Fernández Arcila cobró al ayuntamiento de Granadilla por un Informe que transcribe en un párrafo un artículo de la Ley de ordenación del territorio

Fernández Arcila fue contratado como asesor externo del Ayuntamiento, en el año 2007, por el anterior equipo de gobierno del ayuntamiento de Granadilla de Abona (constituido por un pacto entre Coalición Canaria, Partido Popular y Alternativa Si Se Puede), por un  período de 4 meses.

 El pago de 12000 euros a Fernández Arcila, no estuvo avalado por ningún funcionario municipal, llevándose a cabo, exclusivamente, en base a un certificado del propio asesor de SSp, Fuarros, también imputado en la citada causa penal, en el que expresó: " Se han presentado los informes pertinentes que se solicitaron por lo que se insta al área de intervención a que se realice el pago a la mayor brevedad".
   
Arcila, que siempre ha dicho haber elaborado los mencionados informes, hizo entrega recientemente al Juzgado de una serie de documentación  entre la que figuran los supuestos “informes”.

Sin perjuicio del procedimiento penal, llama la atención un "informe"  fechado el 3 de octubre de 2007, y que consiste exclusivamente en la mera la transcripción del artículo 167 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio  y que ocupa un párrafo de seis líneas.

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