Arcila: “Se da un paso más para destapar los manejos de la multinacional”
{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
SB-Noticias.- La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado una auditoría de las cuentas de la empresa de aguas de la capital tinerfeña, Emmasa, “al objeto de determinar el perjuicio real sufrido” por esta sociedad en manos de la multinacional Sacyr-Vallehermoso.
La denuncia, presentada por los concejales de Sí se puede en Santa Cruz Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías ante la Fiscalía Anticorrupción, se basó, entre otros argumentos, en los daños económicos que está suponiendo para Emmasa la subcontratación de servicios, lo cual está derivando beneficios desorbitados hacia las empresas subcontratadas, que además son de la propia multinacional, en perjuicio de Emmasa. Sacyr-Vallehermoso ha subcontratado servicios esenciales, algo que estaba expresamente prohibido en el pliego de condiciones del contrato.
Este extremo ya quedó demostrado en la auditoría encargada por el Ayuntamiento y entregada a los grupos políticos en verano del año pasado. En este informe se detectaron pérdidas en Emmasa del orden de siete millones de euros, aunque Sí se puede cifra estas en más del doble conforme a documentos de la propia empresa. Ahora, con la orden dada por la jueza, Arcila afirma que “se da un paso más para destapar los manejos de Sacyr-Vallehermoso, pues es evidente que la nueva auditoría arrojará resultados igualmente alarmantes”.
En este sentido, el concejal ecosocialista añade que su organización está en condiciones de entregarle al auditor judicial una importante cantidad de datos de los que no dispusieron los auditores que informaron el año pasado al Ayuntamiento, pues estos no fueron entregados por Sacyr-Vallehermoso ni por el propio Consistorio. Tal información puede ser de gran utilidad para la labor de la justicia y llevaría a obtener conclusiones más contundentes.
Incumplimientos
Arcila y Frías denunciaron a Sacyr-Vallehermoso el 24 de junio del año pasado por un presunto delito societario cometido en relación con el perjuicio económico que le está causando a Emmasa la gestión de la multinacional. Los presuntos actos delictivos van desde la subcontratación de servicios esenciales, explícitamente prohibida en el pliego de condiciones del contrato, hasta el incumplimiento de inversiones millonarias a las que la empresa está obligada, además del pago de indemnizaciones de ejecutivos, lo que está ocasionando una descapitalización paulatina de Emmasa en beneficio de la multinacional.