La LOMCE, también llamada ley Wert, fue impuesta sin debate ni consenso por el gobierno estatal del PP a espaldas de toda la ciudadanía
{mosimage}{mosimage}Entrevista a Gerardo Rodríguez
SB-Noticias.- Dicha Ley, en caso de prolongar su implantación, conllevará, entre otros, segregación y una carrera de obstáculos para el aprendizaje y la titulación del alumnado, privatización de la educación pública y empeoramiento drástico de las condiciones laborales y profesionales del profesorado.
En el primer año de aplicación de la LOMCE, algunas comunidades autónomas no gobernadas por el PP implementaron algunas medidas para “amortiguar” el impacto negativo de su aplicación. Tras el cambio del mapa electoral en las elecciones del pasado 24 de mayo, solo son una minoría las comunidades autónomas que estarán gobernadas por dicho partido. El rechazo de los nuevos gobiernos autónomos a la LOMCE se ha agudizado y ha adquirido mayor fuerza.
Actualmente, la mayoría de los gobiernos están reclamando una conferencia sectorial para acordar la paralización de la LOMCE. Ha quedado claro que la LOMCE no tendrá mayor recorrido. Sin embargo, si no se paraliza su aplicación, provocará un inicio de curso 2015/16 con graves perjuicios tanto para el alumnado como para el profesorado: baile de materias con cargas horarias menores o sin carga horaria, diferenciación de la materia de matemáticas para el alumnado de 3º de la ESO, previsiones de reválidas para 6º de Primaria, implantación de toda la Formación Profesional Básica, traslados y movilidad para docentes, etc.
En Aragón han aprobado el PSOE, Podemos, CHA e IU la paralización de la LOMCE en esta comunidad. Frente a la política impositiva del PP y atendiendo a todas las encuestas que confirman la pérdida de la mayoría por dicha organización política, solo cabe evitar los daños que conllevan la continuidad de la LOMCE en los centros educativos públicos.
El STEC-IC le reclama al nuevo Gobierno de Canarias que siga el ejemplo de Aragón y de otras comunidades que han anunciado la paralización de esta normativa. Es el momento de demostrar la apuesta por una Ley de Educación consensuada y de defensa del carácter público, democrático y de calidad de la Educación. No es de recibo hipotecar el presente y el futuro del sistema educativo.