 años que perdió la vida en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva por no practicársele, según relata la denuncia, suficientes pruebas al no ser tratado correctamente de lo que inicialmente era una neumonía; o los 32 pacientes, del Hospital Universitario de Canarias que han perdido visión irreversiblemente, incluso alguno con pérdida total, durante sus operaciones, por desprendimiento de retina, al haberse utilizado un producto, perfloroctano Ala Octa, en mal estado, el mismo hospital donde ejercen tres médicos a los que el juzgado ha admitido a trámite una querella criminal por la muerte de una menor de 13 años tras una intervención por laparoscopia. Sus padres relatan como durante el postoperatorio, y quejándose la menor de fuertes dolores, no sólo no le hicieron analíticas ni pruebas diagnósitcas pese a que “no paraba de vomitar y la orina era de color calabaza tirando a naranja” sino que incluso llegaron a decirle a sus padres que la niña “era una mimosa”; o la denuncia interpuesta, por la pareja del fallecido, aquejado de una obstrucción intestinal, al Hospital de Zafra, Badajoz, por dejar operar a un cirujano sin título homologado, dicho cirujano fue el encargado de realizar una segunda operación como consecuencia de una complicación en la primera operación que él había ejercido. El paciente murió, ya en el hospital de Badajoz, adonde se le derivó por la imposibilidad de tratarle en la localidad segedana; o la denuncia interpuesta por la familia de una paciente fallecida tras dar a luz en el Hospital Río Hortega de Valladolid. La joven, de 34 años de edad, ingresó a las 15.30 horas para la inducción al parto de forma programada pese a que acudió a las 8.30, hora en que estaba citada, pero fue remitida a su domicilio por “falta de camas”, posteriormente en la sala de dilatación comenzó a sangrar y a sufrir mareos, las matronas que le asistieron en ningún momento se platearon llamar al ginecólogo a pesar de los continuos requerimientos de la pareja presente en la sala, testigo de la discusión que mantenían las matronas entre ellas por la falta de control de la hemorragia incesante… y la lista continúa porque, a nuestro pesar, es inmensamente larga y dolorosa.
Teníamos una de las mejores sanidades públicas del mundo y era universal. No sólo perdemos activos materiales sino sobre todo capital humano que es mucho más difícil de recuperar. Cada vez hay menos médicos por habitante y las plazas de especialización (MIR) se han recortado. Estamos perdiendo nuestra sanidad y con ella uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar Un estudio del British Medical Journal demostraba que por cada 80 euros por persona y año de recorte en prestaciones sociales aumenta un 1% la mortalidad.