Puesto que la carga relativa al coste de la ejecución subsidiaria del derribo de la fábrica se anotó después de que fuera vendida, es obvio que el comprador puede alegar su buena fe, al haber comprado la parcela libre de cargas. Y, por lo tanto, para IUC, también es obvio que el Ayuntamiento ha perdido el dinero que supone el coste del derribo.
Asimismo, el grupo de gobierno ha respondido a IUC, en relación al expediente sancionador contra los propietarios de la parcela de la antigua fábrica que ya caducó, que “los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de iniciar un nuevo expediente sancionador, dado que el inmueble ha cambiado de titular y se desconoce con certeza quién es el actual propietario”, así como “las fechas de traspaso de titular, el tiempo transcurrido, etc.”